La respuesta puramente represiva únicamente conduce a una separación cada vez mayor de los ciudadanos de la “nacionalidad” de los del resto del Estado y a dificultar, cuando no imposibilitar, cualquier solución en el futuro

El Gobierno de la nación únicamente se ha planteado el coste que puede tener la celebración de un referéndum en Cataluña, independientemente de que se tratara o no de un referéndum pactado. Esta es la única perspectiva que ha tomado en consideración hasta el momento y, si nos atenemos a todas sus declaraciones y actuaciones hasta la fecha, la única que piensa seguir tomando en consideración en el futuro. En su opinión, el posible coste de la celebración de un referéndum es inaceptable.
No cabe duda de que la celebración de un referéndum para que los ciudadanos de una nacionalidad o región de un Estado puedan adoptar la decisión de continuar integrados dentro de dicho Estado o de constituirse en un Estado independiente tiene costes. En España y en todas partes. El referéndum es un mal instrumento para resolver un problema de esa naturaleza, cuyo uso hay que intentar evitar siempre que sea posible. La evidencia empírica de que se dispone así lo confirma.
Pero hay lugares y momentos en que ya no es posible hacerlo, en que únicamente a través de la celebración de un referéndum se puede obtener una respuesta democrática y, por tanto, civilizada al problema de la convivencia entre ciudadanos del mismo Estado que habitan en diferentes partes del mismo y que, por las razones que sea, debaten acerca de poner fin o de mantener su integración en el Estado.
Esa es, en mi opinión, la situación en Cataluña. La destrucción de la Constitución Territorial de 1978 como consecuencia de la aprobación por el TC de la STC 31/2010 ha conducido a que se traslade del punto de llegada, que era el lugar que ocupaba el referéndum en el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía en la Constitución de 1978, al punto de partida. Los ciudadanos de Cataluña, en un muy elevado porcentaje, que alcanza el 80%, quieren ser consultados acerca de su permanencia en el Estado español o su constitución en un Estado independiente.
Cuando la demanda de celebración de un referéndum alcanza ese porcentaje, no puede no ser atendida. Es insoslayable que se produzca una negociación entre el Estado y la “nacionalidad”, cuya población se debate entre la continuidad o la independencia, a fin de que pueda celebrarse un referéndum pactado. La respuesta puramente represiva únicamente conduce a una separación cada vez mayor de los ciudadanos de la “nacionalidad” de los del resto del Estado y a dificultar, cuando no imposibilitar, cualquier solución razonable en el futuro.
Cuanto más tiempo se tarde en pactar la celebración del referéndum, peor. Puede llegar un momento en que la distancia entre los ciudadanos de la “nacionalidad” y los del resto del Estado sea tan grande, que ya no se pueda siquiera celebrar un referéndum. Si se cortan todos los vínculos que existen entre los ciudadanos que debaten sobre su independencia y los demás, ya no será posible siquiera convocar el referéndum.
Estamos avanzando muy rápidamente en esa dirección. Ángel Ossorio y Gallardo, que fue presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, se lamentó en el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932 de las ocasiones que se habían dejado pasar en el inmediato pasado para encauzar adecuadamente la integración de Cataluña en el Estado. El momento de solidaridad de Cataluña, el de la Mancomunidad.  Tal vez no habríamos tenido que pasar por donde hemos pasado ni llegar al punto en que ahora mismo nos encontramos.  Espero y deseo que no nos pase los mismo y que dentro de un tiempo no nos lamentemos por no haber aprovechado la ocasión de pactar la celebración de un referéndum, cuando todavía era posible.

JAVIER PÉREZ ROYO
VIÑETA DE JR MORA