"Cártel de pañales". Los abogados recogerán el 15% de la reclamación millonaria contra el grupo de ocho empresas que durante 18 años hincharon el precio de los absorbentes para adultos hasta el doble. Esta es una de aquellas noticias que son muy serias y que, en cambio, pasan casi desapercibidas por los medios. Silvia R. Pontevedra la ha recuperado para El País.

La Xunta de Galicia pagará una factura millonaria al despacho de abogados que consiga recuperar el coste extra de los miles de calcetas absorbentes para la incontinencia severa de adultos que el Servicio de Salud Gallego (Sergas) adquirió durante 18 años. El caso de los precios hinchados del que se denomina el "cártel de los pañales" recae ahora en las comunidades autónomas, dispuestas a presentar una compensación por los daños y recuperar los millones de euros más que pagaron a ocho empresas ya condenadas. A través del Portal de Contratos Públicos de Galicia y con fecha de martes de esta semana, Sergas publica la licitación para la defensa legal, que se puede aplicar a abogados con al menos una década de experiencia y en litigios por infracciones de la legislación de la competencia. El valor estimado de la licitación, basado en el dinero que la Xunta espera recuperar, es de 6.052.720,30 sin IVA. Una cantidad todavía abierta, pendiente de la auditoría para determinar cuánto se ha pagado de más.

En un comunicado, la Xunta recordará que, el 2016, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) impondrá sanciones de 128 millones de euros a las nuevas empresas que fabriquen e importen estos pañales, la Federación Española de Empresas de Tecnología de la Salud (Fenin) y su gente "por su participación en prácticas que restricteixen la competencia". Según la acreditación de la resolución, las empresas de la prisión acordarán un precio de absorción financiera por paciente adulto que "resultará ser el doble del precio obtenido a través de los concursos públicos de las diferentes comunidades autónomas".

"La gravedad de las conductas sancionadas y la cantidad significativa del sobreprecio pagado por la salud necesaria que el Servicio de Salud gallego alega como causas para las empresas que participan en el delito", defiende de la Administración gallega después de que el gobierno autónomo aproveche el inicio de la batalla legal de su suya. Hasta 14 comunidades autónomas ya han emprendido o planean iniciar sus demandas en que exigirán un valor conjunto de unos 1.750 millones a los fabricantes de pañales que han aumentado sus precios de manera ilegal. El trabajo por delante es pesada, porque mucha documentación no está digitalizada y porque en muchos casos las auditorías obligan a contratar expertos e inspectores especializados.

Para anunciar la licitación por el servicio legal, el plazo para presentar propuestas finaliza la noche del 8 de octubre, Sergas estudiará la información interna disponible y concluirá que "el peso mínimo acreditado e identificable con las empresas, entre 2004 y 2014, será un total de 140,8 millones de euros".

Pero en el periodo anterior, desde 1996, "actualmente hay una estimación de 153 millones de euros de peso con todos los miembros del cártel", a pesar de que Xunta no dispone de "desglose por empresas" para esta etapa. La estimación final del gasto "tiene que ser especificada y determinada mediante pruebas periciales" que "forma parte del objeto de este contrato", aclara el Gobierno de Alfonso Rueda.

Además de los propios cálculos, Sergas encargará un análisis preliminar a economistas de la Universidad de Santiago (USC) para hacer "una estimación de los daños." El estudio planteó varias hipótesis, con variables como la duración del fraude y la sobrevaloración, pero se cree que la cantidad defraudada se acerca a los 50 millones.