Este caso de los jueces ha puesto al descubierto muchos aspectos de golpe: Determinados marcos mentales, los límites de la miseria humana pero sobre todo la falta de parcialidad de la columna vertebral de la justicia española que nuevamente se revela antes española que justicia. Ah, y no olvidemos las perturbadoras faltas de ortografía que también son muy indicativas.
Pero vaya, seguramente a estas alturas ya habréis leído muchos análisis sobre estas cuestiones y su trascendencia. Ahora prefiero estirar otro hilo que hace tiempo que me preocupa y que el caso del chat judicial viene muy al caso. Es sobre qué representatividad se asigna a determinados portavoces de colectivos y cómo, cuando interesa, tienen más o menos ascendencia y relevancia.
A esta disparidad ha contribuido mucho las redes sociales donde a un tuit proveniente de quién sabe qué bot se le da la misma importancia que, por ejemplo, el del presidente de Òmnium que tras él tiene 125.000 afiliados. Hablo de cuando, para poner muestras recientes, se le asigna a un tuitero o columnista la capacidad de representar todo el independentismo. Pasó, por ejemplo, cuando se intentó hacer ver que todo el independentismo le llamaba facha a Joan Manuel Serrat. Y rascando un poco se pudo comprobar (aún ahora) que había cientos de tuits criticando que se le dijera facha al cantautor mientras que los que realmente la insultaban se podían contar con los dedos de la mano, - tres exactamente - Como demostró con su investigación Juan Soto Ivars.
Sucedió lo mismo con lo que a Oriol Junqueras "le piden un Nüremberg catalán por haber traicionado" no sé qué. ¡Venga ya!. De manera totalmente sesgada se convierte a tres tuiteros en los portavoces de todo un movimiento. Es una uniformización que, normalmente, sirve para desprestigiar el conjunto.
Por el contrario, durante años y años, ha habido planteamientos que seguramente con la intención más fraternal del mundo - intentaban disociar la voz del presidente español con la de todo el Estado. Entonces no se podía generalizar.
Si Rajoy se oponía a un referéndum de autodeterminación, no se podía decir que España se oponía a un referéndum de autodeterminación. Si quien se oponía era el Tribunal Constitucional, tampoco se podía atribuir a España. Lo mismo con el Congreso. Y ahora que también se opone el nuevo gobierno español, aunque no se debe poder decir que España se opone al referéndum de autodeterminación aunque haya un pleno institucional en esta oposición.
Ahora, con el caso de los jueces, estas mismas voces (que intentan trasladar seguramente con buena fe- una imagen no uniformista que es España quien impide votar) han salido a defender que las cosas que hemos leído no son representativas de todos los magistrados españoles. Tal es así, pero también es cierto que la plataforma donde se han leído los mensajes es una intranet de titularidad pública. Nada menos que una herramienta de uno de los tres poderes del estado, el judicial. Si este intercambio de opiniones hubiera pasado en un foro privado el escándalo habría sido menor. Menor pero no cero porque es tanto o más importante, sus respectivos autores: son jueces.
Los jueces tienen un rango diferenciado al resto de la sociedad. Pertenecen a esta casta de aforados y lo seguirán estando mucho tiempo a pesar de los recientes intentos de reforma constitucional. Tienen la protección de autoridad pública. Si se amenaza una persona de la calle, será condenado de tres meses a tres años de prisión. Si el amenazado es juez se le aplica el agravante de atentado a la autoridad y la pena se duplica. Seguramente esto es necesario por el rol que tienen los jueces en un estado de derecho, pero es precisamente por este mismo motivo que deberían ser absolutamente escrupulosos (equiparable al voto de silencio) con sus opiniones personales y más aún cuando estas opiniones, además de personales, son políticas. Porque es entonces, sea en España o sea donde sea, donde se cumple perfectamente lo tan poco democrático de ser juez y parte. Y además, la parte, por todo.
- JOFRE LLOMBART - elmon.cat
A esta disparidad ha contribuido mucho las redes sociales donde a un tuit proveniente de quién sabe qué bot se le da la misma importancia que, por ejemplo, el del presidente de Òmnium que tras él tiene 125.000 afiliados. Hablo de cuando, para poner muestras recientes, se le asigna a un tuitero o columnista la capacidad de representar todo el independentismo. Pasó, por ejemplo, cuando se intentó hacer ver que todo el independentismo le llamaba facha a Joan Manuel Serrat. Y rascando un poco se pudo comprobar (aún ahora) que había cientos de tuits criticando que se le dijera facha al cantautor mientras que los que realmente la insultaban se podían contar con los dedos de la mano, - tres exactamente - Como demostró con su investigación Juan Soto Ivars.
Sucedió lo mismo con lo que a Oriol Junqueras "le piden un Nüremberg catalán por haber traicionado" no sé qué. ¡Venga ya!. De manera totalmente sesgada se convierte a tres tuiteros en los portavoces de todo un movimiento. Es una uniformización que, normalmente, sirve para desprestigiar el conjunto.
Por el contrario, durante años y años, ha habido planteamientos que seguramente con la intención más fraternal del mundo - intentaban disociar la voz del presidente español con la de todo el Estado. Entonces no se podía generalizar.
Si Rajoy se oponía a un referéndum de autodeterminación, no se podía decir que España se oponía a un referéndum de autodeterminación. Si quien se oponía era el Tribunal Constitucional, tampoco se podía atribuir a España. Lo mismo con el Congreso. Y ahora que también se opone el nuevo gobierno español, aunque no se debe poder decir que España se opone al referéndum de autodeterminación aunque haya un pleno institucional en esta oposición.
Ahora, con el caso de los jueces, estas mismas voces (que intentan trasladar seguramente con buena fe- una imagen no uniformista que es España quien impide votar) han salido a defender que las cosas que hemos leído no son representativas de todos los magistrados españoles. Tal es así, pero también es cierto que la plataforma donde se han leído los mensajes es una intranet de titularidad pública. Nada menos que una herramienta de uno de los tres poderes del estado, el judicial. Si este intercambio de opiniones hubiera pasado en un foro privado el escándalo habría sido menor. Menor pero no cero porque es tanto o más importante, sus respectivos autores: son jueces.
Los jueces tienen un rango diferenciado al resto de la sociedad. Pertenecen a esta casta de aforados y lo seguirán estando mucho tiempo a pesar de los recientes intentos de reforma constitucional. Tienen la protección de autoridad pública. Si se amenaza una persona de la calle, será condenado de tres meses a tres años de prisión. Si el amenazado es juez se le aplica el agravante de atentado a la autoridad y la pena se duplica. Seguramente esto es necesario por el rol que tienen los jueces en un estado de derecho, pero es precisamente por este mismo motivo que deberían ser absolutamente escrupulosos (equiparable al voto de silencio) con sus opiniones personales y más aún cuando estas opiniones, además de personales, son políticas. Porque es entonces, sea en España o sea donde sea, donde se cumple perfectamente lo tan poco democrático de ser juez y parte. Y además, la parte, por todo.
- JOFRE LLOMBART - elmon.cat
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