EL CASO PRAIRIELAND

 Daniel "Des" Sánchez Estrada es un tatuador que ha sido condenado injustamente a 30 años de cárcel en Estados Unidos por transportar en su coche una caja de fanzines anarquistas. "Des" se encuentra actualmente en prisión porque la administración de Trump afirma que imprimir, leer o poseer determinada literatura constituye una prueba de un delito de apoyo al terrorismo.

Para muchos, esta condena supone un ataque federal a la libertad de disidencia y una grave amenaza a la libertad de expresión. Esto es en lo que se ha convertido "la tierra de las oportunidades" y ese paraíso de las libertades que defienden los liberaloides. Para que luego hablen de que aquí vivimos en una "dictadura".

Según el relato del proceso que se puede consultar en "Free Des", una plataforma de apoyo del dibujante que está recaudando fondos para su defensa, el 23 de junio, el juez Reed O’Connor, nombrado por George W. Bush para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, condenó al artista inmigrante Daniel "Des" Sánchez Estrada a 30 años de prisión federal por poseer y transportar una caja de fanzines —folletos de carácter político—.

Su caso, conocido informalmente como "Prairieland", ha suscitado un escepticismo extremo por parte de organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Fundación para la Libertad de Prensa y el Gremio Nacional de Abogados, y forma parte de un número creciente de casos en los que los fiscales federales señalan la posesión de materiales protegidos por la Primera Enmienda como pruebas de delitos de apoyo al terrorismo.

En su intervención en la sala antes de que se dictara la sentencia, Sánchez Estrada declaró: «He trabajado muy duro cada día en este país, y creo en los derechos humanos y en ayudar a quienes lo necesitan. Dono dinero y obras de arte para ayudar a los animales y a otras personas… Soy padre, soy marido, soy profesor, soy poeta… Soy muchas cosas, Su Señoría, pero no soy un terrorista».

Al dictar sentencia contra Sánchez Estrada, el juez O’Connor desestimó las mociones de absolución o de nuevo juicio presentadas por el abogado de oficio de Sánchez Estrada, Christopher J. Weinbel, en las que se ponía de relieve que la Fiscalía no había logrado identificar en qué medida la documentación en cuestión constituía prueba ni demostrara que Sánchez Estrada tuviera la intención de ocultarla. En la moción rechazada, Weinbel señaló claramente que los fiscales «se basaron exclusivamente en inferencias y especulaciones sin fundamento, que el Fifth Circuit (Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos) y uno de los 13 tribunales de apelación federales en el sistema judicial estadounidense, rechaza sistemáticamente como prueba. Las propias declaraciones del Gobierno ponen de manifiesto que se desconocía el objeto del delito, lo que llevó al jurado a especular sobre qué constituía la supuesta prueba».

En respuesta a la sentencia dictada contra Sánchez Estrada, la abogada Moira Meltzer-Cohen, que representa a personas detenidas en el marco de actividades amparadas por la Primera Enmienda, afirmó: "Todo este proceso judicial ha estado calculado para poner a prueba la capacidad del Estado para sofocar la disidencia". Pero el camino a seguir no es el silencio, sino la solidaridad valiente con quienes están siendo castigados por sus creencias, asociaciones y actividades protegidas. Y por muy devastador que haya sido esto para los afectados, creo firmemente que sus derechos serán reivindicados en el proceso posterior a la condena».

Otros siete coacusados del caso Prairieland también recibieron condenas, que oscilan entre los 50 y los 70 años de prisión federal. Una de ellas fue la esposa de Sánchez Estrada, Maricela Rueda, que recibió una sentencia asombrosa de 70 años, lo que agravó la situación de su familia y dejó a su hija adolescente al cuidado de familiares. Según observadores del juicio, el juez O’Conner reconoció la agenda política del tribunal al dictar penas máximas para "enviar un mensaje a cualquiera que comparta una ideología similar".

Sánchez Estrada, un artista de 39 años, fue declarado culpable el 13 de marzo de 2026, junto con otras ocho personas, todas ahora condenadas a penas de hasta 70 años de cárcel, que participaron en una protesta contra el ICE en el polémico centro de detención del ICE "Prairieland" de Alvarado.

Al amparo del "Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.º 7", promulgado el 25 de septiembre tras el asesinato del influencer nacionalista cristiano Charlie Kirk y que califica el antifascismo y la oposición al capitalismo como “terrorismo doméstico”, Sánchez Estrada fue acusado a nivel federal de "ocultación dolosa de un documento o registro" por trasladar una caja de fanzines al día siguiente de la protesta. Aunque no estuvo presente en la protesta ni tenía conocimiento de ella, los fiscales argumentaron que el contenido de los folletos constituía una prueba del apoyo material de los acusados al terrorismo, y alegaron de forma escandalosa que la decisión de trasladar la caja fue una conspiración entre Sánchez Estrada y su esposa.

Tras su detención, Sánchez Estrada, antiguo beneficiario del programa DACA y actual titular de una tarjeta de residencia, fue señalado por el ICE, su información personal fue divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y se le amenazó con la deportación. Ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones de defensa, entre ellas el Gremio Nacional de Abogados, el Centro Jurídico Abolicionista, el Centro de Recursos Jurídicos para la Inmigración, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Houston Leads y el Proyecto de Cárceles de Texas.

Tal y como ha declarado Seth Stern, director de defensa de la Freedom of the Press Foundation: "Ser culpable de poseer material impreso es un concepto fundamentalmente incompatible con una sociedad libre. No necesitamos un derecho constitucional para publicar (o poseer) únicamente lo que le gusta al Gobierno, y el material «antigubernamental» que se encontraba en la caja de fanzines de Sánchez es precisamente lo que protege la Primera Enmienda".

¿Qué transportada "Des"? - El "material Antifa" que Des transportaba en la caja incluía fanzines, ilustraciones, pegatinas y láminas de diseños para tatuajes en los que se criticaba al ICE y a la policía. La creación, distribución o transporte de ninguno de estos artículos es ilegal.

A "Des" se le acusó de hacer lo mismo que hicieron Waltine Nauta y Carlos de Oliveira cuando, supuestamente, trasladaron documentos clasificados siguiendo las órdenes de Trump, mientras este se enfrentaba a un juicio por acaparar documentos clasificados. Si el Departamento de Justicia de Trump no hubiera desestimado el caso contra Nauta y de Oliveira y hubieran sido declarados culpables, probablemente habrían enfrentado una pena de 20 años según las pautas normales de imposición de penas. Veinte años por trasladar documentos clasificados. Des, sin embargo ha recibido una condena de 30 años de prisión por unos fanzines y unos diseños de tatuajes. JR.MORA.COM

LA LIBRERIA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

Tiene 1 m², está diseñada por el premio Pritzker Álvaro Siza y solo vende una novela: 1984, de George Orwell, de ahí que se llame Librería 1984. Este fin de semana, la librería más pequeña del mundo abre sus puertas por primera vez en Oporto (Portugal). O, mejor dicho, sus ventanas, pues, como por espacio es imposible que entren los clientes, solo se atenderá por ventanilla. La Vanguardia es el primer medio en entrar, horas antes de su inauguración, junto a Francisca Pedro Pinto, jefa de marca de la librería Lello y una de las principales impulsoras de este proyecto que, si bien se situará en el edificio contiguo de la famosa y turística librería y contará con equipo compartido, funcionará de forma independiente. 

“La librería más pequeña del mundo estará junto a una de las librerías más bonitas del mundo”, asegura orgullosa Pedro Pinto mientras se coloca detrás del mostrador, para que uno pueda hacerse la idea del espacio. “¿Y por qué esta obra es la elegida?, se preguntará más de uno. Pues porque esta novela nos dio palabras para comprender el uso de la fuerza y del poder y nos permite mantenernos alerta. De eso hace ya más de 75 años y el argumento, para sorpresa de nadie, sigue igual de vigente”.

Un contador permitirá ver cuantos 1984 van vendidos. “Siempre será el mismo libro. No se plantea en un futuro que se cambie a otra historia, pues consideramos que esta, lamentablemente, siempre va a estar vigente. Ojalá algún día no sea así”, adelanta la empresaria, a la vez que advierte que “la idea es que, una vez se lea el libro, se regale a otra persona. Que esté siempre en movimiento para que, quien no haya tenido oportunidad, pueda leer esta historia y la reflexión que hay detrás”. Quien se haga con un ejemplar, además, deberá escribir en un papel aquello que considera que nunca debería estar prohibido, ni ahora ni en un futuro. Los mensajes, todos personales, se introducirán en un buzón creado para la ocasión.

Hasta ayer, el título de librería más pequeña del mundo lo regentaba la librería Simão de Lisboa aunque, en realidad, los más puristas podrían decir que este honor pueden compartirlo ambas, pues, aunque funcionen de forma independiente, la librería 1984 puede contar con el espacio de la Lello para almacenaje. En todo caso, como Pedro Pinto asegura, “el nacimiento de una librería siempre debe ser una buena noticia”.

Mensaje que todo comprador deberá rellenar tras comprar un ejemplar de '1984' LV

Para quienes están detrás tanto de la Lello como de esta nueva librería, “la protección de las palabras” es algo “prioritario”. Y no solo lo demuestran con este diminuto local, sino que, también, con la nueva ala de la librería Lello, estrenada esta semana con motivo de su 120 aniversario y con la que casi alcanza los 1000 m², facilitando el flujo de turistas. Este año allí se acoge una instalación A4 del activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei, residente en Portugal. “Le propusimos el reto de pensar en el libro como fuente de memoria y circulación de ideas. Él pensó en el formato A4, un tamaño universal, presente en nuestras escuelas, hogares y lugares de trabajo. Partió de esta idea para reflexionar sobre la idea de una página en blanco, donde todo puede suceder”.

Otro proyecto relacionado es la nueva biblioteca que la cantante Dua Lipa inaugura en el auditorio de Lello, abierto esta semana, y que dedica a libros censurados en el mundo y a voces críticas. Esta será la primera sede física de Service95, la plataforma cultural creada por la artista, y reunirá cerca de un centenar de títulos. La vocalista explicó a la prensa que la colección incluye “cien libros que plantean preguntas, o que han sido cuestionados”, entre ellos obras prohibidas en algunos distritos escolares por abordar cuestiones de raza o sexualidad, libros dirigidos al público LGTBQIA+ cuya exhibición ha sido restringida y títulos cuyos autores “han pagado con su vida por sus palabras”. Lara Gómez Fuiz en a Vanguardia.

LA IA CONTRATA FILOSOFIA

 Hace diez años, cuando la revolución de la inteligencia artificial empezaba a acelerarse, a los estudiantes de artes y humanidades se les decía que, si querían ser empleables, debían aprender a programar. Puede que aquel consejo no fuera acertado. Ahora son los propios programadores quienes temen que la inteligencia artificial les quite el trabajo.

Podrían plantearse aprender a filosofar. A principios de este año, la Reserva Federal de Nueva York publicó datos que muestran que los licenciados en Filosofía en Estados Unidos tienen más probabilidades de trabajar que quienes estudiaron Informática. En 2024, el año más reciente del que hay cifras disponibles, el 7% de quienes habían estudiado informática estaban en paro, frente al 5,1% de los filósofos.

Muchos están siendo captadas por las propias empresas de inteligencia artificial. Los estudiantes reciben ofertas de trabajo antes incluso de terminar la carrera, afirma Luciano Floridi, filósofo en la Universidad de Yale. También los académicos se están marchando. Floridi califica la salida masiva de los departamentos de filosofía como una “hemorragia”.

Algunas de las lecciones que la filosofía puede ofrecer a los investigadores de IA son ancestrales. El método socrático, tal y como lo describió Platón, filósofo griego de la Antigüedad, emplea la ignorancia fingida y el cuestionamiento secuencial para aclarar significados, detectar contradicciones y descubrir implicaciones. Muchos sistemas actuales de IA tienden a ser aduladores. Según Jörg Noller, experto en filosofía e inteligencia artificial de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, los modelos entrenados con el método socrático tienen menos tendencia a complacer y muestran una mayor disposición a buscar la verdad.

Las lecciones de filosofía son un mecanismo muy potente para mejorar los largos procesos de razonamiento de la IA

Luego está la idea de la “ignorancia socrática”. En la “Apología”, Platón hace que Sócrates afirme que su sabiduría consiste principalmente en ser consciente de cuánto ignora. Inculcar esa humildad en un modelo puede ayudar a limitar el exceso de confianza, un defecto común que Noller describe como “inmadurez de la IA”. Iason Gabriel, filósofo sénior en Google DeepMind, un laboratorio de inteligencia artificial con sede en Londres, atribuye el descenso generalizado de las alucinaciones en el sector a este tipo de esfuerzos. En términos más amplios, afirma que las lecciones de filosofía son “un mecanismo muy potente” para mejorar los largos procesos de razonamiento de la inteligencia artificial conocidos como “cadenas de pensamiento”.

La formación filosófica también puede influir en la perspectiva de un modelo de manera más concreta. Si a un asistente jurídico de IA se le alimenta con los escritos de John Locke, afirma Powers, filósofo de la tecnología en la Universidad de Delaware, tenderá a favorecer unos sólidos derechos de propiedad como base de la libertad política. Y si estos principios no convencen, los desarrolladores de modelos también pueden ofrecer alternativas. La serie de modelos “Granite” de IBM, la multinacional estadounidense de informática, incluye controles que permiten a sus clientes empresariales adaptar mejor las respuestas a sus propias filosofías corporativas. Rossi, responsable de IA en IBM, afirma que esto permite a los usuarios decidir dónde situar el equilibrio entre dilemas filosóficos, como la autonomía individual frente a la armonía social.

La filosofía también puede ayudar en cuestiones de seguridad. Los investigadores han documentado todo tipo de conductas preocupantes en los modelos de IA, incluyendo intentos de eludir la supervisión e incluso chantajes a los usuarios. Una de las formas en que los creadores de modelos intentan desalentar este tipo de comportamientos es mediante el denominado constitucionalismo de la IA. Esto consiste en construir el modelo en torno a una estructura de reglas y principios extraídos de textos filosóficos con autoridad legal o moral.

Anthropic, un laboratorio de inteligencia artificial con sede en San Francisco, es uno de los defensores de esta idea. Las constituciones para sus modelos Claude han incorporado material de fuentes tan diversas como Kant, las condiciones de servicio de Apple o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La última versión, dirigida por la principal filósofa de Anthropic, Amanda Askell, se publicó el 21 de enero. Algunos empleados de Anthropic han apodado a la constitución de 78 páginas el “documento del alma” de Claude.

La mayor incógnita, sin embargo, es qué tipo de normas deberían incluirse en esas constituciones en primer lugar. Los filósofos han centrado su atención en dos grandes marcos éticos. Uno de ellos es la deontología. Popularizada por Kant, entre otros, impone reglas estrictas que prohíben acciones como mentir, coaccionar o tratar a las personas como un medio y no como un fin, incluso si es por un bien mayor. La constitución de Anthropic incorpora muchas restricciones deontológicas. Estas pueden hacer que el comportamiento de la IA sea más coherente, afirma la doctora Powers, lo que supone una ventaja a la hora de desplegar robots en hogares y espacios públicos.

Los modelos con un enfoque deontológico presentan otras ventajas. Una de ellas es una mayor honestidad, un rasgo ampliamente reconocido en Claude. Los modelos que son más veraces, según Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, tienen menos probabilidades de inducir a error a sus usuarios. Inflection AI, otro laboratorio de Silicon Valley, impone restricciones deontológicas a su chatbot Pi, que está diseñado para ofrecer apoyo emocional. White, su director, afirma que Pi es eficaz a la hora de detectar usuarios en riesgo de hacerse daño a sí mismos o a otros. Las constituciones deontológicas también facilitan el cumplimiento legal, según Floridi.

El otro enfoque ético que interesa a los filósofos de la inteligencia artificial se llama consecuencialismo. Consiste en sopesar los costes frente a los beneficios para decidir qué hacer. Algunos modelos más afines al consecuencialismo incluyen ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google. Los modelos de inteligencia artificial de Google están diseñados para generar “beneficios generales probables [que] superen sustancialmente los riesgos previsibles”, un objetivo clásico del consecuencialismo.

Los algoritmos consecuencialistas también son fundamentales en el software de los vehículos autónomos: si un accidente es inevitable, hay que decidir cuál es la forma menos trágica de colisionar. Gerdes, ingeniero sénior en Waymo, empresa que fabrica coches autónomos, afirma que la tendencia es hacer que el software de conducción sea cada vez más consecuencialista. El consecuencialismo también es clave en los sistemas de armas con inteligencia artificial. Los objetivos militares deben sopesarse frente a las posibles muertes de civiles, señala Shanahan, antiguo responsable del Joint Artificial Intelligence Centre, que investiga la inteligencia artificial para las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Abundan los problemas espinosos, el tipo de cuestiones favorito de los filósofos. ¿Existen situaciones en las que deberían ignorarse las normas deontológicas? ¿Cómo se debe decidir cuando las consecuencias no están claras? ¿Deberían los sistemas de inteligencia artificial tener en cuenta el bienestar animal o el estado del medio ambiente? Heck, filósofo y director de Nauto, empresa que desarrolla sistemas de seguridad para camiones y otros vehículos comerciales basados en inteligencia artificial, se pregunta si sería moralmente aceptable priorizar a los peatones jóvenes frente a los mayores. Predice que surgirán demandas judiciales cargadas de dilemas éticos, ya que, al fin y al cabo, los algoritmos consecuencialistas permiten explícitamente causar un daño si está pensado para evitar otro mayor.

Algunos críticos expresan su preocupación por la “descalificación moral”: si las máquinas toman cada vez más decisiones éticas, ¿podría ocurrir que las personas estén menos dispuestas a juzgar por sí mismas? Roman Yampolskiy, teórico de la inteligencia artificial en la Universidad de Louisville, sostiene que la moralidad “es históricamente inestable, culturalmente variable, susceptible de manipulación estratégica y, a menudo, sólo comprensible con perspectiva”. Los programadores en paro deberían tomar nota: parece que no faltará trabajo para los filósofos de la IA.

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DE CRITICAR A LOS JUECES

 Si un ciudadano o un colectivo dice públicamente que una resolución judicial es un disparate, no solo no infringe ninguna ley, sino que ejerce su derecho a la libertad de expresión y refuerza el sistema jurídico. José María Calero Martínez, abogado y fiscal en excedencia.

El ejercicio de cualquier poder público debe estar sometido a crítica por principio. En otro caso, pronto incurrirá en exceso. Es una ley de la física del comportamiento humano que aparece contrastada por la experiencia diaria en cualquier colectivo, desde el más simple, de dos elementos, la pareja, hasta el más complejo, 49,7 millones de habitantes censados en España, según la última estimación. La historia de la humanidad acredita que toda forma de poder tiende a expandirse. Es imprescindible el establecimiento de eficaces controles. Tanto más desarrollado y culto es un pueblo cuanto mejores y más eficaces medios de control del poder en todas sus expresiones aparezca integrado en la educación y los hábitos de sus ciudadanos.

Habría que empezar con una aclaración cada día más necesaria:” los jueces”, como colectivo, no constituyen un poder legítimo del Estado en ningún ordenamiento jurídico del mundo moderno. Desde que el rey absoluto perdió la potestad de juzgar y de dictar leyes, conforme a un modelo de control conocido como el principio de separación de poderes, el poder judicial fue atribuido y corresponde ejercer a cada juez, sobre cada litigio del que resulta competente para conocer. Eso es lo que significa que el poder judicial es un poder difuso, repartido, atribuido a cada juez. Un solo juez, uno solo, tiene poder para dejar sin efecto un acto del poder ejecutivo e incluso provocar del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Justicia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o la adecuación al derecho comunitario de una ley. Un solo juez puede cuestionar un acto del poder legislativo. Sin embargo, ningún miembro del poder ejecutivo o del poder legislativo, por sí solo, puede dictar un acto administrativo ni promulgar una ley. Porque el poder ejecutivo y el legislativo corresponden a personas integradas en órganos colectivos, un departamento, un ministerio, un gobierno o una cámara legislativa. Por idéntica razón “los jueces” como colectivo no tienen ningún poder, no son un poder del Estado; como colectivo, “los jueces” no pueden hacer nada.

La crítica al poder judicial legítimo, al que ejercen diariamente cada uno de los jueces en órganos unipersonales o en tribunales colegiados al dictar sentencia, comienza con el recurso que permite a las partes del pleito solicitar a otros jueces de rango y autoridad superior revisar la corrección de la decisión. Pero además de esa crítica interna, tiene que ser posible en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento y de expresión la crítica externa, pública, expuesta con el mayor o menor acierto, con cualquier grado de acidez o agresividad, incluyendo lo grosero, impertinente o desabrido. No solo porque es un modo de control del poder irrenunciable, sino porque la formación de la opinión pública bajo criterios de máxima vigencia de esos derechos fundamentales es el presupuesto de un sistema democrático basado en ciudadanos que votan viendo, escuchando y leyendo todas las voces, incluso las equivocadas, estrafalarias o maleducadas.

Si un ciudadano o un colectivo dice públicamente, por ejemplo, que una resolución judicial es un disparate, no solo que no menoscaba ningún principio, ni infringe ninguna ley, sino que ejerce su derecho a la libertad de expresión, controla un poder del Estado y refuerza el sistema jurídico sobre el que se sostiene nuestra convivencia en paz. Si ese ciudadano ocupa un escaño en el Parlamento, su derecho a la libertad de expresión está todavía más reforzado porque representa a los ciudadanos que le han votado y, sobre todo, pueden dejar de votarle. Si es funcionario o ejerce un cargo público, es decir, en cualquiera de sus modalidades es parte del poder ejecutivo, no por ello pierde o ve limitados sus derechos fundamentales y entre ellos, el de la libertad de pensamiento y de expresión. Incluso algunos jueces convertidos en tertulianos reclaman, con toda la razón, su libertad de pensamiento y expresión en sus intervenciones en la plaza pública de los medios de comunicación y las redes sociales.

En mi opinión, es indiscutible que todas las resoluciones judiciales pueden ser sometidas a la crítica pública, incluida la manifiestamente infundada o irrespetuosa. Como sabiamente enseña la jurisprudencia norteamericana, el ejercicio incurriendo en abuso de los derechos esenciales debe ser soportado para asegurar su vigencia efectiva.

Frente a la anterior conclusión podría aparecer la siguiente objeción: una cosa es criticar una resolución y otra criticar “a los jueces”. Y entonces entramos en otra pantalla que nos ofrece ocasión de nuevas e interesantes reflexiones.

La primera es que “los jueces” no son un poder legítimo en nuestro sistema constitucional ni en ninguno de los sistemas constitucionales modernos. Esta es la primera crítica que merecerían aquellos que se pronuncien como si fueran, o se consideraran como poder colectivo y en tal condición como un poder del Estado. Es frecuente esta profunda perversión del ejercicio de ese poder en estos días. Hemos oído expresiones como “los jueces no nos vamos a dejar intimidar” u otras similares como “¿se creen que van a poder con los jueces y la Guardia Civil?”. Esas manifiestaciones apuntan a un entendimiento personalista y equivocado de la naturaleza y los límites de su poder. El juez solo ejerce un poder legítimo en el dictado de sus sentencias, pero cuando pretende hablar como juez miembro de un poder colectivo en televisión hace un ejercicio ilegítimo y desviado de su poder. Por eso merece la crítica más simple y más severa: usted no es juez en este momento y debiera saberlo, los jueces como colectivo no son un poder legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Diga lo que quiera, pero acuérdese que lo hace como ciudadano, no como juez.

La segunda reflexión es que, como colectivo, los jueces sí son un servicio público y en ese sentido pueden someterse a crítica sobre su mejor o peor funcionamiento. Esta es otra faceta completamente distinta y merece ser diferenciada: hablamos ya de la oficina judicial, no del poder de decidir. Si a un ciudadano lo atienden mal en un juzgado y así lo manifiesta públicamente, lo que critica es un servicio público deficiente, pero no propiamente al poder judicial.

Precisamente, en este sentido del poder judicial como servicio público, cuando el juez es ya un funcionario público que sirve a la ciudadanía, tienen sentido las asociaciones profesionales que les permiten como colectivo, reclamar la mejora en sus condiciones de trabajo, de sus instalaciones, el personal auxiliar o sus retribuciones. El problema nace cuando situándose claramente fuera de este ámbito funcionarial o de servicio público, las asociaciones judiciales se erigen en portavoces, no de reclamaciones “domésticas” propias del servicio público, sino de ese “poder judicial”, incurriendo ya en el abuso consistente en la pretensión del ejercicio de un poder judicial colectivo, es decir, ilegítimo.

En España las asociaciones profesionales en general se han ocupado muy poco de las condiciones de trabajo de sus asociados, paulatinamente peores hasta llegar al estado lamentable de la actualidad. Es obligado expresar como merecida crítica a esas asociaciones, lideradas por jueces y fiscales que querían ser ministros antes que buenos jueces y fiscales, que en los últimos tiempos siguen más en el debate político que en el profesional, para desgracia de sus afiliados.

Una reflexión final. El repaso de los comunicados emitidos desde su creación en 1985 por el Consejo General del Poder Judicial, como reacción a manifestaciones críticas más o menos desacertadas o desabridas o irrespetuosas contra algún juez o tribunal, permite comprobar la recurrente referencia a la necesidad de asegurar la confianza de los ciudadanos en los jueces, como presupuesto necesario de una sociedad democrática. Mi experiencia, después de más de treinta años con la toga puesta, es que la confianza de los ciudadanos se gana o se pierde en el día a día de cada juzgado, no en la crítica, por más desafortunada y procaz que sea, propia del debate político de cada día.

Una persona muy cercana a Adolfo Suárez me contaba que, cuando su mente iba adentrándose en la pesada niebla que le fue alejando de la realidad en los últimos años, de vez en cuando parecía recobrar súbitamente una extraña lucidez. Un día le miró y le dijo “se han quedado fuera del sistema”. Cuando le preguntó a qué se refería le aclaró: <strong>“Los jueces y los periodistas se han quedado fuera del sistema, no admiten la crítica”.</strong>

CONFUNDEN UN CULTIVO DE CÁÑAMO CON MARIHUANA

 Una pareja de agricultores de Lleida reclama un millón de euros al Estado por las pérdidas derivadas de la inmovilización de una cosecha de cáñamo industrial que la policía confundió con marihuana y por la que estuvieron investigados dos años, hasta que se comprobó que las plantas no eran psicoactivas.

Anna y Albert, agricultores “de toda la vida”, fueron denunciados por los Mossos d’Esquadra en marzo de 2023, después de que la policía interceptara un paquete de 30 kilos de cáñamo que habían enviado como muestra, en una de las primeras operaciones de la sociedad que constituyeron en 2022 para comercializar ese producto, según la documentación a que ha tenido acceso EFE  a el País.es

A raíz de la denuncia de la policía catalana, un juzgado de Lleida abrió una investigación a los agricultores por un delito contra la salud pública, lo que comportó la inmovilización de todas las plantas que tenían almacenadas para su posterior comercialización hasta mayo de 2025, durante los dos años en que la causa ha estado abierta. “Nos han tratado de narcotraficantes, hemos envejecido de golpe y estamos arruinados del todo”, denuncia Anna en declaraciones a EFE, tras recordar que constituyeron legalmente una empresa para cultivar cáñamo industrial y, para ello, tramitaron todos los permisos exigidos e incluso avisaron a la policía. “¿Qué más podíamos hacer?”, lamenta.

A través de su sociedad, la pareja compró una partida de 40.000 semillas de cannabis sativa que sembraron en una finca de algo más de cuatro hectáreas de Juneda (Lleida) con los fines previstos en el objetivo social de la empresa: el cultivo de plantas para fibras textiles, el comercio al por mayor de flores y plantas y otras actividades agrícolas y comerciales vinculadas a semillas o productos vegetales. Una vez recolectada, la cosecha fue trasladada a unas naves para su secado y posterior comercialización, donde ha permanecido durante dos años inmovilizada por orden del juzgado que investigó el caso. En octubre de 2024, un informe del Instituto Nacional de Toxicología, que analizó 29 muestras de cogollos y ramas intervenidos por los Mossos d’Esquadra por encargo del juzgado, concluyó que, como máximo las plantas tenían un 0,2 % de THC (tetrahidrocannabinol -psicoativo del cannabis-) y, por lo tanto, inferior al índice de 0,3 % que exige el Tribunal Supremo para considerar el cáñamo psicoactivo. 

AHORA LAMINE YAMAL NO ES ESPAÑOL

 Mandar a alguien a tomar viento, como expresión castiza, tiene los días contados. El lenguaje evoluciona, también los tiempos, y la cuenta de X de Rodalies, en respuesta a una usuaria de tren, nos ha regalado estos días una delicia para decir lo mismo. Apúntensela: “Buenos días, para ir de Granollers a Manlleu tienes que ir hasta Sants, de allí coger el tren hasta Fabra i Puig, enlazar con el autocar hasta la Garriga y continuar el trayecto hasta Vic y volver a coger un bus hasta Manlleu”.

Una gincanada para una distancia de solo 56 kilómetros entre una y otra ciudad que hemos adoptado rápidamente. @_Jimvill_ ya la ha utilizado para darle a Universitarios Católicos, que ante la foto de Lamine Yamal postrándose de rodillas a la islámica manera para tocar con la frente el césped tras su gol a Arabia Saudí, escribió: “Recemos por la conversión de Lamine Yamal”.

La apreciación de Universitarios Católicos es lo de menos. Hay quien ha ido mucho más allá: “España es cristiana y no musulmana”, “No es español ni merece la admiración de nadie honrado”. No se habían visto picos de españolidad tan altos desde el 2019, cuando todavía resonaba el procés y Casado y Rivera competían para ver quién la tenía más grande.

“Por si no era bastante humillación jugar con un marroquí ahora tenemos que aguantar esto en la nación católica más importante del mundo, Lamine no es español y nunca lo será”, dice otro usuario. No sé, pero... el islam es la religión más practicada en Ceuta y Melilla. Quizá este usuario se las vendería.

De nada le sirve a Lamine Yamal que se grabe diciendo un “viva España” después del partido. Bueno, sí. Sirve para que haya independentistas catalanes que le nieguen su condición de catalán.

No se salva de esa islamofobia salpimentada de racismo. Pero es que claro, su compañero en la selección Marcos Llorente eso de ser español lo había puesto difícil para el resto. Reclama adhesión al seleccionador y al equipo: “Quien no sea de De la Fuente o de la selección no es español”.

Luego hay quien se enreda él solo. Una cuenta que se hace llamar Gulerismo (por fan de Arda Güler, turco y musulmán) riñe a Lamine Yamal por arrodillarse y agradecer a Alá. Revuelta, las juventudes de Vox, ven mucho más español al luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria, nacido en Georgia, que el futbolista, originario de Esplugues de Llobregat y criado en Mataró. Es que Lamine, sentimiento, hombre, sentimiento de pertenencia te falta...

Al mundo de la paradoja se suman todos aquellos que se enfrentan a los independentistas catalanes con el “qué pone en tu DNI”, mientras que para Lamine Yamal es igual lo que ponga. El “quéponeentudni” de Schrödinger.

Un momento. Parece que el futbolista da media vuelta, como aquel Rodalies en Sants para ir a Manlleu y sí, Lamine Yamal tiene trazas de españolidad. Un periodista le entrevista:

–¿Qué te da miedo?

–Mi madre y mi pareja.

Cuñadismo de camiseta imperio y palillos colgando del labio inferior que en X ven muy español. Pero es una falsa alarma.

Lamine Yamal no nos gusta cuando lleva el pelo espagueti, cuando ondea la bandera palestina, cuando reza. Porque marca todos los goles iguales, porque en las botas lleva las banderas de Guinea (de donde es su madre) y de Marruecos (de donde es su padre), porque es catalán, porque no lo es, porque es español, porque tampoco lo es. Miren, buenos días, para ir de Granollers a Manlleu tienes que ir hasta Sants.

Àlex Tort Sagués a la vanguardia. Foto de Erik S.Lesser/Ap-LaPresse

¿Y SI CUBA VOTA VOLVER A ESPAÑA?

Si yo fuese asesor en la Moncloa y quisiera hacer méritos, aconsejaría al jefe una jugada audaz, eso que llaman un win-win (no confundir con un gin fizz): proponer a Cuba la reincorporación a España, antes de que lleguen otros y se la queden. 

¿Nos llevamos bien? Sí. ¿Hicimos algo por la isla en tiempos? ¡Construir la primera línea de ferrocarril de España y la séptima del mundo (La Habana-Güines, en 1837, once años antes que la de Barcelona a Mataró). ¿Podría Cuba asociarse a la UE? ¡No iba a ser menos que Canadá!

Al jefe le hacen falta proyectos ilusionantes y la reincorporación de Cuba a España sería un gol por la escuadra. Nada de ir en plan chulo, todo conforme al derecho internacional, el derecho humanitario y el derecho romano.

Va el jefe a Cuba con su guayabera y propone a lo que queda del castrismo –¡a buenas horas quieren reformas como las de China, iniciadas en 1978!– un referéndum de asociación a España sobre los vínculos históricos, las maracas y la afición por el mestizaje. Al fin y al cabo, la población cubana solo asciende a 9,7 millones.

Audacia, presidente: es el momento de ofrecer a Cuba que se asocie a España y a la UE

Los cubanos decidirían que ya son mayorcitos y peores tutelas han tenido (EE.UU., la URSS y Venezuela, por orden de aparición). Y el jefe adelantaría a todo el mundo por la izquierda, amén de soltarle un sopapo a la oposición.

La derecha española siempre se ha lamentado del 98, tiene abuelos a los que expropiaron fincas en Cienfuegos y podría disfrutar de la jubilación en Varadero y no en Torrelodones. Para el nacionalismo catalán, sentimental como pocos, agua de mayo: resurgirían las habaneras, los indianos y la estelada (cubana, eso sí). Y los vascos, por una vez, podrían pagarse algo.

¿Quién vería con malos ojos proponer a Cuba un vínculo permanente, a lo Puerto Rico con Estados Unidos? Nos llevamos bien y, sin saberlo, nos necesitamos porque hay amor del bueno. Y si hace falta, Barcelona le restituye la calle al almirante Cervera, ídolo del mismísimo Fidel Castro y muy respetado en Cuba.

Jefe, hágame caso. O convoca elecciones o plantea lo de Cuba. Ya le veo vitoreado en La Habana y ovacionado en las Cortes...

Joaquín Luna Morales, la foto es de Ernesto Mastrascusa / Efe

EL SUEÑO DE TALEB BRAHIM

 El sueño de Taleb Brahim, ingeniero agrónomo saharaui: “Producir aquello que necesitamos nos ayudará a preservar nuestra dignidad”. En los campamentos de refugiados en Tinduf se han puesto en marcha desde 2002 más de 1.000 huertos familiares. Producen alimentos frescos y ayudan a la salud mental en un territorio donde la crisis climática golpea con dureza

Taleb Brahim, de 56 años, se mueve entre los estrechos corredores de su huerto con la soltura de quien conoce cada rincón. Arranca las malas hierbas, recoloca las tomateras, agarra una de las plantas y estruja con delicadeza sus flores con los dedos manchados de tierra. “Esto es una lechuga en flor. La dejamos crecer para que produzca semillas y así poder reproducir el cultivo”, dice sacudiéndose las simientes de las manos.

Estos serán pimientos; aquí tenemos albahaca, allí hinojo, aquello son zanahorias. Brahim enumera con orgullo la lista de cultivos que desafían al desierto. “Allí hay una planta de okra, ya se ve su fruto”, añade mientras señala al otro extremo del terreno cubierto con plásticos translúcidos al lado de su hogar en Smara, uno de los cinco campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).

Este ingeniero agrónomo saharaui ha consagrado gran parte de su vida a una misión: demostrar que incluso en uno de los entornos más extremos del planeta, la hamada argelina, es posible cultivar hortalizas. Una labor hercúlea, casi utópica, que desafía al viento, la arena, al calor asfixiante, a la falta de agua y de terreno fértil.

Su huerto podría parecerse a cualquier otro, si no fuera por los montoncitos de arena rojiza acumulados junto a los bancales. “Aquí había calabacines, pero ya he recogido la cosecha. Ahora estoy preparando el terreno para plantar nuevos cultivos. Por desgracia, al poco de sembrar, toda esta zona quedó cubierta por las tormentas de arena. Tuve que retirar la acumulada y amontonarla”, cuenta resignado.

Desde 2002, se han puesto en marcha en este desierto pedregoso entre 1.200 y 1.500 huertos familiares, como forma de “resiliencia y resistencia”, explica en una entrevista con este diario durante el festival de cine FiSahara, donde participó en una mesa redonda titulada Caminando a nuestra tierra. “Producir aquello que necesitamos nos ayudará a seguir reclamando nuestros derechos. Y también a preservar nuestra dignidad como seres humanos”, expresa convencido.

Brahim es un soñador, lo repite varias veces durante la conversación, pero también, aunque parezca contradictorio, profundamente realista. “Desde 1975 dependemos de la ayuda alimentaria internacional. Llevamos ya más de 50 años en esa situación”, resume.

“No podemos simplemente decir: ‘Bien, vamos a producir nuestros propios alimentos”, continúa. “Eso requiere mucho tiempo. Muchas familias se están beneficiando de estos proyectos, pero todavía estamos lejos de alcanzar la autosuficiencia”, resume el también director nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharahui Democrática (RASD).

Producir alimentos y cuidar la salud mental: “Tenemos varios modelos de agricultura. En mi huerto trabajo principalmente con hidroponía, acuaponía y otras técnicas similares. Pero en otros proyectos utilizo agricultura convencional, permacultura y sistemas agroecológicos”, explica. La mayoría de los huertos se encuentran en los campamentos de Dajla y El Aaiún, donde hay algo de agua subterránea. “También hay algunos en Smara, aunque en menor número. Estoy intentando desarrollar sistemas adaptados para Smara, Auserd y Bojador, ya que allí no disponen de suficiente agua”, continúa.

Los huertos no utilizan fertilizantes químicos: “Son perjudiciales y, además, son muy caros. No podemos permitírnoslos”. “La mayoría de los pesticidas que empleamos actualmente provienen del patrimonio y los conocimientos tradicionales saharauis”, relata. “Hemos utilizado distintas plantas y otros productos para tratar infecciones o proteger muebles y otros objetos de los insectos. Ahora usamos esas preparaciones en nuestros huertos. Además, cultivamos especies con propiedades repelentes naturales o cuyo olor resulta desagradable para los insectos”, añade.

Los comienzos no fueron fáciles. El principal desafío no era técnico, recuerda, sino cultural. “Para trabajar con la gente hay que cambiar mentalidades”, explica. “Cuando empecé a trabajar con familias en 2002, mucha gente creía que era una idea descabellada. Decían: ‘Eso no se puede hacer. Nosotros no somos gente que cultive plantas. Somos nómadas y solo sabemos pastorear nuestros animales’. Pero ahora, 24 años después, tenemos más de 1.000 huertos repartidos por los distintos campamentos. Ya no se debate si podemos cultivar o no”, cuenta. “La cuestión ahora es cómo resolver los problemas que tienen esos huertos y hacerlos más productivos”.

Además de producir alimentos, los huertos cumplen otra función para los refugiados saharauis, instalados desde hace 50 años en los campamentos de Tinduf después de abandonar el Sáhara Occidental tras la ocupación marroquí del territorio. “Es bueno para la salud mental. Estás atrapado en un lugar como este, donde solo ves el color marrón y hueles el polvo, pero cuando sales al jardín ves colores diferentes y tienes plantas aromáticas, por lo que puedes oler la menta e incluso escuchas el murmullo del agua regresando desde los bancales hasta el depósito”, detalla.

Uno de sus últimos proyectos son las cúpulas verdes. “Es una combinación de hidroponía, acuaponía y una cubierta vegetal que rodea la estructura, actúa como cortavientos y proporciona sombra. Además, son plantas de hoja caduca y pierden sus hojas en invierno. Así la radiación solar puede penetrar en el interior y hacer que la cúpula sea más cálida. En verano, en cambio, desarrollan hojas que generan sombra, manteniendo la temperatura dentro de la cúpula más baja y aumentando la humedad. Se crea un microclima favorable dentro del huerto, lo que ayuda a producir cultivos durante todo el año”, explica.

Muchas familias se están beneficiando de estos proyectos, pero todavía estamos lejos de alcanzar la autosuficiencia

En el interior de la estructura semicircular, unas tilapias nadan en un pequeño estanque. “Peces en el desierto. Es algo extraordinario”, dice Brahim. Hay plantadas zanahorias, ajos, geranios, remolachas, lavanda, rúcula e hinojo. Incluso un limonero enano que pronto empezará a dar flores y frutos. Los primeros brotes de una planta trepadora se agarran a la estructura, alzándose poco a poco por los metales de la cúpula.

La cúpula, uno de los últimos proyectos de Taleb Brahim, en el campamento de Smara, en Tinduf, Argelia. Mònica Torres

En su huerto y en la cúpula, utiliza un sistema hidropónico, una tecnología de recirculación que permite ahorrar agua: y que no necesita mucha tierra. No es la única cúpula en Smara, donde hay un total de cinco y pronto llegarán a 10. Los resultados, de momento, han sido positivos. “Las familias participantes obtuvieron buenas cosechas este año”, explica.

Taleb Brahim persigue ahora un nuevo sueño. Su idea es instalar condensadores capaces de recoger la humedad del aire y transformarla en agua para alimentar el depósito de su huerto. “Quizá algún día no necesite traer agua desde fuera”, afirma. “Es un sueño. No sé cuándo lo alcanzaré, pero estoy convencido de que algún día lo lograré. Y si no llego a verlo hecho realidad, al menos habré dejado el trabajo avanzado para los que vengan después de mí“.

Taleb Brahim, es un ingeniero saharaui que investiga cómo producir alimentos a través de huertos en condiciones extremas como las que se viven en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), en una foto tomada el 1 de mayo de 2026 en su huerto en Smara, por Mònica Torres. Silvia Laboreo Longás en el País,