LA DEMOCRACIA MUERE EN LA NUBE

El ciberataque sufrido por el Hospital Clínic está afectando de lleno a la normalidad en este centro hospitalario, que trabaja para recuperar el sistema informático. Por el momento, solo mantiene la actividad urgente y de hospitalización en todas las sedes del centro.

No sé si hemos sido capaces de ver la gravedad de ese ataque en el Hospital. Lo explicaré de otro modo: imaginamos que un grupo de ocho o diez malhechores entran armados hasta los dientes en el Hospital, con rehenes retenidos, mientras saquean la información de los ordenadores. El Impacto habría sido brutal, casi como el del asalto al Banco Central. De hecho, todos los días hay asaltos a los Bancos como el del Central, la agencia catalana de Ciberseguridad informa que la Generalitat sufrió 1.700 millones de ataques en el 2022, de los 2000 consiguieron crear incidentes en el funcionamiento de la administración. Sin embargo, tampoco damos la importancia que tendría si estos ataques fueran físicos. Y aquí es donde deberíamos empezar a replantear nuestra actitud con el contacto con el mundo digital. Vigilar las contraseñas, no abrir ningún correo ni mensaje sospechoso. Lo que decía Fuster: alguien nos quiere engañar, esto es la mentira, deberíamos ponerlo al día.

Estamos en la era del Crime as a service, explica Andreu van den Eynde en relación con el caso Pegasus, pero qué se puede aplicar en el Clínic. Hay empresas que venden programas informáticos maliciosos (malware) listos para su ejecución. La cibercriminalidad es un negocio en auge y ya no es necesario saber informática para cometer delitos. Cualquiera puede ser víctima: todos llevamos un ordenador en el bolsillo (y nuestra vida en él). El riesgo para los derechos fundamentales es mayúsculo. Como siempre, la tecnología se alinea con los intereses de los más poderosos. Empresas privadas que explotan los datos de los ciudadanos, y estados que utilizan programas-espía (spyware) para que sus agentes controlen a aquellos que consideran enemigos. Con demasiada habitualidad, entre ellos se incluye la ciudadanía organizada, activistas en derechos humanos, movimientos populares, disidencia política, etcétera. Lo hemos visto en Hungría, en Polonia, y también en España, con el caso más numeroso de víctimas de espionaje político descubierto nunca. Precisamente, el escándalo Catalangate es una muestra de las posibilidades de monitorización del Estado sobre objetivos políticos.

Es conocido que el programa espía Pegasus lo diseña y vende la empresa privada israelí NSO. También lo es que este programa sólo se vende en agencias gubernamentales. La investigación del Defensor del Pueblo español sobre el Catalangate concluyó con un informe sobre el buen trabajo de la agencia de inteligencia española, el CNI. Tenemos, por tanto, todos los actores identificados: creadores del spyware (NSO), usuarios (CNI) y víctimas. ¿Qué razón hay para que ningún juez de instrucción esté investigando efectivamente los hechos?

El sistema político es rehén de los intereses de las empresas privadas que explotan nuestros datos, y ni ellas ni el propio Estado se enfrentan a sistemas de control y rendición de cuentas efectivo. En ausencia de un verdadero contrapoder, los estados nos espían y nos espiarán. No hay ningún coste legal ni político, ni nacional ni internacional que incentive al Estado a dejar de espiarnos.

Ante esto, la ciudadanía no puede hacer otra cosa que autoprotegerse, aprender aún más tecnología y ponerla al servicio del bienestar común. Es necesario denunciar la deriva populista de nuestros gobernantes y su apartado de los estándares democráticos. Al mismo tiempo, debemos explotar los recursos del propio sistema para obtener victorias en jurisdicciones y foros internacionales de protección de derechos humanos.

La utilización de software espía como Pegasus es sólo el síntoma. "La democracia muere en la nube", como dice Josep Maria Ganyet, y España hoy en día suspende en calidad democrática. Así lo avala la opacidad que a las víctimas les dedican las instituciones que deberían protegerlas.