A las 12:30 horas del 28 de abril, una caída súbita del 60% de la generación eléctrica –equivalente a 15 gigavatios– sumió a la península ibérica en la oscuridad. Aeropuertos, trenes, metros y servicios esenciales quedaron paralizados. Las telecomunicaciones, dependientes de la electricidad, colapsaron, dejando a millones de personas incomunicadas, con problemas para realizar llamadas, enviar mensajes o acceder a internet.
Aunque Red Eléctrica y las operadoras privadas activaron planes de contingencia, la recuperación fue lenta, con estimaciones iniciales de seis a diez horas para restablecer el suministro. A pesar de los esfuerzos, la falta de claridad sobre las causas –con hipótesis que incluyen desde fallos técnicos hasta un posible ciberataque– generó incertidumbre y desconfianza. Este apagón no fue solo un incidente técnico; fue una advertencia sobre la vulnerabilidad de un sistema eléctrico y de telecomunicaciones gestionado mayoritariamente por empresas privadas.
La electricidad y las telecomunicaciones como pilares de la soberanía- La electricidad y las telecomunicaciones no son meros servicios; son la columna vertebral de cualquier sociedad moderna. Sin electricidad, la economía se detiene, los hospitales dependen de generadores de emergencia, y la seguridad pública queda comprometida. Sin telecomunicaciones, la coordinación de emergencias, el acceso a información y la comunicación entre ciudadanos se desmoronan. El apagón ha demostrado que la dependencia de operadores privados expone a la población a riesgos inaceptables.
La soberanía implica tener control sobre los recursos y servicios esenciales. Sin embargo, el sistema eléctrico español está dominado por un oligopolio de grandes empresas, mientras que la distribución de alta tensión está monopolizada. En las telecomunicaciones, operadores como Telefónica, Vodafone o Orange, aunque activaron planes de emergencia, no pudieron evitar caídas masivas de servicio debido a su dependencia de la red eléctrica. Esta estructura privatizada, fragmentada y vulnerable limita la capacidad del Estado para responder con rapidez y eficacia ante crisis.
La experiencia de otros países refuerza este argumento. En Chile, tras un mega apagón en 2024 que afectó a 19 millones de personas, legisladores impulsaron la creación de una empresa eléctrica estatal para recuperar la soberanía energética y garantizar la seguridad del suministro. España debe tomar nota: la nacionalización de la electricidad y las telecomunicaciones es una necesidad estratégica.
Seguridad nacional en riesgo - Las empresas privadas, aunque cuentan con sistemas de ciberseguridad, no tienen la capacidad ni el mandato de coordinar una defensa integral a nivel nacional, una tarea que solo el Estado puede asumir. Además, la presencia de capital extranjero en el sector eléctrico y de telecomunicaciones plantea riesgos adicionales. En un escenario de crisis geopolítica, la dependencia de empresas extranjeras podría comprometer la autonomía de España para tomar decisiones soberanas. Un Estado con control directo sobre estos sectores estaría mejor preparado para anticipar, prevenir y mitigar incidentes, ya sean ciberataques, fallos técnicos o desastres naturales.
El apagón dejó a millones de personas en una situación de vulnerabilidad extrema. Pacientes electrodependientes fueron instados a acudir a hospitales, miles quedaron atrapados en ascensores o transportes públicos, y los comercios y autónomos enfrentaron pérdidas millonarias. La falta de electricidad y comunicaciones también dificultó la coordinación de emergencias, con servicios como el 112 instando a no saturar las líneas. Este escenario pone de manifiesto que la población depende de un sistema que, en su forma actual, no garantiza su protección.
Un sistema eléctrico y de telecomunicaciones nacionalizado permitiría al Estado priorizar las necesidades reales de la población sobre el lucro. Esto incluye invertir en infraestructuras, diversificar fuentes de energía, fortalecer los nodos intermedios de telecomunicaciones y garantizar que los servicios esenciales –como hospitales, escuelas y centros de emergencia– tengan suministro ininterrumpido. Además, un modelo estatal facilitaría una comunicación transparente y coordinada con la ciudadanía, reduciendo la incertidumbre y el malestar social en momentos de crisis.
Lecciones del apagón - El apagón no debe ser visto solo como una emergencia puntual, sino como una oportunidad para repensar el modelo energético y de comunicaciones de España. La nacionalización de la electricidad y las telecomunicaciones es un reconocimiento de que ciertos servicios son demasiado críticos para estar subordinados a intereses privados. Un Estado fuerte es el único capaz de proteger a la población y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en tiempos de crisis.
Para avanzar, el Gobierno español debería considerar medidas concretas como la nacionalización del sector eléctrico a nivel estatal, asumiendo la gestión de la generación y distribución eléctrica, priorizando la seguridad. También debería considerarse la nacionalización de las telecomunicaciones clave, asegurando que las redes móviles y de datos estén bajo control público para garantizar su operatividad en emergencias. Otro elemento fundamental es revisar la dependencia extranjera, reduciendo la influencia de capital foráneo en sectores estratégicos.
El apagón ha sido un recordatorio de que la seguridad y la soberanía no pueden delegarse. España debe asumir el control de sus sectores estratégicos, asegurando que la electricidad y las telecomunicaciones estén al servicio del país. La pregunta no es si podemos permitirnos nacionalizar estos sectores, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Joaquin Castro en Periodismo alternativo.
