AQUEL VERANO DE 1977

En verano de 1977, inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas, España estaba a un paso de la suspensión de pagos. La inflación galopaba hacia el 30%. Con ese horizonte era imposible pactar una nueva constitución. El profesor Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico del gobierno formado por Adolfo Suárez después de ganar las elecciones del 15 de junio de 1977, fue el encargado de comunicarlo a la sociedad en una memorable intervención televisiva, que conviene volver a escuchar. Enric Juliana

   

El Gobierno surgido de las urnas pedía sacrificios para poder estabilizar la situación. Se firmaron los pactos de la Moncloa, básicamente impulsados por UCD y el PCE, mediante los cuales se establecía que los salarios no subirían en 1978 más allá del 22% aunque la inflación fuese superior (26,4%). Los trabajadores con empleo renunciaron a cuatro puntos de poder adquisitivo para ayudar a estabilizar la economía y allanar el camino de una nueva constitución. A cambio recibían la promesa de una carta de derechos sindicales (el futuro Estatuto de los Trabajadores) y una serie de compromisos para dinamizar la democratización del país, algunos de los cuales no se cumplieron. Los pactos de la Monlcoa incluían también el compromiso de acelerar la construcción de escuelas e institutos públicos en las áreas metropolitanas. 

La escuela pública empezaba a levantar cabeza en España. Los pactos de la Moncloa fueron la base material de la nueva Constitución. En aquellas circunstancias no se podía ir al pacto político sin pacto social. El pacto social, por lo tanto, obligaba a Suárez a una ponencia constitucional abierta. UCD no había conseguido la mayoría absoluta el 15-J de 1977. Le faltaron diez diputados, le fallaron las provincias de Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Vizcaya y Guipúzcoa. Si Suárez necesitaba consenso para estabilizar la situación económica, debía efectuar concesiones políticas, y la primera y principal de ellas era la apertura de un verdadero proceso constituyente. A partir de aquel momento, determinados sectores del aparato del Estado y del poder económico empezaron a sospechar que Suárez y UCD se verían obligados a efectuar concesiones indeseadas.La patronal CEOE, recién formada, comenzó a acusarle de llevar a cabo una política populista y de ser demasiado concesivo con los sindicatos. El primer presidente de la CEOE, el empresario catalán Carlos Ferrer Salat, fue un adversario implacable de Suárez. La banca también desconfiaba. Suárez era un personaje político al cuadrado. Reconoció al presidente de la Generalitat en el exilio y pactó el regreso de Josep Tarradellas para que encabezase un prudente gobierno de unidad en Catalunya. El regreso de Tarradellas fue uno de los momentos más audaces de la carrera política de Suárez. Recuperaba un cargo político de la Segunda República, con una fortísima significación histórica, para frenar a la izquierda catalana, que había derrotado claramente a UCD en las elecciones el 15 de junio de 1977, principalmente en la provincia de Barcelona. Prefería a Tarradellas en la plaza de Sant Jaume, que a la izquierda catalana empujando al PSOE en pos de la autonomía. 

El regreso de Tarradellas a Barcelona en medio de una gran aclamación popular, tuvo un efecto no previsto: el autonomismo ganó enteros en toda la sociedad española. Andalucía desbordó el marco. Centenares de miles de andaluces salieron a la calle para pedir autonomía por la vía rápida. El PSOE andaluz se situó al frente de la manifestación y UCD quedó descolocada. 

El referéndum andaluz por la autonomía se celebró el 28 de febrero de 1980, hoy hace 46 años. Fue el principio del fin de UCD. El autonomismo aceleraba y los militares más recelosos se sentían engañados. Consideraban que Suárez les había traicionado con la legalización del Partido Comunista y que ahora les volvía a engañar con la proliferación de procesos autonómicos. Torcuato Fernández Miranda, redactor de la ley de Reforma Política que abrió la transición, promotor del nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno en julio de 1976, comenzó a desconfiar de su pupilo. Primero calló, pero un día estalló: estaba en contra de la inclusión del término ‘nacionalidades’ en el artículo 2 de la Constitución. Auguró que esa inclusión traería serios problemas a largo plazo. Creía que se estaba yendo demasiado lejos y no votó la Constitución..