Abdul Camara, senegalés, 31 años, acepta enseñar su casa; ha tardado siete años en construirla con sus propias manos. Saca la llave y abre orgulloso la puerta. Dentro no hay nada, son cuatro paredes con un suelo de azulejos, todos distintos, que ha ido consiguiendo. Es una casa más que emerge en el gueto, así lo llaman, de Borgo Mezzanone, en el sur de Italia, cerca de Foggia, en la región de Apulia. También le llaman La Pista, pues ha crecido desde hace dos décadas junto a la pista de un aeropuerto militar en desuso de la Segunda Guerra Mundial, que es la calle principal del poblado. Es la única superficie de asfalto; el resto es un barrizal en estos días de frío y lluvia. Desmantelada ya en Francia la llamada jungla de Calais, de extranjeros que intentaban cruzar el canal de la Mancha, este es el asentamiento ilegal de inmigrantes irregulares más grande de Europa. Asegura mano de obra barata y en negro a la gran llanura agrícola de la zona, que produce el 40% de los tomates de Italia. En verano llega a tener 4.000 vecinos.
Esta comarca se llama la Capitanata, término del imperio bizantino y establecido en la Edad Media, apropiado para un lugar donde hay personas que aún viven en condiciones medievales. Como Camara, en el gueto hay vecinos de decenas de países, de casi toda África y parte de Asia, que llevan hasta 10 años sin papeles. Sin agua corriente, sin alcantarillado, con generadores y una maraña de cables que roban la luz al tendido eléctrico. Como la red salta constantemente, desde hace tres años una mitad del campo tiene luz un día; la otra mitad, al día siguiente. En un descampado hay montañas de basura. A veces, pasan camiones municipales y se la llevan. Hay tres depósitos de agua potable que se llenan cada tres días con camiones cisterna, y que se vacían en horas.
El gueto de Borgo Mezzanone es un no lugar, pero hay más vida, más coches, más tiendas y es más grande que el lugar real que está al lado, el pueblo propiamente dicho, donde viven 400 vecinos y apenas hay un bar y un supermercado. Sin embargo, oficialmente es este otro el que no existe; es un pueblo entero en negro. Chabolas que son bares, carnicerías, peluquerías, tiendas de ropa, talleres mecánicos, dos iglesias y una mezquita.
A media hora, en Rignano, hay otro gueto que llega a 2.000 personas, Torretta Antonacci, y hay más de este tipo en el sur de Italia. Son la muestra de los efectos perversos de cómo Italia gestiona la inmigración desde hace décadas, creando un submundo de trabajadores invisibles y sin derechos, abocados a la marginalidad. Mientras España acaba de anunciar la regularización de 500.000 personas, en realidad el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que no quiere más inmigrantes, obstaculiza a las ONG que los salvan en el Mediterráneo y pretende deportar a Albania a los que llegan; ha aprobado que entren en Italia exactamente las mismas, medio millón de extranjeros, entre 2026 y 2028. Pero de tapadillo, mediante el llamado decreto de flujos migratorios.
Es un sistema complejo, opaco y propenso al fraude, vigente desde hace dos décadas y con todo tipo de gobiernos, que en teoría busca una entrada ordenada de extranjeros en función de la demanda laboral. Italia necesita inmigrantes en el campo, en las fábricas, en las casas, pero prefiere mantener un sistema que hace como que no existen y garantiza que la mayoría sigan siendo invisibles. En 2024, las inspecciones de trabajo en la comarca de la Capitanata revelaron un 64% de trabajo en negro.
Esas 500.000 plazas, repartidas en tres años, se asignan como la venta de entradas de un concierto rock: hay sucesivos click day por sectores laborales, un día en el que se abre el plazo de solicitudes en un portal oficial para empresarios y particulares y se agotan. “Es un sistema que no funciona”, explica Francesco Mason, abogado especializado en inmigración y miembro de la Asociación de Estudios Jurídicos de la Inmigración (ASGI). “Políticamente, no se quiere afrontar la realidad; el Gobierno ve la inmigración no como un recurso, sino como un mal necesario; es política y humanamente inaceptable. La regularización que ha hecho España es mucho más eficaz, reconoce la realidad de inmediato, favorece la integración y beneficia al mercado de trabajo”, dice Mason.
El número de permisos de ingreso que se conceden siempre es inferior a la demanda real. Este año, por ejemplo, la cuota es de 164.000 plazas, pero en enero ya había 194.000 solicitudes previas. Además, se basa en la ficción de que un empresario conoce nombre y apellidos de un señor en Ghana al que quiere contratar. A menudo es una regularización encubierta; se contrata en Italia a quien ya vive en Italia en situación irregular, simulando que está en el extranjero. Pero en 2024 realmente solo un 7,8% de los que llegaron al final firmó un contrato y obtuvo permiso de residencia, según el último estudio del proyecto Ero Straniero, de ocho ONG y asociaciones.
El resto cae en la ilegalidad después de pisar Italia, también porque en muchos casos los inmigrantes son estafados: según los sindicatos, pagan como mínimo 6.000 euros a intermediarios y al propio empresario que les contrata para poder ir a Italia, y cuando llegan descubren que la empresa no existe. Muchos de los vecinos de Borgo Mezzanone llegaron así, aunque la mayoría lo hicieron por mar y pidieron asilo. Tras ver rechazada su petición, recibieron un papel con una orden de expulsión y desde ese día entraron en la ilegalidad. Se estima que hay entre 500.000 y un millón de extranjeros en Italia en situación irregular.
“Viven con el miedo constante de que les arresten. Es un sistema estudiado para hacerles sucumbir, para reducirlos a la esclavitud, negando sus derechos. El decreto de flujos migratorios es una gran farsa”, opina Emanuela Mitola, del sindicato USB, que presta asistencia jurídica en el gueto. A las cuatro abre su local para ayudar a los residentes a resolver papeles. Este jueves viene además un abogado y en pocos minutos ya hay medio centenar de personas esperando su turno, con documentos y fotocopias en la mano. Cada persona cuenta una historia complicadísima de burocracia y años de espera.
La ONG No Cap trabaja para combatirlo e intentar sacar del gueto a sus ocupantes, mediante contratos legales con empresas fiables. La fundó en 2017 un camerunés que ahora tiene 40 años, Yvan Sagnet. Él también acabó en uno de estos guetos de Apulia en 2011, organizó la primera huelga y propició la aprobación en 2016 de la ley contra el caporalato. “Si hubiera sabido lo que era aquello, no habría ido, como la mayoría de los inmigrantes que terminan allí. No imaginaba que en Europa existieran lugares así”, relata. Llegó a Turín en 2007 para estudiar gracias a una beca, pero se terminó en 2011 y necesitaba trabajar. Le dijeron que en Apulia había empleo y se fue para allá.
El poblado de Borgo Mezzanone no estalla y subsiste porque varias ONG y la Iglesia católica hacen lo que no hace el Estado italiano, y les facilitan los derechos que el Estado les niega: asistencia médica (una clínica móvil de Intersos desde 2018), asesoramiento legal, clases de italiano, duchas, programas de integración… Estas personas que pelean para cambiar las cosas echan muchas horas, con el móvil siempre sonando. Algunas son muy jóvenes; en las ONG hay un recambio generacional.
Todos los que conocen de cerca la inmigración dicen lo mismo: la única solución es regularizarlos, que tengan derechos y así, además, paguen impuestos y las pensiones de los italianos. Mason cree que hay una lógica “que exaspera los controles porque la narrativa dominante es que son peligrosos”, pero la Administración no tiene suficientes recursos y los propios empresarios están desesperados con la burocracia. Cada cierto tiempo, simplemente, el sistema colapsa y hay una regularización masiva. La última, de 200.000 personas, fue en 2020. - Íñigo Domínguez en el País