A finales de los años 70 el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) inició labores subversivas en esta provincia. Ante la amenaza guerrillera, el Ejército estableció un programa de adoctrinamiento de la población. 

El programa militar incluía la 'jura a la bandera', que consistía en que las personas pasaban bajo la bandera nacional y hacían un juramento de fidelidad. La guerrilla, por su lado, hacía el trabajo de penetración en las diversas comunidades localizadas al noroeste del departamento de Petén, cerca de la frontera con México. 
Bajo estas circunstancias la población civil ya no podía desarrollar sus actividades en un ambiente de paz. 

El Ejército inició un control sistemático de la población. Muchos civiles fueron acusados de pertenecer a la guerrilla y posteriormente secuestrados, algunos aparecieron con vida; otros asesinados. 

En el año 1982 se construyó el destacamento militar en la aldea Las Cruces (aledaña a Dos Erres), jurisdicción del municipio de La Libertad, y la consigna del Ejército fue: 'Si no se construye un destacamento militar, quemamos la aldea'. Los militares reunieron a los pobladores de Las Cruces y les solicitaron dinero. 

Al que no tenía, lo obligaban a vender alguna de sus pertenencias bajo amenazas de muerte. La presencia militar se mantuvo durante siete años en el destacamento de Las Cruces. Durante ese tiempo se reportaron muertes violentas y se instituyó con frecuencia el Estado de Sitio. Los habitantes estaban constantemente controlados y vigilados por comisionados militares. En ese entonces ya existían las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las cuales colaboraban con los comisionados y destacamentos militares. 

En 1982 el general José Efraín Ríos Montt tomó el poder e inició su política contrainsurgente en las comunidades donde la guerrilla, presuntamente, tenía presencia. En mayo de 1982, tres meses después del golpe de Estado que llevó al poder a Ríos Montt, los obispos guatemaltecos emitieron una declaración denunciando la muerte de 'un gran número de campesinos y familias indígenas'. 

Los obispos expresaron: '... han aparecido numerosas familias vilmente asesinadas. Ni siquiera se ha respetado la vida de ancianos, mujeres encintas y niños inocentes. Jamás en nuestra historia nacional se ha llegado a extremos tan graves'. 

Las asesinatos masivos y la total destrucción de aldeas y cosechas infundió el terror en el campo. La estrategia, descrita a menudo como la política de 'tierra arrasada' se tradujo en violaciones de derechos humanos de extrema magnitud. 

A esta política no escapó el parcelanilento Dos Erres. La noche del 6 de diciembre de 1982 un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a la aldea y sacó de sus hogares a hom bres, mujeres y niños. Los caminos fueron cerrados y todo aquel poblador que transitara por los mismos, también pasó a ser capturado. La comunidad entera fue masacrada. No se sabe con exactitud cuántas personas perecieron, pero en la exhumación, realizada entre 1994 y 1995 de un pozo de 12 metros se recuperaron 162 esqueletos, entre hombres, mujeres y niños (ver informe forense 1 y 2). 

De conformidad con testimonios que han recibido Famdegua y el Ministerio Público, hay una versión de familiares de las víctimas que señala como responsable de esta masacre al oficial militar Carlos Carías López, quien se desempeñaba como comandante del destacamento militar de la aldea Las Cruces. Los señalamientos en su contra incluyen el saqueo de la aldea, posterior a la masacre. Hay quienes, sin embargo, no logran ubicarlo dentro de los hechos. 

Se dice que la patrulla, conformada por oficiales y subinstructores kaibiles, con el apoyo de tropa local, salió de Santa Elena como a las diez de la noche, en camiones particulares, cubiertos con lonas. Los soldados iban vestidos con ropa de civil. El objetivo era que la guerrilla no los detectara y, al mismo tiempo, que la población se confundiera. 

Todos se pusieron un listón de color rojo en el brazo derecho con el objeto de no confundirse a la hora del ataque. Llegaron a la aldea a las dos de la mañana. Lo primero, sacar a la gente de sus casas. luego se procedió a torturar a los hombres. 

Un oficial violó a una niña. Ya eran las tres y media de la madrugada. A eso de las ocho de la mañana los militares dieron la orden de ejecutar a toda la población. La ejecución en sí, sin embargo, empezó a las catorce horas: un bebé de tres o cuatro meses fue lanzado vivo dentro del pozo.

Le siguieron todos los menores de edad. Los adultos todavía se encontraban encerrados en la casa que ocupaba la iglesia protestante. Entre las mujeres, había niñas de doce y trece años, algunas de ellas fueron violadas. 

A las víctimas se las paraba a la orilla del pozo, con los ojos vendados, y se les daba un garrotazo en la cabeza. Después de los niños se fueron las mujeres, luego los hombres. Mucha gente todavía estaba viva. Una vez lleno el pozo se procedió a cubrirlo con tierra, (a las diecisiete horas del mismo día). 

El resto de gente fue llevada a dos lugares distintos, siempre dentro de los linderos de la comunidad: la Aguada y los Salazares. Las personas fueron ejecutadas y dejadas sobre la superficie del terreno. Se calcula que murieron en total unas 190 personas.

Fuentes: ODHA, SEPAZ, FAMDEGUA Y REHMI.y MANDUJANO