El ORIGEN DEL RÉGIMEN ESPAÑOL


"Quedan amnistiados "Los delitos y faltas que hayan podido cometer las autoridades, funcionarios y agentes del orden público ( ... ) contra el ejercicio de los derechos de las personas", declaraba el BOE del 15 de octubre de 1977. desde entonces, España es el segundo del mundo con más fosas de ejecutados sin identificar, después de Camboya. Primero, Pol Pot, luego Franco."

Este artículo es de Nación Digital y lo firma Salvadort Cot, toca un tema del que se habla, se habla, pero que no se ha resuelto, un tema que se ha enquistado en un callejón sin salida y que quizás habría que afrontar y resolver de una vez.

"Pero no es sólo que los asesinos y torturadores de la dictadura mantuvieran cargos y privilegios. Es que ni siquiera se ha permitido recuperar los cuerpos enterrados en las curvas de los caminos y carreteras. La iniciativa, timidísima, del gobierno Zapatero ha quedado del todo liquidada por el PP, que ha tenido la indignidad de dedicar cero euros a desenterrar las víctimas de los franquistas. Vale la pena escuchar el testimonio de Antonia Valls, de 85 años que recuerda como a su padre le obligaron a cavar su propia fosa antes de ejecutarlo. Setenta años después, con la fotografía en la mano, pide ayuda, vía micromecenaje, para rescatar los huesos y enterrarlo como es debido. "Ahora está como un perro", recuerda esta mujer valiente.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han reclamado en España, de forma reiterada, que derogue la Ley de Amnistía y ayude a los familiares de los asesinados. El año pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió, formalmente, a España la derogación de la ley, señalando que incumple la normativa internacional sobre derechos humanos. Hace sólo dos meses, una comisión de Naciones Unidas volvió a insistir "Es de cara que prevalezca la impunidad en el caso de las desapariciones forzadas. No hay ninguna ninguna investigación penal en curso ni ninguna persona condenada", denunciaron los expertos internacionales.

Pero el estado español se niega, una vez y otra, a pedir responsabilidades a nadie por las salvajadas de la dictadura franquista. No importa que los criminales se paseen impunemente, con sus honores y pensiones. Quizás porque, como repiten PSOE y PP desde hace treinta años, este es el fundamento de la transición. Un proceso que, a estas alturas, ya sólo tiene protección jurídica en España. Y legitimidad, en ninguna parte."

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