Cuando el porcentaje a favor del referéndum consigue en una sociedad el 80%, no es posible que se pueda abrir un debate político normalizado en ausencia del mismo. Sin referéndum, los no independentistas están prácticamente privados de la palabra y condenados, por tanto, a la esterilidad. - Javier Pérez Royo - Catedrático de Derecho Constitucional.

La celebración de un referéndum en Cataluña, para que los ciudadanos de esta comunidad manifiesten su voluntad de mantener su integración dentro del Estado español o de constituirse en Estado independiente, se ha convertido en una condición sine qua non para la competición política pueda desarrollarse de acuerdo con el canon de lo que se considera que es una competición democrática en cualquier país civilizado.

Es verdad que el constituyente español de 1978 no se le pasó siquiera por la cabeza que pudiera llegar a celebrarse un referéndum, para que Cataluña y País Vasco pudieran independizarse. En esto el presidente del Gobierno tiene razón. Lo que pasa es que, para tratar de evitar que esta eventualidad pudiera llegar a plantearse, fue para lo que se diseñó en la Constitución la vía de acceso a la autonomía de las "nacionalidades" que "en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatutos de autonomía ", que consistía en el pacto entre los parlamentos de estas comunidades y las Cortes Generales, que posteriormente sería sometido a referéndum. El pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y el referéndum de los destinatarios del pacto es la Constitución Territorial de 1978. Dado que la reforma de esta Constitución Territorial exigía la renovación del pacto entre los dos parlamentos y la ratificación del mismo en referéndum, el constituyente consideró que nunca se plantearía la convocatoria de un referéndum de independencia. El proceso diseñado en la Constitución para la aprobación y reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña garantía que así sería.
Y así ha sido hasta que el TC aprobó la STC 31/2010, sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobada y en vigor desde 2006. Hasta este momento el porcentaje de ciudadanos en Cataluña que aceptaban la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el llamado "bloque de la constitucionalidad", como fórmula de integración de Cataluña en España ha sido siempre en torno al 80%. El independentismo ha sido una opción casi anecdótica hasta 2010.

Es la STC 31/2010 la que lo cambió todo, en la medida que destruyó la Constitución Territorial de 1978. La STC 31/2010 desautorizó el pacto alcanzado entre el Parlamento y las Cortes Generales y desconoció el resultado del referéndum de ratificación de dicho pacto. Los dos elementos esenciales de esta Constitución Territorial, el pacto interparlamentario y el referéndum, quedaron invalidados como fórmula de integración de Cataluña en el Estado.
A partir de ese momento, se produce una transferencia del apoyo ciudadano del "bloque de la constitucionalidad" en la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos de Cataluña se pronuncien sobre su integración en el Estado. El mismo 80% que ha estado apoyando ininterrumpidamente desde la entrada en vigor de la Constitución y el Estatuto dicho "bloque", ha pasado a apoyar la convocatoria del referéndum. Todos los estudios de opinión lo confirman. Entre el 70 y el 80% se cifra el apoyo a Cataluña a la celebración del referéndum. Esto es lo que ha pasado entre 2010 y 2017.

Cuando esto ocurre, cuando el porcentaje a favor del referéndum consigue en una sociedad el 80%, no es posible que se pueda abrir un debate político normalizado en ausencia de éste. Sin referéndum falta el oxígeno imprescindible para que pueda existir un debate político. El único discurso posible es el de la reclamación que el referéndum se celebre. O dicho de otro modo: el único discurso posible es lo que en este momento representa el nacionalismo independentista.

Mientras no se acuerde la celebración de un referéndum, los no independentistas estarán prácticamente privados de la palabra y condenados, por tanto, a la esterilidad. Lo estamos comprobando desde 2012. La única voz que se viene sintiendo desde entonces es la del nacionalismo independentista. Una voz que prácticamente no había estado presente en el sistema político catalán en democracia, es seguida por un tercio del censo electoral, que es un 47% de los ciudadanos que ejercen el derecho de sufragio que acaba conformando una mayoría absoluta parlamentaria.

Delante no hay prácticamente nada. Puede haber una mayoría social que no quiere la independencia. Pero se trata de una mayoría que no puede expresarse políticamente como tal. Se ve obligada a expresarse de una manera fragmentada e inconexa, convirtiéndose de esta manera en poco relevante políticamente. Mientras la posición del Gobierno de la nación siga siendo la que es respecto del referéndum, no hay debate político posible en Cataluña ni entre Cataluña y España. Los partidos de gobierno de España, PP y PSOE, la presencia relevante en el subsistema político catalán es indispensable para que este subsistema pueda considerarse parte del sistema político español, están condenados a la marginalidad. Y cada vez más. El Estado no puede estar ausente de Cataluña. No puede estar presente exclusivamente como "enemigo", como lo calificó en su día Artur Mas. Hay que darle la posibilidad a la eventual mayoría social no independentista que se exprese políticamente como tal, restaurante-de esta manera las condiciones que hagan posible un debate político digno de tal nombre. Ya no hay posibilidad de dar marcha atrás y detener la historia en un momento en que no hubiera sido necesario la celebración del referéndum. No hay debate político posible sin la celebración del referéndum. Hubiera sido preferible no llegar a este punto. Pero hemos llegado.