Uno de los problemas a los que se enfrenta el ciudadano del mundo en este segundo decenio del siglo XXI es cómo protege su privacidad si, cuando accede a centenares de aplicaciones posibles desde su ordenador o su móvil, deposita en la red datos personales que constituyen una información preciosa para quienes la pueden utilizar en su propio beneficio. Para eso están las leyes de protección de datos que persiguen a quienes utilizan esa información de forma ilegal.
A partir del próximo 25 de mayo, los veintiocho países de la UE se regirán de forma común por el reglamento de Protección de Datos (RGPD), el primero de un paquete de tres iniciativas legales de Bruselas. Hasta ahora, cada país actuaba a su manera, publican en la vanguardia de hoy. Por ejemplo, a partir del día 25, las empresas de diseño de aplicaciones estarán obligadas en el marco de la UE a incluir un sistema de protección de información personal para que el usuario pueda mantener su privacidad y deberá dar su consentimiento –efectivo, informado, explícito y previo– para que la empresa pueda utilizar sus datos, siempre que concrete qué es lo que recoge, quién y dónde se almacena. El reglamento prevé multas y sanciones que pueden llegar al 20% del volumen de negocio o a 20 millones de euros. El RGPD normaliza también el derecho al olvido, cuando un usuario retira el consentimiento otorgado con anterioridad, y regula asimismo el acceso de menores a diversas aplicaciones que, como es el caso de WhatsApp, requiere del consentimiento de los padres antes de los 16 años.
Se trata, por tanto, de dar un paso más en el control de la información personal que circula por las redes, atiborradas de datos como identidades, fotografías, correos electrónicos, registros bancarios o médicos, aficiones, orientación política, religiosa o sexual, etcétera de miles de millones de usuarios y que personas que por su trabajo tienen acceso a esos datos han utilizado de forma ilegal o, incluso, han comerciado con ellos y los han puesto al alcance de empresas, organizaciones o grupos para su propio beneficio.
La lucha contra ese tipo de delito, sin embargo, no es fácil, tanto por la dificultad de detectar los comportamientos irregulares como por la variedad de legislaciones nacionales. Por esa razón es positivo que la Unión Europea se haya puesto de acuerdo en actuar de forma conjunta, tanto para proteger a sus ciudadanos como para perseguir a los que cometen ese tipo de infracciones. A partir de ahora será un poco más difícil –y arriesgado– utilizar los datos personales para quienes actúan sin escrúpulos en la red.
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