La Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, ha acordado dejar de investigar Tamara Carrasco y Adrià Carrasco, miembros de los CDR, por los delitos de terrorismo, rebelión y sedición, y ha enviado la causa a los juzgados ordinarios para que valoren si se les puede imputar por desórdenes públicos. Lo ha anunciado el abogado del activista de Viladecans en su cuenta de Twitter, que ha mostrado su alegría, pero ha dejado claro que sólo se trata de un "primer paso".
Carrasco fue arrestada por un audio difundido por las redes sociales en las que explicaba la acción de abrir barreras de peajes y hablaba de ocupar Mercabarna o el puerto como acción de protesta por la detención del presidente Carles Puigdemont.
Su caso es paradigmático porque Tamara Carrasco, que fue detenida el 12 de abril, está confinada en Viladecans desde entonces porque hasta hoy la Audiencia Nacional no había concretado de qué delitos se le acusaba. Benet Salellas recordaba que los desórdenes públicos -el otro delito que la justicia ha atribuido finalmente a la activista- son competencia de los juzgados de instrucción ordinarios, y subrayó que la Audiencia sólo puede encargarse de la causa si se confirma la investigación por terrorismo
Ante esta incongruencia, lo que hay que preguntarse es quién es el terrorista, si estos chicos o la Audiencia nacional, ya decía en su día el alcalde de Jerez Pedro Pacheco que la justicia española era un cachondeo. Lo digo porque en el caso del francotirador de Terrassa que tenía un arsenal de armas en su casa, y pretendía atentar contra el Presidente del Gobierno, hechos que se produjeron el 19 se septiembre, según  informa hoy el diario público, se ve que no es lo suficientemente grave como para que la audiencia nacional abriera diligencia acusándolo de terrorismo, todo ello, por unas cuantas armas que tenía el hombre, es peor tener en su poder un silbato amarillo como Tamara por lo visto:
"En cuanto a las diligencias judiciales, pasaron del Juzgado de Guardia –el 2 de Terrassa, ese día– al de Instrucción Nº3 porque la Audiencia Nacional rechazó el caso, considerando que no se trataba de una amenaza terrorista, sino meramente una "proposición de homicidio de autoridad", con "tenencia ilícita" de un "depósito de armas". 

 Pues sí, creedme, la justicia española, es un 'cachondeo'. Un peligroso y lesivo cachondeo que crea en los ciudadanos una sensación manifiesta de indefensión.