A ver si me aclaro. El Gobierno central pacta con la Federación de Municipios –presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero– desbloquear el superávit de los ayuntamientos que impuso años atrás Cristóbal Montoro, ministro de Rajoy. En manos del Estado, permitirá dedicar unos 15.000 millones más a la factura del coronavirus. Indignados, los ayuntamientos se cierran en banda. La revuelta ha unificado a todo tipo de partidos, en particular a los más próximos: CUP y PP (este, amnésico, habla de usurpación económica, cuando, repetimos, la norma que ha estado bloqueando el superávit municipal es suya).
Todo el mundo se apunta a la protesta: la Barcelona de Colau, la Cádiz del trotskista Kichi y el presidente de la Diputación de Ourense, el popular Baltar, maestro de retórica: acusa al alcalde de Vigo de no ser Abel sino Caín; no Caballero, sino vasallo. Por supuesto, los alcaldes independentistas, expertos en insumisión, se apuntan a la protesta. Pero, ¡atención!, los indepes ya no están solos en la desobediencia: un vicesecretario del PP afirma que está dispuesto a todo para “defender los ahorros de los vecinos” gobernados por su partido. Y los alcaldes del PP gallego han llamado explícitamente a la insumisión y hasta –¡oh, maravilla!– a la rebelión.
Siendo el rechazo tan transversal, esta medida del Gobierno central podría ser tumbada en el Congreso. La crisis económica y la sanitaria no consiguieron una respuesta tan unánime. Al parecer, la lucha por los ahorros de cada población es más importante que la unidad de España, ya que, para tumbar este decreto gubernamental, el PP es capaz de pactar con el diablo independentista. Nada unifica tanto como el dinero. “Dinero convierte mentira en verdad, / y al juez hace abogado”, decía en catalán el islamizado Turmeda a finales del siglo XIV.
Más allá del juego de hipocresías que este lío pone en evidencia, conviene subrayar los argumentos de fondo que se utilizan para defender el derecho de cada municipio a quedarse con su dinero: Javier Maroto, portavoz de los populares en el Senado, ha descrito el decreto que centraliza el superávit de los ayuntamientos como el “atraco de Sánchez a los ahorros de los municipios”. Y su partido ha usado palabras que hasta ahora la clase política española y todos sus portavoces mediáticos señalaban como el colmo del egoísmo y la insolidaridad independentista: “expolio” y “robo”.
He ahí como el pecado político puede convertirse en virtud: ahora es el PP quien lo dice: “¡España nos roba!”. - Antoni Puigverd
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