El acuerdo es fruto del trabajo y la lucha que durante años han llevado a cabo los movimientos sociales. Una respuesta necesaria ante una crisis social que la Gran Recesión desencadenó y la pandemia ha agravado -y agravará- hasta límites difíciles de soportar. Sólo este es el camino. Y sólo será efectivo si se amplía a todas las compañías de suministros y en toda España, con el apoyo de las leyes del Estado.
Hastiados de la política de trincheras y de declaraciones cruzadas en que parece haberse convertido el debate público, este lunes vimos un ejemplo de política en el sentido más genuino. Lo que tiene que ver con la gestión de las cuestiones, con mejorar la vida de las personas. Esto es el acuerdo suscrito ayer entre el Gobierno de la Generalitat y Endesa, que el consejero de Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, calificó de «histórico». En el plano más inmediato, este pacto supone la condonación de la deuda de más de 35.000 familias vulnerables con la compañía eléctrica, que llegaba a casi 38,8 millones de euros, buena parte de los cuales los asumirá Endesa, y el resto, la Generalitat y las diputaciones provinciales, exonerando los ayuntamientos. Si la liquidación de esta deuda es relevante, igualmente lo son las bases que establezca para el futuro: un convenio regulador para evitar llegar a estas situaciones límite, por el que Endesa renuncia a la vía judicial para reclamar la deuda de personas sin recursos, se crea un fondo solidario (financiado por la suministradora y la Generalitat) y se instalarán contadores temporales a las familias pobres que ocupen una vivienda (estas últimas, al no poder contratar legalmente la electricidad, tenían como alternativa pinchar la luz, con los peligros que conlleva). Todas estas acciones tienen por objetivo erradicar la llamada pobreza energética, un concepto arraigado en los últimos años pero que de ninguna manera deberíamos asumir como algo normal en una sociedad que se autodenomina del bienestar.
La muerte de una abuela en Reus en 2016, en un incendio causado por una vela, sirvió para despertar conciencias sobre la pobreza energética. Una pobreza que está vinculada a otras formas de precariedad y, muchas veces, a un hogar insegura (miedo de perder la vivienda). Numerosos estudios destacan que las mujeres son uno de los colectivos más afectados por estas deficiencias y no son pocos los que advierten -como recientemente la Fundación Pere Tarrés- de los efectos en la salud física y emocional de los niños. Por no decir las dificultades de progreso educativo en un hogar que no cumpla con las mínimas condiciones. En estas circunstancias, es difícil valorar los efectos a largo plazo de situaciones tan traumáticas. Detener este problema es, por tanto, una obligación y responsabilidad de las administraciones. También del resto de la sociedad, que es la que en última instancia responde solidariamente -por la vía fiscal- a favor de una equidad social mayor. El beneficio es colectivo. La Generalitat confía en que el acuerdo con Endesa sea extrapolable a otras compañías de suministro de electricidad y gas. Es el camino necesario, sin necesidad de esperar tanto tiempo para ver otro igual. - elperiodico.cat.
Ya que siempre los estamos criticando, se debe valorar positivamente este acuerdo entre Endesa y la Generalitat, gracias a la ingente labor llevada a cabo por los movimientos sociales. Esto es hacer política de la que interesa a la gente, lástima que sea sólo una excepción dentro de la norma habitual de nuestra clase política empeñada en su cainismo tan destructivo, como comprobamos ayer en el Parlament.
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Una excepción, pero que da un respiro a los más necesitados.
ResponderEliminarSaludos.