Imaginemos a 50.000 personas a las que por su condición vital no se les permite acudir a un centro hospitalario. No se trata de una costumbre malvada. Es una decisión meditada por quien tiene el poder para ordenar esta segregación. Con ese argumento arranca una película que se acaba de estrenar. Claro, la cinta tiene más ingredientes. Ante la imposibilidad de tener una atención sanitaria adecuada, 7.291 de esas personas mueren en pocos días. En la mayoría de los casos fallecen en aislamiento, sin la compañía de sus hijos o familiares. Esta historia da para un peliculón, pero esta vez el argumento no está inventado, ni escrito por creadores de ficción. Los personajes de la película no son actores y los fallecidos no son figurantes, son muertos reales a los que no se ve. 

La película que describo no está basada en hechos reales, es sencillamente auténtica, verídica, es tan verdad como la muerte misma. Se titula (a estas alturas ya lo saben) 7291, el número de personas que fueron dejadas morir en las residencias de la Comunidad de Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020, durante el periodo más grave de la pandemia de covid. El film se estrenó el pasado 13 de noviembre en Madrid, en el cine Verdi, tras haber sido presentado tres días antes en la 28º edición del Festival Cineuropa dedicado al género documental, que se celebra en Santiago de Compostela durante este mes. Desde entonces se proyecta en sesiones especiales en cines de pequeño aforo de la Comunidad de Madrid, Barcelona y Lleida a falta de otros lugares donde programarla.

No es un documental al uso. A diferencia de otras historias, la cinta no parece que busque como primer objetivo tocar las fibras sensibles de quien lo ve. Como su autor, Juanjo Castro, señaló el día del estreno, lo que pretende es contar los hechos con datos y testimonios, que el hilo argumental sea paso a paso lo que sucedió. La valoración tiene que hacerla el espectador. 

Sus principales recursos son las sucesivas declaraciones de los responsables de las residencias, sus trabajadores, los familiares de los fallecidos o los responsables médicos. No hay voz en off. Basta con escuchar lo que dijeron ellos en los dos únicos ámbitos en los que se ha investigado lo ocurrido:

Primero, en la Comisión constituida en la Asamblea de Madrid en julio de 2020 hasta que Ayuso consiguió cargársela. Convocó elecciones e impidió su continuidad para evitar que se supiese de manera oficial cómo se cometió y por orden de quién el acto más inhumano y cruel de los cometidos durante la pandemia. El segundo escenario de investigación fue la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias, presidida por el jurista José Antonio Martín Pallín, que entre abril de 2023 y marzo de este año escuchó a los familiares de los afectados y a los trabajadores de los centros. 

En planos cortos intercalados con imágenes de los pasillos de las residencias, decenas de personas, familiares y trabajadoras describen lo que vieron y vivieron en los días del horror. Como contrapunto, las justificaciones contradictorias de algunas autoridades sanitarias que se prestaron a ejecutar el plan siniestro. Queda patente que las autoridades de la Comunidad de Madrid, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso al frente, deciden desde el momento en que se decreta el estado de alarma por el covid, discriminar a las personas que viven en residencias de mayores e impedir que sean trasladadas y atendidas en centros hospitalarios. Es el macabro protocolo que se inventan para no saturar la red sanitaria madrileña pública. Los hospitales privados, en cambio, estuvieron al margen de esto. Allí no había saturación y quien dispusiera de un seguro privado pudo ser trasladado a una clínica “de pago”. En ese momento todos los centros hospitalarios públicos y privados dependían de un mando único que hizo dejación del deber de atender a todas las personas sin discriminar por su edad o lugar de residencia. Hubo al menos cuatro reformas del protocolo y cada una de ellas amplió el colectivo de residentes que no podían acudir a un hospital público.

El director del documental contó además con otros testimonios. El de dos periodistas que siguieron el caso y especialmente el del consejero de Políticas Sociales de la Comunidad madrileña en 2020, Alberto Reyero.  Este se negó a aceptar la “selección de la especie”, acordada por Ayuso y su gente y fue marginado en el Gobierno de la Comunidad. “Para realizar el documental conté con  la ventaja de haber conocido con detalle lo ocurrido por boca de quien estuvo dentro de la trama”, dice Juanjo Castro, director del filme. Asegura que se le ocurrió ponerse a ello tras leer el libro de Reyero, Morirán de forma indigna. 

El autor produjo el filme sin financiación de nadie, sin subvención alguna y sin recurrir al crowdfunding. A los familiares de los fallecidos los conoció más tarde. Agrupados en la Marea de Residencias, este colectivo apoyó el documental como medio para seguir exigiendo que se reconozca públicamente la atrocidad que cometieron las autoridades sanitarias de Madrid con sus padres o familiares y para conseguir que se depuren responsabilidades. La justicia, ante la que se presentaron varias querellas y denuncias, ha dado en casi todos los casos carpetazo al caso, aduciendo maliciosamente que no se puede probar que haya relación causa efecto entre la decisión de no trasladar a ninguno a los hospitales y la posterior muerte. Para llegar a tal conclusión se desconoce qué indagaciones han hecho. Lo cierto es que se les discriminó por estar alojados en residencias. Pero el comportamiento inhumano e indigno se extiende también a las otras autoridades. Casi ninguna ha trabajado para devolverles la dignidad.
El documental, de dos horas de duración, es una película enteramente de autor. Juanjo Castro, con larga experiencia profesional en realización de series y documentales, es el director, productor y distribuidor. Ha puesto el dinero, la ha realizado y se ha ocupado de la distribución, ya que no encontraba quien lo hiciera en el sector audiovisual. Era algo comprometido para quien se dedique profesionalmente a ello. Él espera que pueda verse también en la plataforma Filmin y quiere conseguir que se difunda en Netflix y en Movistar. Emilio de la Peña, para ctxt.es