Le arrebataron la criatura con veinte días, y cinco años después, pese a la injusticia, sigue sin tener al niño. Foto: Llibert Teixidó. Jessica (a la derecha) con su abogada, Marta Boza, y el equipo de letradas del despacho de Barcelona que lleva su caso.
Ésta es la historia del vía crucis administrativo y judicial de una madre para recuperar al hijo de cinco años, arrebatado a la madre por los servicios sociales cuando la criatura sólo tenía 20 días. Un drama familiar lleno de despropósitos. ¿Lo más flagrante? La "sustracción" administrativa de esta criatura y la "bendición" judicial de esta medida se originó por una denuncia, que se ha demostrado que era falsa. Para entender el calvario de esta madre, es necesario ir al principio.
Jessica, con nacionalidad francesa, se desplazó embarazada a España semanas antes de que el país quedara paralizado por la pandemia. Tuvo en Granada al hijo, un niño que los servicios sociales le arrebataron con 20 días de vida, cuando se había ido a vivir a Almería. ¿Por qué? Una amiga, compañera de piso entonces de Jessica, la denunció. Dijo que no estaba preparada para ser madre y que el bienestar de la criatura corría peligro y después admitió que todo era falso, pero ya era tarde
Con esto fue suficiente, afirma Marta Boza, abogada de esta desesperada madre, “para tomar al niño a mi clienta”. No se hicieron, critica, más investigaciones y tampoco se investigó sobre el pasado de la denunciante, una joven con antecedentes, "que sabía bien por experiencia propia cómo actúan los servicios sociales", y problemas con las drogas.
Meses después la denunciante reconoció que todo era un invento. Pero el daño estaba hecho. Los servicios sociales no variaron su posición, pese a la constatación de la falsedad de la denuncia. Nunca le han devuelto la criatura. A Jessica sólo le quedó, por tanto, una salida: los tribunales. Y así empezó un periplo judicial que, tras pasar por juzgados ordinarios y por el Tribunal Supremo, ahora ha llegado al Constitucional, que debería apresurarse a emitir la sentencia para no alargar más el drama. Boza afirma que "la denuncia falsa fue la que sembró la desconfianza, que después ha encontrado abono en la justicia".
Lo sorprendente de esta historia es que, pese a que los tribunales reconocen que nunca habrían tenido que quitar a la criatura a la madre, ahora se niegan a autorizar la devolución del niño a la madre amparándose con el bienestar del menor. Entregarlo ahora a su madre, cinco años después, “sería perjudicial para el niño” –dice el Supremo, con un voto particular–, ya que el menor reconoce a la pareja que le tiene acogido como sus padres.
Jessica explica a este diario que sólo ha podido ver estos cinco años tres veces al hijo. "Tenía meses de vida". Se siente engañada por los servicios sociales. Nunca hubiera imaginado que cuando se llevaron a la criatura ya no volvería a tenerla en los brazos. Ni siquiera sabe qué cara tiene. Jessica se fue a vivir a Barcelona, “donde era más fácil encontrar trabajo”. Y aquí sigue con un trabajo y una casa donde podría criar a su hijo. La pandemia le impidió, dice, cumplir las visitas que le fijaban los servicios sociales desde Andalucía. Esto se le giró en contra. “Pero yo nunca he firmado ningún documento para autorizar que se entregara a mi hijo en acogida y, menos aún, para empezar un proceso de adopción”, afirma. La mujer no piensa abandonar esta batalla por tener al hijo. Es lo único que quiere y no pretende, si llega el día, que se depuren responsabilidades ni dinero. El daño a esta madre, afirma su abogada, "no tiene precio". Jessica sólo pide empatía y humanidad de un sistema que a ella le ha fallado. Javier Ricou en la vanguardia
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