La primera reflexión es que los cientos de miles de empresas de menos de 10 trabajadores de plantilla que hay en España llevan cinco años superando situaciones que, según muchos analistas agoreros y la derecha española, las condenaban al cierre de su negocio.
Durante los últimos 6 años los analistas agoreros se han confundido cada vez que el Ministerio de Trabajo aprobaba sus medidas
Empezaron en 2019, cuando dijeron que la subida del SMI a 900 euros era inasumible para las pymes y nos anunciaron el cierre de miles de empresas. No pasó. Al revés, el SMI ha subido desde entonces el 61%, hasta convertirse en un salario decente y, sin embargo, hay 3 millones de asalariados más que en 2018, de los que el 30% trabaja en empresas con plantillas inferiores a 25 personas.
En 2020 fue la pandemia de la covid, que para proteger la vida de las personas obligó a cerrar el taller de Josiño y de cientos de miles de empresas durante meses. Para proteger a la economía y el empleo se aplicaron los ERTE, que pagaron los salarios de más de 4 millones de personas, y la prestación por cese de actividad, que garantizó los ingresos de 1,5 millones de autónomos. Los agoreros repitieron su siniestra profecía: esas medidas no funcionarían, en poco tiempo los ERTE se convertirían en EREs, esto es, en despidos y se cerrarían miles de empresas. Tampoco pasó. En España hay 1.341.240 empresas, son 14.000 más que en 2018, porque proteger al empleo y al tejido productivo es la mejor política económica.
Por tercera vez, en 2022, con la reforma laboral, esos mismos analistas anunciaron que esta vez sí: acabar con los contratos temporales y hacer del contrato indefinido la forma habitual de contratación supondría una rigidez laboral insoportable para las pequeñas empresas, que cerrarían por miles, provocando una grave crisis empresarial primero y económica después.
Se volvieron a equivocar. La tasa de temporalidad en el sector privado se desplomó, se redujo a la mitad, hasta el 12% y gracias a la mayor estabilidad laboral, a la mejora de los salarios y a la política de protección social -fundamentalmente las pensiones- la economía española es la que más crece y la que más empleo crea en la Unión Europea.
Para esos agoreros, el desastre que no sucedió con el 61% del incremento del SMI, con los ERTE de la pandemia y con la eliminación del contrato de obra servicio, va a suceder ahora, con la reducción de la jornada. No saben de lo que hablan. O sí, pero mienten. Porque ocultan que el taller de Josiño está regulado por el convenio colectivo provincial del metal que tiene, en A Coruña, una jornada laboral pactada de 1.752 horas de trabajo al año, y, por lo tanto, solo necesitará reducir 40 horas año su jornada para llegar a las 1.712 horas anuales que se corresponden con las 37,5 semanales.
Los talleres del metal, pero también los bares de Jaén, por ejemplo, que tienen por convenio 1.764 horas, o las peluquerías de toda España, que tienen un convenio colectivo estatal con 1.750 horas y que, por lo tanto, solo tiene que reducir 38 horas al año. Una reducción de apenas el 2%, que se puede concretar en salir antes la tarde de los viernes, entrar un poco más tarde el lunes o repartir cinco nuevos días libres entre las vacaciones de verano, los días festivos de Navidad, las fiestas locales o la Semana Santa.
Durante los últimos 6 años los analistas agoreros se confundieron cada vez que el Ministerio de Trabajo aprobaba sus medidas. Esta vez tampoco será diferente. Una vez más se va a demostrar que mejorar la vida de la gente es bueno para la economía y el empleo.
Manuel Lago, Economista y diputado de Sumar en la vanguardia.com
