EL ÚLTIMO GOLPE DEL JUEZ HURTADO CONTRA EL FISCAL GENERAL

La fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es de 150.000 euros: más que la indemnización que recibió la víctima de La Manada, más que la fianza exigida al exministro Fernández Díaz por el caso Kitchen, más que las indemnizaciones que pagaron comisarios como Pino o Villarejo - Ignacio Escolar en el diario.es

El Tribunal Supremo fijó una indemnización de 100.000 euros para la víctima de la violación múltiple de La Manada. Para el fiscal general del Estado, la fianza será de 150.000. Es un dinero que Álvaro García Ortiz tendrá que avalar antes de que pasen cinco días, entregarlo en el juzgado y que quedará allí bloqueado. Si el Supremo le declara inocente, lo recuperará. Pero en el caso de que lo condenen, ese dinero servirá para indemnizar a esa supuesta víctima –y también defraudador confeso– que se llama Alberto González Amador. 150.000 euros de fianza para un caso de revelación de secretos. 

Si Álvaro García Ortiz no consigue el dinero o un aval bancario que lo garantice, “se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir tal cantidad”. Todo esto antes siquiera de que se celebre el juicio. Esta altísima fianza es una decisión del juez Ángel Hurtado, la última de su instrucción contra el fiscal general. Este martes, Hurtado dictó el auto de apertura de juicio oral; el último paso para sentar a García Ortiz en el banquillo. Es ahí donde se fija esta astronómica cantidad.

Es una barbaridad. Para empezar, porque Hurtado argumenta esa cifra explicando que, a la indemnización de González Amador –que es lo que se debe fijar en la fianza–, habrá que sumar las “otras responsabilidades pecuniarias”, incluyendo la hipotética multa para el fiscal general si es condenado. Este criterio es inconstitucional: una sentencia de 2023 del Tribunal Constitucional estableció que contar con la posible sanción en la fianza vulnera la presunción de inocencia. Es bastante obvia la razón: se le obliga a pagar por adelantado. Porque una cosa es garantizar el pago de la responsabilidad civil –es decir, la eventual indemnización– y otra adelantar el pago de la multa. Y eso es exactamente lo que ha hecho Hurtado.

Pero la cifra no solo es disparatada por esta cuestión. Basta con comparar con otros casos, mucho más graves. No solo con la indemnización que recibió la víctima de una violación múltiple. El Tribunal Supremo ratificó hace pocos meses la condena al comisario Eugenio Pino por revelación de secretos, exactamente el mismo delito del que acusan al fiscal general. Este comisario, el jefe de la brigada política del PP, adulteró una investigación judicial con información ilegal.

¿La indemnización que fijó el Tribunal Supremo para la víctima? Solo 2.000 euros. Todo se entiende mejor cuando se explica quién era esa víctima: Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident de la Generalitat. 

Además de esa ridícula cantidad, Eugenio Pino fue sentenciado a pagar otros 7.200 euros de multa. También fue condenado a un año de cárcel –una pena mínima que no supondrá su ingreso en prisión–. Si el fiscal general es condenado, además de la indemnización económica, también se juega una pena de entre cuatro y seis años de prisión. 

Algo parecido ocurrió en las condenas al comisario Villarejo por los casos Iron, Land y Pintor, relacionados con varios episodios de espionaje. Villarejo cometió numerosos delitos, entre ellos revelación de secretos, y le han caído 19 años de prisión. Pero la indemnización para las cinco víctimas fue irrisoria: solo 5.000 euros para cada una –25.000 euros en total– a pagar entre nueve condenados.

Ni siquiera Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, se ha enfrentado a una fianza tan severa. Le piden 15 años de prisión por cuatro delitos —encubrimiento, malversación y otros dos contra la intimidad—. En su caso, la responsabilidad civil que puede tener que pagar es muy elevada, por el dinero público que se malgastó. ¿Su fianza? 120.000 euros, 30.000 menos que el fiscal general.

Según el baremo económico del Supremo, la supuesta filtración de un correo por parte de Álvaro García Ortiz para desmentir un bulo parece más grave que el caso kitchen: utilizar los fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y destruir pruebas de la corrupción del PP. 150.000 euros de fianza. Es la guinda de un proceso penal que algún día debería avergonzar a la Justicia española. 

En circunstancias normales, García Ortiz se debería apartar. Pero es que estas circunstancias no lo son.

La instrucción del juez Hurtado ha tratado esta investigación como si, en vez del fiscal general, se tratase de un presunto narcotraficante. El registro de su despacho fue absolutamente desproporcionado y tampoco aportó ningún dato relevante. Los saltos al vacío en sus autos han sido clamorosos, como esa acusación al Gobierno de estar detrás de la filtración, una afirmación tan insostenible que sus propios compañeros del Supremo le obligaron a retirar.

Después, Hurtado ha decidido ignorar las numerosas pruebas y evidencias que demuestran que ese secreto supuestamente revelado por el fiscal general circulaba por varias redacciones de Madrid días antes de que García Ortiz accediera a esa información. La investigación judicial ha acreditado, sin lugar a ninguna duda, cuál es la hora y el día exacto en el que el fiscal general accedió a esa documentación. Y es posterior. 

Hurtado también ha despreciado el testimonio de media docena de periodistas, de distintos medios, cuyas declaraciones desmienten que el fiscal general protagonizara esa filtración. Andrés Palomo –un juez conservador, pero que no ha querido participar en esta persecución– lo resume muy bien en su voto particular contrario a abrir juicio contra el fiscal general: “El correo había sido filtrado antes de que ese correo llegara a poder y conocimiento del investigado”. Hay una “escasez, debilidad e insuficiencia en los indicios de la filtración”.

El Fiscal General debe resistir por varias razones: Primero, porque el fiscal general del Estado no está sometido a la misma regulación que el resto de los fiscales. Y es lógico que sea así. El Gobierno es quien propone su nombramiento, pero después no le puede destituir. Esto es así para preservar su independencia. Si sentarlo en el banquillo –que no condenarlo– sirve para que tenga que dejar el cargo, se daría al Supremo una potestad que no figura en ninguna ley.

Segundo, porque el problema de autoridad de este fiscal general no va a cambiar si García Ortiz dimite y llega otro en su lugar. La derecha judicial ha presionado a la Fiscalía desde el mismo momento en que Mariano Rajoy fue desalojado de La Moncloa. Era la única institución importante de la Justicia que no estaba dominada por los conservadores –hoy ocurre lo mismo, por idénticos motivos, con el Tribunal Constitucional–. 

Que la derecha se cobre la cabeza del fiscal general no va a servir para que su sucesor tenga más autoridad. Más bien al contrario. 

Los fiscales generales nombrados por este Gobierno se dividen en dos: aquellos que se plegaron al poder de la derecha y no hicieron casi nada –fue el caso de María José Segarra– y quienes intentaron cambiar las cosas y fueron tratados a cañonazos desde el primer día –Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz–. 

Tercero, porque ceder ante esta cacería sienta un precedente muy peligroso para cualquier otro fiscal general. Que García Ortiz dimita no fortalece esta institución: la debilita.

Como argumentaba José Precedo en este otro artículo: “Si un grupo mafioso o cualquier otra organización criminal urde un plan para apartar al fiscal general a través de denuncias coordinadas hasta lograr su imputación, ¿sería defendible que el máximo representante de la Fiscalía renunciase también?”

Y hay un cuarto argumento. Para mí es el principal. Al igual que otros periodistas, yo sé con certeza cómo se filtró esa información. elDiario.es fue uno de los medios que la publicó y quien desveló la exclusiva del fraude fiscal de González Amador. Nunca diré ningún nombre. No solo porque proteger a mis fuentes sea mi obligación como periodista. También porque no serviría para exculpar al fiscal general –el Supremo ha ignorado todo lo que los periodistas hemos declarado, y si diéramos otro nombre sería igual–.

Sé quién fue la fuente. Sé también que Álvaro García Ortiz no fue. Y jamás pediré la dimisión de alguien que me consta que es inocente. Entiendo que haya quien no me crea y también quien legítimamente defienda que no puede seguir. Pero con la información que yo tengo de primera mano, pedir la dimisión del fiscal general por un delito que sé que no ha cometido sería un acto de pura hipocresía. Y no lo voy a hacer.

Como escribió Émile Zola, en su famoso “yo acuso”, defender a un inocente no es una opción. Es una obligación. 

“Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro del inocente que expía a lo lejos cruelmente torturado, un crimen que no ha cometido”.