CONFUNDEN UN CULTIVO DE CÁÑAMO CON MARIHUANA

 Una pareja de agricultores de Lleida reclama un millón de euros al Estado por las pérdidas derivadas de la inmovilización de una cosecha de cáñamo industrial que la policía confundió con marihuana y por la que estuvieron investigados dos años, hasta que se comprobó que las plantas no eran psicoactivas.

Anna y Albert, agricultores “de toda la vida”, fueron denunciados por los Mossos d’Esquadra en marzo de 2023, después de que la policía interceptara un paquete de 30 kilos de cáñamo que habían enviado como muestra, en una de las primeras operaciones de la sociedad que constituyeron en 2022 para comercializar ese producto, según la documentación a que ha tenido acceso EFE  a el País.es

A raíz de la denuncia de la policía catalana, un juzgado de Lleida abrió una investigación a los agricultores por un delito contra la salud pública, lo que comportó la inmovilización de todas las plantas que tenían almacenadas para su posterior comercialización hasta mayo de 2025, durante los dos años en que la causa ha estado abierta. “Nos han tratado de narcotraficantes, hemos envejecido de golpe y estamos arruinados del todo”, denuncia Anna en declaraciones a EFE, tras recordar que constituyeron legalmente una empresa para cultivar cáñamo industrial y, para ello, tramitaron todos los permisos exigidos e incluso avisaron a la policía. “¿Qué más podíamos hacer?”, lamenta.

A través de su sociedad, la pareja compró una partida de 40.000 semillas de cannabis sativa que sembraron en una finca de algo más de cuatro hectáreas de Juneda (Lleida) con los fines previstos en el objetivo social de la empresa: el cultivo de plantas para fibras textiles, el comercio al por mayor de flores y plantas y otras actividades agrícolas y comerciales vinculadas a semillas o productos vegetales. Una vez recolectada, la cosecha fue trasladada a unas naves para su secado y posterior comercialización, donde ha permanecido durante dos años inmovilizada por orden del juzgado que investigó el caso. En octubre de 2024, un informe del Instituto Nacional de Toxicología, que analizó 29 muestras de cogollos y ramas intervenidos por los Mossos d’Esquadra por encargo del juzgado, concluyó que, como máximo las plantas tenían un 0,2 % de THC (tetrahidrocannabinol -psicoativo del cannabis-) y, por lo tanto, inferior al índice de 0,3 % que exige el Tribunal Supremo para considerar el cáñamo psicoactivo.