ORTEGA, MIRABEAU O EL POLÍTICO

 Una democracia sana no necesita gobernantes impolutos. Cada vez que estalla un caso de corrupción, la política se vuelve un drama moral. En estos días, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la única consideración recurrente es si el imputado es un hombre honrado o un sinvergüenza, como si de esa respuesta dependiera la suerte de nuestros derechos. Pero hace casi un siglo, un ensayo de Ortega y Gasset argumentó que no es precisamente la honradez la virtud que distingue al buen político.

En 1927 el filósofo publicó Mirabeau o el político. Y para pensar qué es un político, eligió a ese tribuno francés, que no era un dechado de virtudes. Mirabeau rodaba de prisión en prisión, de deuda en deuda, de fuga en fuga, entre pleitos, escándalos y amores turbulentos. Mientras encabezaba la Revolución, subraya Ortega, cobraba en secreto de la corte de Luis XVI, y las pruebas aparecieron al abrirse el armario de hierro de las Tullerías, en 1792, después de su muerte. Es decir, el gran orador revolucionario estaba a sueldo del rey. Ortega sostiene que, aun así, su política “fue la obra más clara que se intentó en la Revolución francesa”. Aquel hombre desordenado improvisó en pocas horas un nuevo sistema, la monarquía constitucional, y le dio principios, gestos y estilo.

Ortega no lo cuenta para escandalizar, sino para separar dos cosas que se suelen confundir. El político como arquetipo no es lo mismo que el político como ideal. Esto para advertir que el político ideal, el gran estadista que además sea “una buena persona”, quizá sea tan imposible como el cuadrado redondo. 

La distinción viene de más atrás y es más fina. Ya Aristóteles separó la prudencia, el juicio práctico para deliberar y obrar bien en lo concreto, de las virtudes del carácter, y la situó entre las del intelecto, no entre las morales. La prudencia, sostuvo, es la virtud propia de quien gobierna la ciudad, una excelencia distinta de la honradez doméstica. Y la separó de la mera astucia: quien sabe alcanzar cualquier fin, incluso uno torcido, no es prudente, es hábil. Ese es un matiz decisivo: no pedir santos virtuosos no es bendecir cualquier chanchullo, porque el corrupto no es un político prudente con un exceso de picardía, sino alguien que pone un juicio fino al servicio de un mal fin. La prudencia no es pureza, pero tampoco es simple astucia.

Es verdad que el argumento de Ortega nos arrastra a su culto al gran hombre, al titán que la naturaleza engendra de tarde en tarde. Y su épica del genio envejeció bastante mal. Pero el fondo se sostiene y se traduce a una clave más útil: la política es sobre todo un asunto de diseño.

El discurso anticorrupción hace lo contrario. Convierte un problema de diseño en un problema de carácter. Si fallan las personas y no el sistema, basta con cambiar a las personas y dejar la estructura intacta. Así la política se moraliza y, a la vez, se despolitiza. El corrupto del día no deja ver las reglas que han hecho posible su negocio.

Tampoco todas las corrupciones pesan lo mismo. La que persiguen los escándalos de prensa suele ser la más barata: el soborno, el sobre bajo la mesa, la comisión de un contrato. Es indiscutible que esas son prácticas nocivas, pero la corrupción que de verdad daña a una democracia es otra, y casi nunca es ilegal. Brota donde se juntan el monopolio de la decisión, el margen para usarla a discreción y unos controles débiles.

En España, ese triángulo tiene direcciones conocidas. El urbanismo, con un suelo que un ayuntamiento recalifica casi a voluntad, fue el gran criadero de los años del ladrillo. La financiación de los partidos, escasa y mal vigilada, empuja a la irregular y abre la puerta de atrás de las donaciones a fundaciones afines y los ingresos opacos de los expolíticos. Y los controles fallan por diseño: los partidos eligen a quienes deberían fiscalizarlos, del Consejo del Poder Judicial al Tribunal de Cuentas, al fiscal general, todos los nombra el gobierno. La auditoría de las cuentas llega con años de retraso, las puertas giratorias se regulan poco y tarde, y el aforamiento blinda a miles de cargos. El Consejo de Europa lleva años pidiendo que esto se corrija.

Ese fenómeno tiene nombre. Dennis Thompson llama “corrupción institucional” a la que aparta a una institución de su fin y mina la confianza en ella. Lawrence Lessig estudia la “corrupción por dependencia”, la del dinero que financia la política de las democracias ricas. No se rompe ninguna ley en esos casos y aun así el sistema solo funciona para unos pocos. Cuando esta deformación alcanza a las reglas mismas, hablamos de captura: el poder de redactar las leyes queda en pocas manos.

Ese es el gran asunto, que la corrupción que de verdad importa no se diferencia de las estructuras que niegan derechos. Pero cuando metemos en el mismo saco la mordida y la captura, cuando tratamos cualquier soborno como si fuera, en sí mismo, un atentado contra los derechos, perdemos de vista la corrupción de fondo.

La corrupción que de verdad importa no se diferencia de las estructuras que niegan derechos.

La comisión por un contrato no cercenó derechos en España a partir de 2010, lo hicieron las políticas de austeridad. Estas las encabezó el propio Zapatero, por cierto, con el recorte de los sueldos públicos, la congelación de las pensiones y la reforma exprés del artículo 135. Y las profundizó Rajoy a niveles insoportables. La reforma laboral de 2012 abarató el despido, y el copago y la exclusión sanitaria dejaron sin tarjeta a los migrantes sin papeles. El Fondo Monetario Internacional, que atribuyó a aquella reforma laboral buena parte del empleo creado después, reconoció también que elevó la pobreza entre quienes trabajan. Nada de eso fue delito, aunque de verdad arruinó vidas.

La historia debería ponernos en guardia contra los políticos que predican pureza. Los que llegan prometiendo barrer la corrupción de un mundo podrido suelen acabar recortando derechos. Augusto restauró las viejas virtudes de Roma y de paso enterró la república. Savonarola limpió Florencia de vanidades y la dejó bajo un régimen que ardió con él. Y en la misma Revolución que encumbró a Mirabeau fue Robespierre, el Incorruptible, quien levantó la república de la virtud y la convirtió en el Terror. El patrón llega hasta hoy, hasta el hombre fuerte que gana denunciando a la casta y gobierna desmontando los contrapesos. No es que pedir cuentas lleve a la tiranía. Es que, cuando la política se vuelve una caza del impuro, se le sirve la mesa al tirano.

Esa deriva tiene hoy una versión más fina, el lawfare: la sospecha de corrupción como arma judicial para deslegitimar gobiernos, sobre todo los que redistribuyen, y sin necesidad de tanques. Quien hoy enarbola la bandera contra Zapatero arrastra su propio expediente. El PP es el único partido condenado por la justicia en un caso de corrupción: la Audiencia Nacional lo declaró partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel, beneficiario de la red, y el Supremo lo confirmó en 2020. El caso Kitchen, el montaje policial para robarle a Bárcenas los papeles sobre la financiación irregular del partido, está en juicio, y la Fiscalía pide quince años para el exministro Fernández Díaz. Vox, que pidió cárcel para Zapatero, acumula sanciones del Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Es la pureza predicada desde el banquillo.

Su variante de izquierdas –predicar superioridad moral y rasgarse las vestiduras cada vez que uno de los suyos resulta humano– es igual de estéril. De Zapatero, “faro moral” y “referente ético”, descubren algunos con espanto que es un político. Esa exigencia de superioridad moral descansa sobre un malentendido sobre lo que es la ética, porque esta no nace de la claridad en los valores ni de la coherencia. Nace de que el bien no se deja fijar de una vez por todas, así que no consiste en demostrar una conclusión que obligue a todos, sino en deliberar sobre deberes, intereses y puntos de vista que chocan. Como vio Cavell en Reivindicaciones de la razón, una vida moral no es una hoja de servicios sin tachones.

Volvamos a Mirabeau. La lección de Ortega no es que la corrupción dé igual. Lo que dice es que la talla de un político se mide por su obra, no por su virtud privada. Un país maduro no es el que consigue gobernantes impolutos, que no los ha habido nunca, sino el que se dota de instituciones tan sensatas que la pregunta por la virtud de quién manda deja de ser decisiva. Cuando se buscan faros morales, se sigue sin mirar el sistema. Y es el sistema, no el pecado individual, lo que nos arruina o nos mejora la vida.

Referencias:  Mirabeau o el político (1927), de José Ortega y Gasset. Toma al tribuno Mirabeau, hombre de deudas y escándalos, para distinguir la grandeza política de la virtud privada: al político se le mide por su obra, no por su honradez doméstica. Edición de Alianza, 2025.

Ética a Nicómaco, libro VI, de Aristóteles. Clasifica la prudencia entre las virtudes intelectuales y la convierte en la virtud propia de quien gobierna. La distingue de la mera astucia, que alcanza cualquier fin, también uno malo, y que sin orientación al bien no es prudencia.

Ethics in Congress: From Individual to Institutional Corruption (1995), de Dennis F. Thompson. Acuña la noción de “corrupción institucional”: el daño que ciertas prácticas causan a la función de una institución y a la confianza pública aunque no se infrinja ninguna ley.

Republic, Lost (2011), de Lawrence Lessig. Desarrolla esa idea como “corrupción por dependencia”: el sistema legal de financiación hace que los cargos dependan del dinero y respondan a intereses estrechos sin romper la ley.

Reivindicaciones de la razón. Wittgenstein, escepticismo, moralidad y tragedia (Síntesis, 2003; traducción de Diego Ribes), de Stanley Cavell; original The Claim of Reason (1979). La moral ocupa la tercera parte, donde Cavell sostiene que el razonamiento moral no demuestra conclusiones como la lógica y que la moral es un modo de encajar el conflicto.

Sandra Caula es escritora, editora, traductora y profesora de escritura creativa. Licenciada en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela y magíster por la Universidad Simón Bolívar. Autora del ensayo Las artes de lo bello según Étienne Gilson (UCAB, 1999), del ensayo El exilio en la palabra: realidad, ficción y filosofía moral (USB) y de la novela Gramática sensible (Editorial Alfa, 2025), Premio Anual Transgenérico en Venezuela. Ha traducido al español, entre otros, a J. M. Coetzee, Truman Capote y Antoine de Saint‑Exupéry para los sellos Big Sur, Rialp y Lupita Books. Ha trabajado como editora en Monte Ávila Editores y en el Banco Central de Venezuela y ha hecho residencias en Faberllull y en la Casa de Traductores Looren. Ha colaborado con publicaciones como The New York Times, El País.