Desahuciada en Madrid la familia de Dulce, madre de cinco hijos, pese a la intervención de la ONU. El Comité de los Derechos del Niño pidió suspender el desalojo hasta lograr una solución habitacional con el objetivo de evitar “daños irreparables”. En la foto, el desahucio de Dulce y su familia, este miércoles en una imagen cedida. A.Makeda-SVMoratalaz, el País.

Dulce y sus cinco hijos, tres de ellos menores de edad y el más pequeño con síndrome de Down, han sido desahuciados este miércoles del hogar donde residían en Moratalaz, propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Junto a Herminio, llevaban residiendo cinco años en una casa en El Ruedo, a orillas de la M-30. Habían accedido a esta sin título, sin un contrato oficial del piso, tras varios intentos fallidos de conseguir una vivienda pública y de negociar un contrato de alquiler social para quedarse, según las asociaciones vecinales que durante tres horas han intentado frenar el actual desenlace entre la tristeza y la indignación. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pidió suspender el desalojo hasta lograr una solución habitacional con el objetivo de evitar “daños irreparables” a los menores.

Pero la demanda no logró que en el segundo intento de desahucio, el lanzamiento se haya ejecutado con la consecuente salida de la familia de la casa. Diversos colectivos vecinales convocaron una protesta a primera hora en El Ruedo, zona integrada por un complejo de viviendas sociales ubicadas frente al parque de Roma. El día de la primera tentativa de desalojo, el 3 de julio, muchos residentes les mostraron su apoyo, consiguiendo aplazar la salida, aunque el pasado jueves, recibieron una carta con la nueva fecha, la de este miércoles.

Fuentes del Ayuntamiento indican que los Servicios Sociales les ofrecieron un programa de alojamiento alternativo y que fue rechazado. Según el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, cuando Dulce estaba embarazada de su último hijo, desde el consistorio se le indicó que “no podía concedérsele la vivienda debido a que ya no cumplían con la capacidad suficiente para albergar a la familia”.

La Agencia de Vivienda Social no ha facilitado ninguna alternativa habitacional “de calidad” para una familia como esta, a juicio de los integrantes del sindicato. “Lo máximo que se ofreció, por parte de los servicios sociales, fue una habitación para todos en una casa compartida o un albergue, ambas opciones de carácter temporal y poco adecuadas para las necesidades del menor”, refieren.

Desde el Ayuntamiento indican que el Samur Social también ha puesto a su disposición un recurso temporal en el marco de la emergencia social, y que ha sido rechazado. Según comunican en el consistorio, les han trasladado que cuentan con alternativa familiar. El lanzamiento se ha ejecutado por parte de la autoridad judicial y durante el desalojo ha estado presente la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha indicado que los servicios municipales del Ayuntamiento “ya están trabajando” con la familia de Dulce para poder ofrecerle una solución habitacional. El también portavoz del Gobierno regional ha subrayado que la comunidad “siempre es muy sensible” a este tipo de situaciones, pero que en este caso es una resolución judicial, de obligado cumplimiento.

Así ha defendido la actuación, a su juicio, coordinada entre la comunidad y el consistorio, antes de cargar contra la ministra Sira Rego. “Le ha faltado tiempo para hacerse la foto”, ha espetado tras tachar su política de adolescente. “No aporta absolutamente nada ni va a aportar a absolutamente a nadie”, ha proseguido.

De momento, Rego ha denunciado al Gobierno de Ayuso ante Fiscalía de Menores. Ha remitido un escrito para que se investigue si los derechos fundamentales de los niños afectados por el desalojo ejecutado este miércoles en Moratalaz han sido vulnerados. Según el escrito, a juicio del Ministerio, la actuación llevada a cabo hoy “genera la desprotección de las personas menores de edad de la familia afectada”, teniendo especialmente en cuenta las necesidades del varón con discapacidad.

Rego recuerda que el auto que ordenaba el desahucio obligaba a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a coordinar su actuación con los Servicios Sociales municipales y a adoptar las medidas que fueran precisas para garantizar el amparo de los más pequeños. La ministra de Juventud e Infancia señala que “no se ha atendido al interés superior del menor” e insiste en el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de protección a la infancia y la adolescencia.

Señala que este desenlace “podría y debería haberse suspendido hasta que los derechos de estas personas menores de edad estuviesen plenamente garantizados tal y como exigía el Comité de Derechos del Niño”. No ha sido así, en su opinión, “no por incapacidad, sino por una falta de voluntad política por parte del Gobierno de Ayuso”. En esta línea, ha criticado la “insensibilidad” de la presidenta autonómica “y el sufrimiento que están provocando las políticas del PP en la infancia más vulnerable”.

Bajo el lema “Dulce se queda”, distintas organizaciones promovieron una concentración en apoyo a la familia tras la suspensión de un primer intento de desahucio, que quedó paralizado a la espera de que se resolvieran diversos recursos, incluida una petición de medidas cautelares ante Naciones Unidas.

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ve en este desalojo “la cara más dura y más cruel” de las políticas sociales y de vivienda del PP de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. “Los servicios sociales sabían que se iba a producir este desahucio porque la familia se lo comunicó, les hizo llegar la resolución de Naciones Unidas y la respuesta que han dado es que no era urgente recibirlos esta semana. Y esto no es un caso aislado”, advierte. Refiere que la Agencia de Vivienda Social es “el mayor casero desahuciador de la región” y la compara con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo: “Malvenden suelo público a fondos buitres y dejan a las familias en la calle”.