La protesta es un derecho. El vandalismo, no. Y confundir una cosa con la otra es exactamente lo que buscan aquellos grupos que, desde hace años, han convertido la violencia callejera en una forma de intervención política, de notoriedad mediática o, simplemente, de delincuencia organizada.
Las imágenes de los últimos disturbios en Francia y Barcelona deberían servir de advertencia. No porque cuestionen la legitimidad de las reivindicaciones que han llevado a miles de personas a las calles, sino porque evidencian hasta qué punto una minoría extremadamente activa es capaz de parasitar cualquier movilización y convertirla en otra cosa.
En París, estudiantes movilizados contra decisiones políticas que afectan a su futuro vieron cómo grupos organizados transformaban una protesta legítima en un escenario de fuego, enfrentamientos y destrucción. En Barcelona, cientos de jóvenes convocados a través de redes sociales protagonizaron saqueos, ataques contra el mobiliario urbano y actos de vandalismo que nada tenían que ver con la reivindicación ciudadana. Los contextos son distintos, pero el patrón es inquietantemente similar.
Ya no estamos frente a explosiones espontáneas de ira colectiva. Hay preparación, logística, instrucciones y coordinación. Las convocatorias circulan por TikTok, Telegram o WhatsApp. Se determinan puntos de encuentro, códigos de vestimenta, itinerarios, objetivos y formas de actuación. La tecnología ha democratizado la movilización ciudadana, pero también ha abaratado la organización del desorden. Bastan unos cientos de personas coordinadas para alterar la percepción de lo que está pasando. Mientras decenas de miles de ciudadanos se manifiestan pacíficamente, las cámaras acaban enfocando los contenedores quemados, los escaparates destrozados y los enfrentamientos con la policía. La reivindicación desaparece. El ruido sustituye al debate. La violencia devora el mensaje.
El problema es que esta dinámica favorece a todos los extremismos. Quienes provocan los disturbios porque quieren desestabilizar el espacio público y quienes aprovechan los disturbios para desacreditar cualquier protesta social. Unos y otros se necesitan. Unos fabrican el caos. Los demás lo utilizan como prueba de que toda movilización es una amenaza. Por eso sería un error monumental permitir que los violentos se conviertan en los portavoces involuntarios de toda una generación. Los estudiantes franceses no son los encapuchados que buscan el choque con la policía. Los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente en Barcelona no son los saqueadores que aprovechan a la multitud para actuar con impunidad. La inmensa mayoría quiere ser escuchada. Una minoría solo quiere ser temida.
La respuesta de las democracias no puede limitar el derecho de protesta. Debe ser exactamente la contraria: protegerlo. Garantizar que las calles sigan siendo un espacio de reivindicación y no un terreno de juego para grupos organizados que viven de la confrontación permanente. La protesta es un derecho. El vandalismo, no. Y confundir una cosa con la otra es exactamente lo que buscan aquellos grupos que, desde hace años, han convertido la violencia callejera en una forma de intervención política, de notoriedad mediática o, simplemente, de delincuencia organizada.
Las imágenes de los últimos disturbios en Francia y Barcelona deberían servir de advertencia. No porque cuestionen la legitimidad de las reivindicaciones que han llevado a miles de personas a las calles, sino porque evidencian hasta qué punto una minoría extremadamente activa es capaz de parasitar cualquier movilización y convertirla en otra cosa. En París, estudiantes movilizados contra decisiones políticas que afectan a su futuro vieron cómo grupos organizados transformaban una protesta legítima en un escenario de fuego, enfrentamientos y destrucción. En Barcelona, cientos de jóvenes convocados a través de redes sociales protagonizaron saqueos, ataques contra el mobiliario urbano y actos de vandalismo que nada tenían que ver con la reivindicación ciudadana. Los contextos son distintos, pero el patrón es inquietantemente similar.
Ya no estamos frente a explosiones espontáneas de ira colectiva. Hay preparación, logística, instrucciones y coordinación. Las convocatorias circulan por TikTok, Telegram o WhatsApp. Se determinan puntos de encuentro, códigos de vestimenta, itinerarios, objetivos y formas de actuación. La tecnología ha democratizado la movilización ciudadana, pero también ha abaratado la organización del desorden. Bastan unos cientos de personas coordinadas para alterar la percepción de lo que está pasando. Mientras decenas de miles de ciudadanos se manifiestan pacíficamente, las cámaras acaban enfocando los contenedores quemados, los escaparates destrozados y los enfrentamientos con la policía. La reivindicación desaparece. El ruido sustituye al debate. La violencia devora el mensaje.
Y esto no es casual. Hace tiempo que los grupos radicales han entendido una realidad fundamental de la sociedad digital: no es necesario representar una mayoría para imponer un relato. Basta con generar imágenes suficientemente impactantes para que monopolicen la atención pública. En la economía del algoritmo, una barricada en llamas vale más que mil pancartas. Un saqueo obtiene más visualizaciones que una asamblea. La destrucción es viral; los argumentos, raramente.
El problema es que esta dinámica favorece a todos los extremismos. Quienes provocan los disturbios porque quieren desestabilizar el espacio público y quienes aprovechan los disturbios para desacreditar cualquier protesta social. Unos y otros se necesitan. Unos fabrican el caos. Los demás lo utilizan como prueba de que toda movilización es una amenaza. Por eso sería un error monumental permitir que los violentos se conviertan en los portavoces involuntarios de toda una generación. Los estudiantes franceses no son los encapuchados que buscan el choque con la policía. Los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente en Barcelona no son los saqueadores que aprovechan a la multitud para actuar con impunidad. La inmensa mayoría quiere ser escuchada. Una minoría solo quiere ser temida.
"Quienes queman contenedores no son la voz de la juventud. Quienes saquean comercios no representan ninguna causa social. Pero sería igualmente un error permitir que unos cientos de personas violentas que dicen se aburren, anulen las reivindicaciones de decenas de miles de ciudadanos pacíficos. La democracia tiene la obligación de perseguir a los primeros, y escuchar a los segundos. Si confunde a unos con otros, perderá las dos batallas"
La respuesta de las democracias no puede limitar el derecho de protesta. Debe ser exactamente la contraria: protegerlo. Garantizar que las calles sigan siendo un espacio de reivindicación y no un terreno de juego para grupos organizados que viven de la confrontación permanente.
Porque una sociedad sana no es aquella en la que nadie sale a la calle. Es aquella en la que la ciudadanía puede salir sin que su voz sea secuestrada por quienes confunden la política con el caos. Y hoy, en Francia, en Barcelona y en toda Europa, esta es una batalla democrática que ya está en marcha.
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