Clama alarmada la patriótica y nacionalista burguesía española ante la posibilidad de que el país se divida. También se alarmaría la patriótica y nacionalista burguesía catalana si, alcanzada la ansiada independencia, una parte de su independizado país pugnara a su vez por la secesión, proceso este que de repetirse en todas las autonomías conduciría, escisión tras escisión, al punto de partida en el que todo habría cambiado… y todo seguiría igual. Porque tanto quienes claman por la sacrosanta unidad de esa franquicia llamada España, como quienes aspiran a establecer la suya propia, saben o deberían saber que España siempre ha estado dividida y que Catalunya, independiente o no, también lo está; dividida entre potentados y súbditos (por más que el eufemístico ciudadanismo burgués procure correr tupidos y democráticos velos); dividida, porque una minoría posee a perpetuidad la ilegítima titularidad de un reino anclado en la dictadura, minoría que acapara las riquezas y los recursos del país (incluidos los mercantilmente denominados recursos humanos), en tanto que la mayoría de la población (prescindible, punible y desterrable cuando dicha minoría lo decreta) es simplemente explotada a conveniencia para producir e incrementar el enajenado patrimonio patrio, supuestamente común según la decorativa Constitución. En fin, eso que denominamos sistema de clases, y que es donde realmente reside el quid de la cuestión.
La tan publicitada soberanía popular es una insultante falacia proyectada por las mismas instituciones encargadas de impedirla, instituciones a las que la crédula feligresía electoral se encarga de legitimar ritualmente cada cuatro años, en la firme convicción de que mediante dicha farsa es posible alterar el a todas luces injusto orden de los factores. Pero tal ritual no es más que un verbenero placebo, una escenificada ilusión, un espejismo alimentado por el poderoso dispositivo mediático. Privatizado de facto, la función del Estado ha quedado reducida a “mantener el orden”, es decir, a administrar y dirigir un aparato judicial, unas fuerzas armadas y una policía afines al Régimen que las promueve, instituciones cuya principal misión consiste en delimitar y salvaguardar la auténtica frontera, esa que separa a independientes de dependientes, a explotadores de explotados y a la opulencia de una minoría de la miseria de la mayoría. Frontera que atraviesa y fractura cada rincón del país, y que ni el mismísimo dinero –pasaporte que en el mundo capitalista posibilita sortearlas todas– basta para franquearla cuando se trata de acceder a los herméticos dominios del Poder, inaccesibles excepto para esas amorales huestes cuidadosamente aleccionadas, seleccionadas en función de su sumisa y servil obediencia. Roma sí paga traidores.
Entre la chabola y la mansión, entre la escasez y la abundancia, entre el desposeído y el usurpador, media una frontera colmada de obstáculos y trampas de muy diversa índole, todas ellas arteramente dispuestas, todas ellas rematadas por la bandera, oligárquico emblema del dictatorial Poder de la clase dirigente. Sólo hay que observar atentamente el mapa social para comprobar –hasta donde la mirada alcance y la policía nos permita– cuál es, con qué fin se ha establecido y a qué intereses sirve la auténtica frontera. Comprenderemos entonces por qué agitan las banderas.
Loam - Arrezafe
