El Govern de Catalunya quiere destruir a Margarita. Margarita tiene cuatro años. Su pelo es castaño y negro, y tiene unos grandes ojos oscuros con los que mira con curiosidad a todo el que se acerca. En apenas ocho días tiene firmada su sentencia de muerte por el Govern de Cataluña. Sentencia de muerte porque Margarita es una vaca.

Nacida en una explotación ganadera de vacas utilizadas para lidia, llegó al mundo con muy poco peso porque su madre era muy joven. Lo tradicional en estos casos es matar a las crías y seguir engordando a sus madres hasta que cogen el peso adecuado para los fines que los ganaderos consideren. Pero, en el caso de Margarita, un amigo del ganadero se quiso hacer cargo de ella. Margarita fue un regalo. Así que, sin transacción económica mediante, pasó a ser adoptada por una familia del mismo pueblo, Tortosa, en Tarragona.
Margarita y Elena. Foto: Rubén Lucía
Cómo será el carácter de esta vaca, que su apodo es La dulce Margarita. Niños y mayores se han ido acercando a lo largo de estos cuatro años a conocer a la famosa Margarita, que se deja cepillar, rascar y querer como hace cualquier perrillo. Sin embargo, a alguien le molestó su presencia y la denunció a las autoridades. Por desconocimiento, su familia no entendió que Margarita, como animal de compañía, necesitaría llevar un chip identificativo y estar dada de alta en un registro. Así que, tras la denuncia de la vecina, les notificaron que tenían dos días para proceder a ese alta, bajo pago previo de una multa de 600 euros. La persona responsable de Margarita no consiguió darle de alta a tiempo, por lo que la nueva resolución exige la muerte del animal.

Esta decisión de la Administración es consecuencia de la modificación del  Real Decreto 1980/1998 de 18 de septiembre, tras la crisis conocida como "de las vacas locas" en Inglaterra. En él se recoge lo relativo al sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. Los responsables de la Generalitat se acogen a que Margarita es un animal doméstico, por lo que la ley, en su apartado 16.1, dictamina que "los animales no identificados serán destruidos sin demora bajo la supervisión de los servicios veterinarios oficiales y sin que el poseedor tenga derecho a indemnización alguna". Hablan, literalmente, de destruir a Margarita. Todo porque, cuando se trata de una vaca, la legislación no contempla otro final que el consumo.

Pero, ¿y si Margarita nunca llegase a ser carne de hamburguesas?

Dos de los santuarios que existen en el Estado español, el madrileño Wings of Heart y El Hogar Provegan (EHP), situado en Tarragona, se ofrecieron a hacerse cargo de Margarita, costeando todos sus gastos: tanto la multa (que ahora asciende a entre 3.001 y 60.000 euros) como las pruebas veterinarias, su traslado hasta el santuario de Tarragona, preparado para acogerla, y cualquier otro que pueda surgir en el transcurso del rescate de esta pequeña vaca. "Nos dan diez días para presentar alegaciones porque la van a matar. Han desestimado traerla al santuario porque no se garantiza la trazabilidad, es decir, que esté sana. Eso es imposible. Muchos animales, incluso decomisos que nos trae la policía, vienen sin identificar y no nos lo piden", dice Elena Tova, directora de EHP.

Cristina Massot, jefa de servicios del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, y el veterinario designado en el caso aseguraban a Tova el pasado martes que aún no había nada decidido, pero el miércoles llegaba la resolución con la negativa de las autoridades y, con ella, otros diez días de plazo para presentar alegaciones antes de matar a Margarita. No parecen querer ayudar a quienes, ahorrando complicaciones a las administraciones, se empeñan en salvar la vida a esta simpática vaca que se ha ganado el cariño de casi todos los habitantes de Tortosa.

Desde el santuario EHP siguen presentando batalla a contrarreloj, alegando que Margarita debería recibir trato de animal de compañía y no doméstico, ya que no va a terminar en ningún momento de su vida en el plato de nadie, por lo que el supuesto riesgo contemplado por la ley quedaría anulado. Si no hay consumo, no hay peligro.

Mientras, en las redes se ha organizado una protesta masiva exigiendo al Govern el indulto de Margarita. Carteles con la cara de Margarita y la cuenta atrás para su asesinato pueden verse en Facebook, Twitter o Instagram. Más de cien mil personas han firmado ya la  petición de Change.org, incluso desde México, Argentina, Italia o Chile. Ciudadanos y ciudadanas, que están empatizando –quizá por primera vez– con uno de los animales más abusados sobre la faz de la tierra, suplican a la Administración que Margarita viva. Que permitamos algo de ternura en nuestra violencia cotidiana.

El indulto –que supondría una pequeña victoria como sociedad, y a Margarita su futuro– es tan solo un parche en la máquina burocrática del Estado. Porque se siguen registrando casos similares al de Margarita, como el de la vaca Carmen, dado que la ley es insuficiente. Los santuarios de animales, donde tantos y tantos refugiados encuentran un hogar de por vida, no cuentan con una legislación que reconozca su actividad como centros de rescate y deben darse de alta como ONG y como centro de explotación ganadera. Dejando de lado el sarcasmo que supone que un santuario antiespecista deba registrarse igual que una granja, es inadmisible el estrés al que someten las constantes (y con frecuencia inútiles) pruebas por parte de Sanidad a estos animales, que precisamente se recuperan de una vida de maltrato. Pero lo más grave es el estado de indefensión que imponen a personas que han dejado atrás sus vidas para dedicarse a la importante labor social de salvaguardar la humanidad que nos queda cuando protegemos a los más indefensos.  

En este caso, no solo la multa es desproporcionada para la familia adoptiva de Margarita (y para los dos santuarios que se han ofrecido a costearla), sino que el tiempo sigue avanzando hacia esa condena a muerte de alguien cuyo único delito es haber nacido dentro de esa categoría inferior, imaginaria y arbitraria donde situamos a los otros animales. La ley nos condena a destruir a Margarita, pero las leyes las hacemos todas, con nuestra responsabilidad social y colectiva, así que pensemos qué nos dice el sentido común que debemos hacer con La Dulce Margarita. eldiario.es