Ayer, el Parlamento de Catalunya, en un acto solemne, aprobó por unanimidad la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo. Una ley que anula todas las sentencias de los consejos de guerra instruidos en Catalunya por causas políticas y dictadas por el régimen franquista desde 1938 hasta 1978, y que restituye por fin la memoria de víctimas y represaliados.
Alemania o Italia sí han sido capaces de pasar cuentas con sus pasados ​​totalitarios, porque han entendido que para tener una democracia sólida antes había que juzgar a los fascistas y resarcir a las víctimas. España, sin embargo, nunca ha juzgado la dictadura, y el franquismo ha quedado impune gracias a una ley de amnistía que sirvió para que los verdugos no tuvieran que pagar por sus crímenes.
La consecuencia ha sido una Transición hecha con pies de barro, con unos cimientos democráticos débiles que se tambalean día sí día también. La prueba fehaciente la tenemos en que la decisión del Parlamento de Cataluña coincida con la misma semana en que el Congreso ha condecorado el ex-ministro franquista Rodolfo Martín Villa, sobre quien pesa una orden de busca y captura internacional por crímenes contra la humanidad por los asesinatos de Vitoria en marzo de 1976. Una muestra de cómo trata España todavía a día de hoy a los franquistas y la impunidad de estos. Y toda la preocupación de unos y otros ha sido no por la condecoración impuesta a Martín Villa, sino por que se olvidó de invitar al rey emérito a la celebración en el Parlamento de los cuarenta años de las primeras elecciones democráticas. ¿Democráticas?