Todo en esta operación de la aplicación del artículo 155 es extraño. La pone en marcha un fiscal general reprobado por el Congreso de los Diputados, una persona que carece de legitimidad  para desempeñar el cargo. Enbtre los juristasn casi nadie considera que las conductas de los querellados encajen en los tipos delictivos de los que están siendo acusados: rebelión y sedición. El órgano judicial al que se ha acudido, la Audiencia Nacional, no es competente para entender de estos delitos, según dictaminó él mismo. Las decisiones de la jueza de la Audiencia Nacional mediante la cual adoptó la medida de prisión provisional para los Jordis y ha admitido a trámite las querellas contra los miembros del Govern tienen una fundamentación jurídica delirante.

 No existe la más mínima apariencia de administración de justicia. Todos los indicios apuntan a que nos encontramos ante una operación política del Presidente del Gobierno a través del fiscal general del Estado, que, justamente por eso continua siéndolo, a pesar de la reprobación.
De hecho así ha venido siendo la estrategia de Mariano Rajoy desde el primer momento. El nacionalismo catalán no plantea un problema de naturaleza política, sino un problema de naturaleza penal, al que hay que responder con la actuación de la Fiscalía en todo caso y con los tribunales después. Quizás si haya sido inteligente la presunta huida de Puigdemont y cuatro consellers a Bélgica, con ella, al internacionalizar el conflicto, el momento judicial ya no lo controla el presidente del Gobierno, y esto debe de haber desconcertado tanto a este como al afinador Maza que no contaban con ello. Ahora todo depende de lo que decida la justicia Belga.