No se ha hablado suficiente de esta noticia de ayer y que no es ninguna inocentada, o tal vez si que lo acabará siendo: El Tribunal de Cuentas ha condenado a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y otros siete altos cargos de su Gobierno a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado.
La sentencia concluye que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio al patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) a dicho fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas del Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
Dicha venta de vivienda pública en Blackstone está siendo investigada también por la vía penal. Esta vía, y la del Tribunal de Cuentas, son independientes. Fuentes de la cámara fiscalizadora explican a eldiario.es que su resolución puede ser "medio de prueba" en el proceso penal si alguna de las partes lo solicita y el instructor, o después tribunal, así lo acuerda.
La sentencia dictada por la consejera del Tribunal de Cuentas María Antonia Lozano Álvarez contra Ana Botella y su equipo municipal de Gobierno para vender a un fondo buitre viviendas municipales por un precio menor se puede recurrir ante el mismo órgano fiscalizador. Pero aquí no acaba el recorrido de los recursos. Las partes pueden acabar sometidas al veredicto último de la Sección Tercera del Tribunal Supremo, la misma que ha tenido en los últimos tiempos gran repercusión por la sentencia de las hipotecas.
Los condenados por el Tribunal de Cuentas ha anunciado que recurrirán. La decisión les da un plazo de quince días. Será la llamada sala de justicia quien debe resolver...
... y aquí es cuando todo empieza a oler a azufre. Un tribunal de tres consejeros de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas resolverá el primer recurso contra la decisión de su compañera María Lozano. Estará compuesto por dos consejeros a propuesta del PP, Suárez Robledano y Margarita Mariscal de Gante, y un tercero que presentó el PSOE, Felipe García Ortiz. Con estos tres consejeros, se vislumbra que es muy probable que se escapen de la sanción, la señora Botella y los siete enanitos. Blanco y en botella: Horchata, in the plaza Mayor, por suposaiting. ¡Paíssssss!. Y no se trata de que uno se ponga la venda antes que se produzca la herida, es que uno ya sabe de viejo o ha ido aprendiendo de que va y como va todo esto de la justicia en España, va de cachondeo...
La sentencia concluye que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio al patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) a dicho fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas del Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
Dicha venta de vivienda pública en Blackstone está siendo investigada también por la vía penal. Esta vía, y la del Tribunal de Cuentas, son independientes. Fuentes de la cámara fiscalizadora explican a eldiario.es que su resolución puede ser "medio de prueba" en el proceso penal si alguna de las partes lo solicita y el instructor, o después tribunal, así lo acuerda.
La sentencia dictada por la consejera del Tribunal de Cuentas María Antonia Lozano Álvarez contra Ana Botella y su equipo municipal de Gobierno para vender a un fondo buitre viviendas municipales por un precio menor se puede recurrir ante el mismo órgano fiscalizador. Pero aquí no acaba el recorrido de los recursos. Las partes pueden acabar sometidas al veredicto último de la Sección Tercera del Tribunal Supremo, la misma que ha tenido en los últimos tiempos gran repercusión por la sentencia de las hipotecas.
Los condenados por el Tribunal de Cuentas ha anunciado que recurrirán. La decisión les da un plazo de quince días. Será la llamada sala de justicia quien debe resolver...
... y aquí es cuando todo empieza a oler a azufre. Un tribunal de tres consejeros de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas resolverá el primer recurso contra la decisión de su compañera María Lozano. Estará compuesto por dos consejeros a propuesta del PP, Suárez Robledano y Margarita Mariscal de Gante, y un tercero que presentó el PSOE, Felipe García Ortiz. Con estos tres consejeros, se vislumbra que es muy probable que se escapen de la sanción, la señora Botella y los siete enanitos. Blanco y en botella: Horchata, in the plaza Mayor, por suposaiting. ¡Paíssssss!. Y no se trata de que uno se ponga la venda antes que se produzca la herida, es que uno ya sabe de viejo o ha ido aprendiendo de que va y como va todo esto de la justicia en España, va de cachondeo...
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