ECONOMÍA DIGITAL

Las multinacionales de la llamada “economía digital” utilizan paraísos fiscales para reducir su factura fiscal, al tiempo que utilizan tus datos para hacer negocio. La Comisión Europea quiere acabar con ello, pero primero tendrá que definir por qué y dónde los tienen que pagar.

La economía cambia. Las multinacionales evolucionan expandiendo su actividad por todas las facetas de nuestra vida, por todos los rincones del planeta, bajo nuevas formas de negocio inimaginables hace tan solo unos pocos años. La llamada “economía digital” ha nacido y crece a unos pasos agigantados. Pero el control de los gobiernos y las legislaciones van mucho más lentas y reproduce campos de batallas desiguales entre esas grandes empresas y los Estados.

El terreno fiscal es una de las contiendas en las que los Estados, y por lo tanto los contribuyentes van perdiendo. La empresas tecnológicas que componen esa economía digital están en el punto de mira de la Comisión Europea (CE) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La ardua tarea de desarrollar un sistema de impuestos para estas empresas y para los “datos” se plantea como uno de los principales retos de la economía global.

Según la CE, las empresas de servicios digitales pagan un tipo impositivo real del impuesto de sociedades (IS) de tan solo el 9%. Bastante menos que la media del resto de empresas que, según este mismo organismo, pagan un 23%. Pero un estudio de la Tax Justice Network, organización civil británica que denuncia los sistemas fiscales injustos, revela que las principales empresas de servicios digitales que operan en Europa pagan un tipo de IS efectivo alrededor del 10%.

Esto se suma al dominio mundial que empiezan a ejercer estas empresas. Actualmente, nueve de las veinte mayores empresas del mundo por capitalización bursátil son digitales. Hace diez años, en ese mismo ranking, solo encontrábamos una empresa.

Muchos escándalos protagonizados por este tipo de compañías han puesto en el debate público su poca aportación a las haciendas de los países donde operan y de donde obtienen sus beneficios. Apple protagonizó uno de los más sonados. En septiembre de 2016, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, multaba a la empresa de la manzana con 13.000 millones de euros más intereses por los impuestos no pagados a Irlanda, cuna europea de la mayoría de las empresas tecnológicas estadounidenses debido a su bajo IS, entre 2003 y 2014.

A Vestager tampoco le tembló el pulso a la hora de multar a Amazon o Microsoft. Pero el mayor escándalo, y a lo que se está intentando poner remedio, no es que esas empresas paguen pocos impuestos en Irlanda, sino que no paguen impuestos en los países donde obtienen los beneficios, venden sus servicios o recolectan datos para luego venderlos. 

Son muchas las definiciones que se le han intentado dar a esta nueva etiqueta de la economía. La rapidez con la que cambian este tipo de empresas, y con la que aparecen nuevos negocios y tecnologías, deja obsoletas las definiciones que la intentan acotar y, por lo tanto, regular.

Cuando oímos hablar de las empresas digitales, la imagen que tiene la gran mayoría de la gente es la de cualquier compañía que ofrece sus servicios mediante una página web o plataforma digital, pero la definición que usan organismos como la CE es mucho más acotada.

La economía digital abarca aquellas actividades donde los ingresos son generados por actividades en las que los usuarios desempeñan un papel importante en la creación del valor, o sea, cuando los datos que aportamos —o nos extraen— son usados para obtener un beneficio por parte de la empresa. Ese uso se puede clasificar en tres grupos o formas de rentabilizar esos datos.

La primera actividad que se pretende gravar con estos nuevos impuestos son los ingresos por publicidad en páginas web. Cuando visitamos una página, las cookies, esos programas que se instalan en nuestro ordenador, envían información sobre nuestra localización, últimas búsquedas u otros datos personales y demográficos para clasificarte como potencial cliente de según qué tipo de empresa y vender los espacios publicitarios de esa página web al mejor postor.

Con la legislación fiscal actual se puede dar la paradoja de estar visitando una web en español, en la que puedas estar contratando un servicio o comprando un producto a una empresa que esté a pocos kilómetros de tu casa, ser bombardeados por publicidad de otras empresas españolas y que esa web no pague impuestos en el Estado español. Esto puede ocurrir cuando esa web esté haciendo de intermediario entre esa empresa y tú, pero no tenga residencia fiscal aquí. Si, además, el domicilio fiscal de esa web se encuentra en países como Irlanda, Países Bajos o cualquier paraíso fiscal, posiblemente acabe por no pagar nada.

El último sector, uno de los más polémicos y difíciles de acotar y controlar, es el que está compuesto por empresas que generan beneficios mediante la venta de datos obtenidos de información de los usuarios. El uso del big data o la falta de métodos para valorar los datos dificultan que se puedan gravar. En este grupo de compañías se incluyen las redes sociales como Facebook que, gracias al escándalo de Cambridge Analytica, se ha destapado lo rentable e influyente que puede ser la venta de datos obtenidos por parte de una empresa con el alcance que tiene la red social de Mark Zuckerberg. Pero no solo las grandes redes sociales comercian con nuestros datos: aplicaciones móvil para controlar la menstruación que venden todo tipo de información sobre el Estado de las mujeres o juegos “gratis” para tu teléfono que acceden a tus fotos o contactos, son solo algunos de los ejemplos. - elsaltodiario.com