España es una unidad de destino en lo irracional, empeñada en mantener vivo al independentismo a base de dislatess políticos y judiciales. Mientras Bolaños se jacta de que el proceso està muerto y enterrado.Como el Real Madrid, el proceso no está muerto, estaba tomando cañas, sobre todo y gracias a la terquedad de Puigdemont, y a la obsesión del Estado por encarcelarlo.

Además tanto Fiscalia como Llarena apuntan al lugar equivocado, siguen sin entender nada de cómo va el proces y la DUI de Schrödinger. Si Puigdemont fue quien evitó el 'alzamiente' que preconizaban Junqueras y Rovira. Si deberían estarle agradecidos en vez de perseguirle. Mientras los acólitos de Puigdemont tachan de botifler a Junqueras escenificando la división del mundo independentista de lo que ya nos avisó en su día Jose Maria Aznar.

"Es un disparate inconstitucional." Así ha calificado Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, la decisión de la Abogacía del Estado de sumarse a la Fiscalía del Tribunal Supremo y pedir al juez Pablo Llarena que incluya en su auto de procesamiento del presidente en el exilio Carles Puigdemont y de los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí el delito de desórdenes públicos agravados, además del de malversación por el 1-O. Preguntado por ElNacional.cat, Urías ha insistido en explicar que el delito de desórdenes agravados "no existía" en otoño de 2017, cuando se hizo la consulta del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya y, por tanto, los responsables del Govern juzgados y en el exilio no sabían que hay unas actuaciones que ahora son delictivas, aunque existiera el delito de desórdenes. El jurista espera que Llarena y la sala penal del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación, "lo tumben" y si no lo harán los tribunales europeos.

Joaquín Urías también es bastante crítico con el auto del magistrado Pablo Llarena en el que actualiza el procesamiento de los políticos catalanes en el exilio por la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, acordada por el PSOE Podemos y ERC. Para el profesor, el juez Llarena "se ha excedido en dos aspectos". El primero es un exceso "formal" porque Llarena ha hecho "política legislativa" porque en la resolución critica la reforma y la eliminación del delito de sedición, y lo que le toca es "aplicar la ley". “Llarena -manifiesta, Urías- no ha sido escogido por el pueblo. Es un ciudadano más y en la función de juez debe aplicar la ley. Es sancionable lo que ha hecho.” El segundo exceso es de “interpretación” en el caso del delito de malversación, ya que el juez califica que el gasto imputado por realizar el 1-O es una malversación agravada, y no atenuada, como recoge la nueva reforma. “Para Llarena todo gasto que haga un político puede ser delictivo porque sostiene que existe enriquecimiento ideológico. Como si un alcalde quiere abrir una biblioteca por las tardes. ¡Toda actuación es política! ”, se exclama Urías, que ha denunciado que es “un truco” de Llarena para “deslegitimar” la nueva reforma penal.

Los jueces "no aplican la ley" en el caso catalán - Si prosperan los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el presidente Carles Puigdemont podría afrontarse a una petición de un máximo de 17 años de cárcel: 12 años por la malversación agravada y 5 años por los desórdenes agravados, que alejan la rebaja pensada y pactada por los responsables políticos del PSOE y ERC. Preguntado por este extremo, Joaquín Urías ha afirmado: “Tenemos jueces que no aplican la ley cuando se trata del independentismo catalán; la cambian. Haga lo que haga no permitirán que Puigdemont vuelva.”

Aparte de las acusaciones, Clara Ponsatí, a quien el juez acusa del delito de desobediencia, ya ha presentado un recurso contra la resolución, a través de su abogado Gonzalo Boye, en la que le pide que retire la orden de detención al 'Estado español aunque sea para ir a declarar, además de asegurar que este delito ya está prescrito en su caso. El exconseller Lluís Puig, a través de su nuevo abogado Miquel Sàmper, también ha presentado recurso y reclama que se le retire la acusación por malversación porque ya fue un hecho juzgado en la causa del proceso en el Tribunal Supremo. El presidente Puigdemont y Toni Comín también presentarán sus recursos, a través de su abogado Gonzalo Boye. El plazo finaliza este viernes, aunque siempre hay un día añadido, el llamado de gracia.