Y si a esa cifra se suman las leyes de esta clase aprobadas entre el siglo XIX y las dos primeras décadas del siguiente, los números alcanzan cantidades muy abultadas. El sociólogo Daniel Escribano, que ha estudiado el uso político de las amnistías durante los dos últimos 200 años, explica que en el convulso siglo XIX español muchas de estas medidas se adoptaban en momentos de cambio de la facción en el poder y que en algunos casos tenían más de autoamnistía que de otra cosa.
Es lo que sucedió con la medida de gracia decretada en 1837, en la fase final de la primera guerra carlista y cuando el desenlace de la contienda ya estaba claro. En esa ocasión se perdonaron los delitos cometidos solo por uno de los bandos -el vencedor, por supuesto- aunque después, en 1840 y ya en paz, la medida se extendió a los carlistas. En total, Escribano contabiliza no menos de doce amnistías en el siglo XIX, al margen de numerosos indultos más o menos generales decretados, por ejemplo, con motivo de la llegada al poder de un nuevo soberano. En su opinión, cambios políticos de mayor o menor calado, como el mencionado final de la primera guerra carlista o la Primera República, están detrás de estas medidas.
Sin embargo, aunque sí es cierto que en muchas ocasiones las amnistías han servido para restañar heridas políticas, en otras han sido o bien instrumentos para que los propios gobernantes se exculparan o bien han sido utilizadas como herramienta de parte por el gobierno de turno, señala Manuel Torres Aguilar, profesor de Historia del derecho en la Universidad de Córdoba y autor de Historia del indulto y la amnistía: de los Borbones a Franco (Tecnos). En los casos en que se ha utilizado como instrumento de pacificación destaca, por ejemplo, con la que se aprobó al proclamarse la Segunda República, o la de febrero de 1936, que anulaba las condenas a quienes tomaron parte en el levantamiento revolucionario en Asturias y la proclamación del Estat català de 1934. Un perdón este último que también fue apoyado por la derecha.
En dos siglos España ha aprobado casi 30 amnistías, sin contar las ficales ni los indultos. En cambio, en otros casos como la amnistía aprobada también en 1934, con el gobierno de derechas de Lerroux y que significó el perdón para los implicados en la intentona de golpe de Estado de Sanjurjo de 1932, la cuestión fue muy distinta, porque fue una medida de gracia de parte. “La Segunda República fue especialmente activa en este terreno”, señala este especialista, aunque esta dinámica tenía un precedente inmediato en la etapa de Primo de Rivera. En aquella dictadura se decretó una amnistía que anulaba las responsabilidades penales para los oficiales acusados de negligencia en el tristemente célebre desastre de Annual.
Pero la más llamativa de todas las autoamnistías es la que en septiembre de 1939, recién terminada la Guerra Civil, fue aprobada por el régimen franquista para descargar de responsabilidad a todos quienes hubieran cometido actos contra la República entre 1931 y 1936, incluyendo daños, lesiones o incluso asesinatos siempre que la ideología que hubiera movido a los autores fuera “coincidente con el Movimiento Nacional”.
El uso de esta figura legal, pues, no ha sido precisamente infrecuente en la historia de España. A las doce contabilizadas en el siglo XIX habría que añadir las promulgadas en el XX, esto es, quince amnistías más (siete en las dos primeras décadas del siglo y ocho a partir de Primo de Rivera). La especial intensidad de esos primeros años se debe a que, según Daniel Escribano, se promulgaron algunas medidas de gracia relacionadas con delitos de opinión que no fueron acompañadas de modificaciones del código penal. De esa manera, tiempo después eran necesarias nuevas amnistías. Y este balance global, además, no tiene cuenta las amnistías fiscales, de las que a partir de la transición ha habido tres (1984, 1991 y 2012), ni los indultos generales promulgados repetidamente en tiempos de Franco pero también bajo gobiernos democráticos.
La amnistía para los políticos independentistas no es por tanto excepcional si se tiene en cuenta que entre el siglo XIX y el XX ha habido casi treinta medidas de este tipo. Lo que, en cambio, sí es extraordinario es el nivel de polémica que rodea a la medida en esta ocasión, aunque quizás esa polémica solo sea por la cerrazón del Partido Popular del cuánto peor mejor, con el soporte hooligan de unos cuantos jueces prevaricadores compulsivos. Spain is different.
Publicar un comentario