DEL COMANDO DIXAN AL LAWFARE ACTUAL

El ministro Félix Bolaños ha reprochado a Junts más de una vez sus andanadas contra los jueces. En público y en privado. Como responsable de Justicia, intenta preservar las relaciones institucionales con la magistratura, pero la instrucción del caso Tsunami por parte de Manuel García-Castellón está poniendo al traste con su estrategia. Sin necesidad de que Carles Puigdemont haga ni un tuit, la vicepresidenta Teresa Ribera es quien ha descrito la actuación del juez: “Nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esa misma dirección, tiene una implicación política importante, y suele salir a colación en momentos políticos sensibles”. En el PP han puesto nombre a las palabras de Ribera: la vicepresidenta acusa al juez de "prevaricación", afirma Borja Sémper, y desencadena la enésima cruzada a cuenta del lawfare con reprobación de Ribera en el Senado garantizada por la mayoría popular.

El último auto de García-Castellón pretende apuntalar una insólita acusación de terrorismo contra Puigdemont y Marta Rovira. Las "armas" de las manifestaciones recuerdan la peligrosa "trampa del Fairy" contra la policía descubierta en el juicio del 1-O y se criminaliza a los 7.000 asistentes a un concierto y una acampada ante la Universidad de Barcelona que ni la Junta Electoral Central ordenó desalojar. El despertar de la causa durmiente durante cuatro años coincidiendo con el pacto PSOE- Juntos en noviembre acaba poniendo en evidencia que la finalidad de la acusación no es otra que llevar al Tribunal Supremo una causa de inhabilitación política del expresidente amnistía.

No es la primera vez que se moldea un delito para aplicarlo al independentismo. En el 2014, UPyD y Manos Limpias ya intentaron que se acusara por sedición a la Mesa del Parlament por la declaración de desconexión del 9-N. El TSJC lo desestimó: no se podía equiparar un levantamiento violento con un acto inconstitucional de una cámara legislativa. Las condenas fueron por desobediencia, pero la sedición y sus tumultos arraigaron en la sentencia del 1-O, previo paso por la rebelión. La violencia vuelve a ser el debate de la acusación por terrorismo. ¿Pero qué violencia?

El juez está librando batalla contra la Fiscalía, que sólo ve desórdenes públicos en las manifestaciones postsentencia del 1-O; y contra la mayoría de la investidura. ¿El juez actúa como un lobo solitario en la Audiencia Nacional? Si su red de seguridad es el Tribunal Supremo, ésta no sería su mejor semana política. El Tribunal Constitucional ha tumbado la condena que dejó a Alberto Rodríguez sin escaño y la pretensión de juzgar de nuevo a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. Dos ponencias de Miguel Colmenero.

Pero la eclosión de la causa por terrorismo es lo que desajusta el pacto del PSOE con ERC y Junts –siempre por separado– sobre la ley de Amnistía. La última propuesta de los republicanos antes del acuerdo implicaba señalar como exclusión los delitos de terrorismo cuando comporten muerte, lesiones, pérdidas de un órgano (así se incluía el caso de Roger Español)... Pero el texto de la proposición pactado con Junts –que solo firmó el PSOE– optó por otra fórmula. Excluir los delitos de terrorismo con sentencia firme. Que los independentistas mantengan ahora sus enmiendas aunque no haya acuerdo con el PSOE no es más que un gesto político en el juego de espejos que mantienen a los socios en Madrid.

La actuación judicial de García-Castellón es una incógnita en la ecuación política catalana. Sin controlar el calendario de aplicación de la amnistía previo paso por el Senado con mayoría del PP, ERC ha decidido acabar con la falsa incertidumbre sobre la candidatura de Pere Aragonès, que aprovechará el último año de la legislatura para apuntalar la oferta republicana respecto a Salvador Illa. Cualquier otra opción –Oriol Junqueras– habría sido una autoenmienda a la totalidad en el mandato de Aragonès y la gestión republicana. Es Junts quien mantiene la incógnita sobre su cartel electoral con la puerta abierta a Puigdemont, un “terrorista” poco ortodoxo, si la amnistía lo permite y los números lo requieren.

Dile prevaricación, dile terrorismo... de Estado, dile acoso político, dile lawfare, pero no me lo niegues. Y viene de viejo, remontémonos al 2003 y al comando Dixan. En enero del 2003, en un momento en el que el Ejecutivo de José María Aznar necesitaba un revulsivo interno para justificar la participación española en la guerra de Irak, lanzó la Operación Lago. El operativo, en cuyo marco se detuvo hasta 23 personas en varios puntos de Barcelona y Girona, cumplía un objetivo político concreto: hacer presente la amenaza yihadista y, por tanto, justificar la invasión de Irak, tal cómo demuestran las declaraciones del presidente del Gobierno español o incluso las del secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, en la ONU.

Sin embargo, estas detenciones se producían en un marco de movilización y protesta multitudinarios contra la guerra de Irak y, por eso, fueron recibidas con escepticismo por parte de amplios sectores de la sociedad. Pronto se supo que las sustancias "químicas" intervenidas eran jabón, por lo que el nombre de la campaña se convirtió en una sátira popular: el Comando Dixan. La Plataforma 'Aturem la Guerra' de las Comarcas de Girona asumió como propia la campaña de apoyo y, gracias a la presión institucional y la movilización en la calle, los acusados fueron puestos en libertad y el caso archivado.

Las sustancias "químicas" intervenidas eran detergente. El nombre de la campaña se convirtió en una sátira popular: el Comando Dixan

El Gobierno español, sin embargo, se resistió a reconocer un error que ponía en cuestión el aparato antiterrorista del Estado y el caso se torció definitivamente con el clima tenso creado por el 11M y con una sanción oportuna instructor Ruiz Polanco que dejó paso interinamente a Baltasar Garzón. Éste, sin ningún elemento nuevo, ordenó nuevas detenciones, lo que provocó las protestas de los Colegios de Abogados de Girona y Barcelona. Finalmente, seis de los detenidos fueron inicialmente juzgados por la Audiencia Nacional, que absolvió a uno, y tras la revisión del Tribunal Supremo, los otros cinco cumplieron íntegramente penas de entre 6 y 9 años en régimen de aislamiento y dispersión penitenciaria. Cumplidas las condenas, todos fueron expulsados a Argelia en aplicación de la Ley de Extranjería, en un claro caso de doble castigo de personas no nacionales españolas. - Con información de la vanguardia.cat y diagonal.net. 

Mientras tanto, el Juez García Castellón, sigue sin saber quién es M.Rajoy.