Me van a perdonar, pero por mucho que se vayan convocando elecciones y aprobando o desaprobando presupuestos, la solución de los problemas más graves del país ni está ni se la espera. Da igual que nuestros políticos opten por el tono apocalíptico de los profetas del Antiguo Testamento o por el de los comerciales de una inmobiliaria; el resultado es siempre el mismo: desidia, corrupción y parálisis acomodadas entre frases rimbombantes y estrategias de trilero. - Javier Melero.

Ya pueden venir luego a hablar del Hard Rock y de los chismes sobre la esposa de Sánchez o la pareja de Ayuso, cuando a nadie parece importarle el deterioro permanente de las instituciones que hacen que un país sea algo un poco más serio que una convención de trumpistas después de la happy hour. Obviamente, me estoy refiriendo al estado de la justicia y a la magnífica ocasión que el aniversario del 11-M hubiera ofrecido a cualquier servidor público sensato para que se le cayera la cara de vergüenza y acometiera de una vez por todas su reforma. Por lo menos para que el liderazgo español entre los países que pomposamente llamamos “de nuestro entorno” no se limite al consumo de cocaína. 

Verán. Después del estallido de las bombas del 11-M, la policía localizó a los autores de la masacre en un piso en Leganés y, justo cuando estaban franqueando la puerta del escondite, una nueva explosión destrozó el edificio y acabó con la vida de un GEO y de los terroristas. Fue de tal intensidad que llevó algún tiempo establecer cuántos hombres había en el piso y hasta seis meses después no se identificó a uno de ellos, un argelino llamado Allekema Lamari, que, según la policía, había ostentado el liderazgo de la carnicería: le llamaban el Emir.

El atentado fue ampliamente seguido por los medios de comunicación de todo el mundo, pero un detalle importante, aunque sumamente embarazoso para las autoridades españolas, pasó prácticamente desapercibido. Durante el periodo en que preparó y ejecutó la masacre, Lamari tendría que haber estado encerrado. Había sido detenido y encarcelado por terrorismo en 1997 y, cuatro años más tarde, juzgado y sentenciado por la Audiencia Nacional a un total de 14 años de prisión.

Sus abogados apelaron al Tribunal Supremo. Al año siguiente, su recurso aún no había sido resuelto y la Audiencia advirtió en un escrito de que en pocos meses Lamari llevaría cinco años encarcelado (el plazo máximo de prisión sin sentencia firme) y de que, si el recurso no se ventilaba pronto, tendría que ser puesto en libertad. Poco después, el Supremo resolvió y estableció, por los pelos, la condena definitiva dentro del plazo máximo de cinco años.

Sin embargo, Lamari fue liberado. La razón fue que la sentencia del Supremo tardó más de un mes en encontrar su camino hasta llegar a la Audiencia Nacional, a pesar de que esta se halla apenas a un centenar de metros, al otro lado de la hermosa plaza de la Villa de París en Madrid. En ese lapso, la Audiencia, al haberse cumplido ya el plazo máximo de prisión provisional que correspondía a Lamari, ordenó su puesta en libertad. Lamari cogió sus cosas, se ocultó en Madrid y nadie volvió a dar con él hasta Leganés. Como lo oyen.

Los juicios rapidísimos que debieran celebrarse en el mismo día se están señalando ¡para el 2025!

Siempre he defendido la integridad y el esfuerzo de la inmensa mayoría de nuestros jueces, lo que no me impide afirmar que la ineptitud y el retraso son tristemente típicos en los tribunales españoles, saturados e infradotados desde, al menos, los últimos años del franquismo. Varios estudios vienen concluyendo hace tiempo que los problemas fundamentales residen en la ridícula plantilla de jueces y en que los sucesivos gobiernos no han invertido suficiente dinero de los contribuyentes en la administración de justicia.

La semana pasada se celebró un juicio en la Audiencia de Barcelona. Las tres abnegadas magistradas observaban con impaciencia la duración de los interrogatorios a los testigos cuando una de ellas pulsó el micrófono y advirtió con tono compungido de que, si no terminaba la sesión ese mismo día, el tribunal no volvía a disponer de una sala de vistas ¡hasta el mes de octubre! Aunque eso no es nada: los juicios rapidísimos que debieran celebrarse en el mismo día se están señalando hoy ¡para el 2025!

Con este panorama no tengo los ánimos para esperar nada ni de amnistías ni de elecciones a las que se presenten unos políticos de los que no sería exacto decir que no les importe el país o sus habitantes. Es solo que ellos se importan mucho más.