AGUIRRE, O LA CÓLERA DE DOS

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha decidido exculpar a los Mossos d'Esquadra de la pérdida de un ojo que sufrió una joven durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel 2021. En un auto, el magistrado no solo descarga de todo responsabilidad a la policía catalana, sino que también considera que la chica debe "cargar con las consecuencias" de haber acudido a unos disturbios.

El reproche que el magistrado realiza a la joven por haberse, en palabras del juez, "autopuesto en peligro", ha indignado a la familia ya la propia víctima, que ha escrito una carta de respuesta. “Para el juez mi mutilación es considerada justa porque yo me expuse. ¿Eso quiere decir que no es seguro salir a la calle a manifestarse?”, se lamenta la chica en la misiva que ha leído su padre ante los medios.

La familia compareció para explicar el recurso de apelación que tanto la acusación particular como la popular del centro Irídia presentaron contra el archivo del caso los tres mossos imputados (dos escopeteros de foam y su superior jerárquico).

Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2021. Los Mossos dispararon decenas de proyectiles de 'foam' para dispersar una manifestación a favor de Hasel que había derivado en altercados. En su querella, la joven recalcó que en el momento de la lesión se encontraba junto a un grupo de peatones y periodistas que grabaron los hechos, "lejos" del cordón formado por los antidisturbios, a unos 20 metros, y " alejada de la zona donde se podrían producir lanzamientos que causaran un riesgo en la línea policial”

Por el contrario, el juez reprocha a la joven haberse integrado en unos disturbios que, según su relato, intentaron “asaltar” una comisaría de la Policía, lo que provocó que los Mossos tuvieran que disparar los proyectiles de 'foam' . El juez no valora en su auto si la distancia a la que dispararon los agentes se ajustó a los protocolos ni si, como marcan las normas internas, pudieron disparar por encima del abdomen.

Se centra mucho más el magistrado en los disturbios y el “lanzamiento de objetos peligrosos” que sufrieron los agentes. "Ante la incesante lluvia de objetos es imposible afinar el tiro", considera el juez, que reprocha a la joven "haberse autocolocado en situación de peligro al verse obligados a los Mossos a repeler la agresión contundente de los manifestantes" .

“Lo que en modo alguno es esperable es que las fuerzas policiales no reaccionen ante una agresión tan grave y violenta como la que estaban sufriendo, lo que obliga a la querellante a cargar con las consecuencias de su autopuesta en peligro”, asevera el magistrado.

El juez llega a comparar los disturbios de Barcelona por Hasel con la 'Kale Borroka': "Si estos hechos hubieran sucedido en el País Vasco antes de la tregua con ETA, hubieran sido calificados como actos terroristas". En su carta, la joven mutilada, que entonces tenía 19 años, relata los daños psicológicos sufridos a causa de la pérdida del ojo. “Tuve que reaprender a comer sola, pasé meses en la cama medicada y recibiendo cuidados”, señala. Y prosigue: “Empezó a darme asco mirarme al espejo y cogí complejo que me miraran a los ojos por si alguien pudiera darse cuenta de que ahora soy un monstruo”. Denuncia a la afectada que desde entonces sufre estrés postraumático y ataques de ansiedad graves. Un “sin fin de trabas”, como lo describe ella, que considera que al juez “le son igual”. “Tendré que esperar más tiempo para intentar obtener la justicia que merezco”, cierra el texto.

No podía saberse, la sentencia del ínclito Juez Aguirre es un sin sentido. Desde cuándo un juez es arte y parte y decide sobre la presunción de los hechos. Pero quién es el Juez Aguirre: A Joaquín Aguirre, el más veterano de los que ejercen en Barcelona, el hecho de que el catalanismo le acuse, de forma más o menos velada, de ser uno de los máximos exponentes de lo que ahora llaman lawfare no es nada de nuevo. Viene casi desde finales del siglo pasado. Lo que sí es más novedoso es que ahora el independentismo ataque a este curtidísimo magistrado nacido en Canarias en 1958 al grito de «prevaricador» desde la tribuna del Congreso de los Diputados para poner negro sobre blanco las relaciones de Carles Puigdemont con el Kremlin en vísperas de la votación de la ley de amnistía.

No cabe duda de que las nuevas invectivas recibidas esta semana le han situado en el olimpo de los magistrados malditos del secesionismo, en el altar de otros dioses togados tan odiados como Manuel Marchena, Pablo Llarena o Manuel García Castellón. Pero también es verdad que los más de 35 años de Aguirre al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, llenos de claroscuros, han estado casi siempre bajo el foco mediático. Aunque probablemente nunca tanto como esta vez, cuando su nombre ha resonado en todas las redacciones nacionales y europeas después de que llegara a lanzar acusaciones rayanas con la alta traición contra Puigdemont por sus contactos en el 2017 con los servicios secretos de Moscú, además de dirigentes de la ultraderecha alemana e italiana, en busca supuestamente de apoyos económicos y militares para el proceso. Y eso sabiendo que entraba de lleno en la estrategia de Vladimir Putin de utilizar a Catalunya para «desestabilizar» la UE.

La decisión del juez, poco ortodoxa, de revelar detalles de esos contactos con supuestos agentes secretos rusos en una entrevista en una televisión alemana ha ayudado -y mucho- a amplificar internacionalmente aún más estas acusaciones contra el expresidente. Pero lo cierto es que antes del demoledor auto contra Puigdemont y su aparición en la cadena germánica ARD, Aguirre ya era considerado un líder de anticatalanismo por los círculos más radicales, sobre todo a raíz del fortísimo empuje que imprimió a la instrucción del caso Negreira, sobre la presunta corrupción arbitral a favor del FC Barcelona, cuando el pasado 30 de junio se hizo cargo de esta investigación una vez se marchó la profesional de refuerzo de su juzgado que hasta entonces había traído la causa. Cuando Aguirre tomó las riendas, el sumario dio un giro radical, imputando al propio club catalán y Joan Laporta, icono del secesionismo en el deporte, y abriendo una pieza para investigar los supuestos sobornos pagados por el Barça.

Sus amigos y defensores aplauden su audacia y su determinación de no arrastrarse frente a los poderosos. No tuvo miedo —recuerdan— cuando en uno de sus primeros casos en Barcelona destapó un fraude enorme para evitar la mili en la que estaban involucradas algunas de las familias más acomodadas de la Ciudad Condal, muchas en la esfera de CiU, que van pagar cantidades millonarias para evitar que sus hijos tuvieran que hacer el servicio militar obligatorio que ya entonces daba sus últimos coletazos.

Tampoco se encogió —añaden— cuando puso al punto de mira al entonces todopoderoso empresario Javier de la Rosa por haberse apropiado de 68 millones de euros de accionistas del proyecto de Grand Tibidabo entre 1991 y 1994. L estrecha y oscura relación de De la Rosa y Jordi Pujol nunca le apartó de su objetivo de conseguir una condena para el empresario, tal y como logró, ni de encarcelarle en 1994. Tampoco le tembló el pulso al imputar en ese mismo sumario a Manuel Prado y Colón de Carvajal, íntimo amigo de Juan Carlos I.

Pero no todo ha sido éxito. Sus enemigos le reprochan que eterniza sin motivo las instrucciones. De hecho, el caso sobre la supuesta injerencia rusa deriva en realidad de una causa de corrupción de cargos de Convergència en la Diputación de Barcelona abierta en el 2016 y cuyos imputados no tienen ni fecha para sentarse en el banquillo. En los medios judiciales barceloneses todavía no tienen por olvidar la «catastrofica» y «estrambótica» instrucción de otro de sus sumarios más mediáticos, el 'caso Macedonia', sobre una presunta red corrupta de confidentes policiales destapada en el 2010. Aquella investigación, después de casi 13 años de instrucción inacabada, acabó con todos los agentes involucrados (mossos, guardias civiles y agentes de la Policía Nacional) y sus confidentes exonerados y con los 'narcos' condenados a mínimas penas pactadas con la Fiscalía que les van permitir esquivar la cárcel.

En el marco de este sumario, Aguirre ordenó una de las actuaciones más controvertidas de su carrera: un aparatoso registro el 16 de julio del 2012 en la sede central de los Mossos d'Esquadra, el complejo policial Egara, en Sabadell, por llevarse las grabaciones de la entonces muy reputada División de Investigación Criminal, al mando entonces del intendente Josep Lluís Trapero, que se convertiría en un rostro popular por la investigación de los atentados yihadistas del 17-A y durante los momentos más críticos del proceso.

Aquel sonoro allanamiento se saldó con más ruido que nueces. Y no sólo eso, sino que acabó sólo meses después como una acción de referencia para la llamada policía patriótica, la camarilla policial creada en el seno del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz para actuar contra rivales políticos. En una conversación en octubre del 2013 entre Villarejo y uno de sus hombres de confianza, el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, éste le aseguró que Aguirre estaba como «un cencerro» y que « se empiece en cosas que son imposibles» como el registro del cuartel de los agentes catalanes; y Villarejo le respondió que, más allá de las rarezas del instructor, «hay que decirle que sí para joder a los Mossos», al tiempo que se felicitó porque en el allanamiento se había registrado «todo el sistema de los Mossos ». «¡Qué más quieres!», exclamó Villarejo, mientras recomendaba al cabecilla de la policía patriótica ser compresivo con las peticiones del juez Aguirre porque «nos interesa».

Estas dos palabras todavía resuenan en el imaginario independentista cada vez que sale a la palestra cualquier resolución del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, enemigo íntimo de Trapero. Un Trapero al que, sin embargo, nunca llegó a imputar. Es Aguirre en estado puro, Aguirre o la cólera de dos, de los dos santos cojones que tiene el señor magistrado. Menos mal que pronto se retira.