El periodista Carlos Montaner tenía claro que quería morir cuándo, cómo, dónde y en compañía de quiénes eligiera. Desde bien joven. Así que cuando le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa incurable, que le iba mermando sus facultades irremediablemente, lo tuvo claro. Exigió el derecho a morir dignamente, amparado en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), aprobada hace tres años. Lo había dejado por escrito (testamento vital) y así se lo hizo saber a su médico y al neurólogo correspondiente. La primera le dio a entender que jugara al dominó y paseara y el neurólogo tuvo dudas de si su caso estaba dentro de la norma, pese a que su enfermedad era grave, incurable y le provocaba un sufrimiento enorme, porque iba perdiendo día a día las facultades que, a su juicio, le hacían ser la persona que era. “Hay médicos que creen que tienes que estar en cuidados paliativos, en una situación agonizante, para que tramiten la solicitud y no es así”, explica su hija Gina.

Gina Montaner: “Para la familia, fue muy duro, pero es lo que quería mi padre”. Por ello, recurrieron a la comisión de garantías de su comunidad, que aceptó sus alegaciones. “Murió el 29 de juno con las facultades muy mermadas pero lúcido, como el quería morir. Rodeado de los suyos, despidiéndose. Para la familia fue duro, pero era su decisión”, señala Gina. Carlos Montaner pudo esperar a que la comisión de garantías decidiera sobre su caso. Pero al menos un tercio de las personas que solicitan la eutanasia mueren antes de que se aplique este derecho. Los casos se resuelven en una media de 75 días, cuando no deberían demorarse más de 35, que establece la ley, denuncia el médico y vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín. 

“Hay médicos que creen que debes estar en paliativos para solicitarlo, y no es así”, dice Gina
Con los datos del 2022 (los últimos del informe del Ministerio de Sanidad con las cifras que envían las comunidades), son 152 las personas que fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia, de un total de 576 solicitudes totales. En el 2022, fallecieron por eutanasia un total de 288 personas en España. Se trata del primer año completo con datos oficiales, porque en 2021 la ley entró en vigor el 25 de junio, y en los seis meses posteriores se registraron 75 eutanasias.
¿Y en el 2023? Según los datos recabados por el Ministerio de Sanidad de las comunidades (muchas sólo a los medios y no en informes) y por DMD, el número de solicitudes de eutanasia han ascendido a 727, dos al día, realizándose 323 prestaciones, menos de una al día.
Desde DMD se denuncia “la escasez y mala calidad de los datos”. Y con las cifras recabadas en relación a la tasa fallecimientos por eutanasia “se aprecian direncias notables entre comunidades autónomas”, indica Marín. Un hecho que revela desigualdad en el acceso a esta prestación entre distintos territorios, según DMD.

Hay grandes diferencias entre comunidades, que no se explican, señala Marín. A la cabeza de muertes por eutanasia se sitúan Catalunya, País Vasco y Navarra. Y a la cola, Murcia, Galicia, Extremadura y Castilla y León. “Se nos dice a veces que es por un tema cultural, que allí la familia importa mucho. ¿Qué pasa, que en el País Vasco o Catalunya la familia no importa? No es cierto. Lo que hay es mucho desconocimiento de la ley tanto de los ciudadanos como los profesionales sanitarios”, explica el vicepresidente de DMD. Además, la asociación muestra su preocupación por el “maltrato institucional” que reciben algunos solicitantes de la prestación de ayuda para morir, lo que supone un “sufrimiento añadido” para estas personas y sus familias.

Estos casos, “aunque no sean en absoluto la norma, son muy significativos, porque todos han pasado por el trámite de valoración de la comisión de garantía, y delatan las limitaciones y en ocasiones los excesos de estas comisiones”, explica Fernando Marín. “En algunos de estos casos, han llegado a describir el trato recibido como cruel, y eso nos lleva a preguntarnos si existen miembros de las comisiones de garantía y evaluación dispuestos a boicotear la ley por motivos ideológicos, políticos o corporativos”, sostiene.

Ángel siente que su mujer, Fernanda, se sintió maltratada. Afectada por una enfermedad neurodegenerativa, esta enfermera dejó dicho en el testamento vital que cuando ésta avanzara irremediablemente, le practicaran la eutanasia. El médico y su neurólogo lo apoyaron, pero un facultativo y un jurista de la comisión de garantía lo rechazaron, alegando que ella no estaba en las condiciones óptimas cuando firmó el documento. “Una institución pública, que certifica que tienes las facultades para suscribir el testamento, frente a otra, que dice que no”, recuerda Ángel. La comisión dio la razón a Fernanda.

Con el propósito de mejorar la aplicación de la ley y garantizar el derecho a la eutanasia en todo el territorio español, DMD ha trasladado al Ministerio de Sanidad 18 propuestas para que se incluyan en el Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia. Entre ellas, que Sanidad proponga un modelo de informe para todas las comunidades autónomas y una fecha de publicación; que impulse una comisión estatal de la eutanasia y recomiende que los miembros de las comisiones de garantía y evaluación no sean objetores de conciencia. “Estas comisiones deberían ser órganos administrativos que verifican el cumplimiento de lo que marca la ley. Sin embargo, en muchas ocasiones se están comportando como un tercer evaluador, poniendo en cuestión o incluso contradiciendo las conclusiones de los clínicos que han intervenido en el proceso deliberativo de cada caso”, explica Fernando Marín.

Por todo ello, DMD reclama al Ministerio de Sanidad la creación de un reglamento para la Ley de Eutanasia que aclare este tipo de cuestiones, defina los mínimos exigibles y sitúe los contenidos de la ley en la realidad sociopolítica. “Entendemos que este reglamento debe ser elaborado y aprobado por el Gobierno sin dilatar más esta y otras indefiniciones que están contribuyendo a la desigualdad entre territorios”, sostiene el vicepresidente de DMD. - Celeste López en la vanguardia.