Por la boca muere el pez. De este refrán se acordará toda la vida el todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su casi imputación por la sala del TS por bocazas; o lo que es lo mismo, por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El fiscal quiso bajar al barro de las navajas armado solo de cabecera oficial en una nota de prensa y ha salido escaldado. Todos sabemos que no habría noticias de verdad sin filtraciones y revelaciones de secretos por parte de funcionarios de diverso tipo y condición. Pero estas revelaciones, siempre jugosas, a veces incluso necesarias y nunca desinteresadas, tienen su caminito de Jerez particular para preservar las formas y evitar que el castillo de la institucionalidad regida por la ley se derrumbe. Y entre estas reglas no consta que una negociación en curso de un ciudadano con la Fiscalía por fraude fiscal se publicite para apuntalar una versión de la historia frente a los medios de comunicación, aunque sea la cierta. Cada lucha, también cada luchador, tiene sus propias reglas. Y las del fiscal general no son las de la pelea callejera, no al menos a cara descubierta.
Que González Amador, emprendedor liberal de noche, ordeñador de la teta pública de día, se lucrara al estilo pirata con las mascarillas mientras sus compatriotas cantaban canciones del Dúo Dinámico en los balcones, en el recreo de la pandemia, es suficiente motivo para perderle el respeto. Que además intentara, al parecer, ahorrarse los impuestos de sus abundantes beneficios justifica irse del restaurante si el maître lo sienta en una mesa a nuestro lado. Pero esto no ampara al fiscal general del Estado para hacer de su capa una casaca y forzar a sus subordinados a pinchar a través de los altavoces una negociación en curso con la Fiscalía en la que el investigado, en muchas ocasiones, acepta declararlo es culpable después de calibrar los riesgos y beneficios de ir hasta el final con su defensa, ya que asume el riesgo de perder y pagar una factura mayor que la derivada del acuerdo previo que persigue. No había necesidad, ni siquiera en caso de que, siendo generosos, queramos considerar las razones que arguye el fiscal general para justificar lo que hizo.
El Gobierno ha salido a socorrerle avalando su decisión de continuar al frente de sus responsabilidades. Pero que dos de las tres asociaciones de fiscales, entre ellas la mayoritaria, hayan exigido su cese o dimisión con efectos inmediatos deja a García Ortiz en una situación de lo más precaria. Puede mandarse y ordenarse a quien te ha perdido el respeto definitivamente, pero no es el escenario que parece ideal en una de las principales instituciones del Estado.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha proporcionado una hábil cobertura al fiscal general a través de una pregunta de fácil respuesta: ¿puede ser delito en España perseguir la verdad? El ministro, obviamente, ya sabe que esto no es delito. Al igual que también sabe que sí puede ser que un servidor público se salte las obligaciones que le son inherentes al cargo. De eso y no de otra cosa es de lo que va la imputación de García Ortiz. Más expansiva ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por quien todo obedece a un intento de criminalización de la Fiscalía por parte de la derecha y sus acólitos. Diremos, en este caso, que razón quizá no le falte, pero añadiremos que el fiscal general ha puesto mucho de su parte para dibujarse la diana en el pecho.
De vuelta al emprendedor parasitario González Amador, mejor nos levantamos del restaurante si coincidimos con él. Pero generalizando esta norma de conducta por nuestra parte, contando las innominables caras del pasado – Zaplana, el último– y del presente – Ábalos, el penúltimo– que merecerían una respuesta parecida o peor, quizás quedaríamos obligados a comer siempre en casa. Quizás no quedaría ningún restaurante donde esconderse.- Josep Martí Blanch.
Dicho esto, en primer lugar, debe decirse que es habitual la filtración de información de la justicia antes de tiempo. En Catalunya sabemos de esto un montón. ¿Cuántos del proceso se han encontrado en la puerta de su casa una muchedumbre de periodistas que les han informado que les venían a detener o a registrar su vivienda las fuerzas de seguridad del Estado, sin que ellos lo supieran?, o la filtración a unos diarios determinados, de datos de casos que estaban bajo secreto sumarial, o todos los falsos informes de la UCO, y la definitiva. La información de los hechos por parte de 'el diario.es'. La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez, quien envió correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía
"elDiario.es publicó en exclusiva el 12 de marzo de este año que González Amador había sido denunciado por la Fiscalía por un doble fraude fiscal de 350.951 euros cometido entre 2020 y 2021. El empresario del sector sanitario urdió un entramado de facturas falsas para reducir drásticamente la factura fiscal de su empresa y pagar mucho menos dinero del que debería por el Impuesto de Sociedades después de cobrar varios millones de euros en comisiones salidas de operaciones de compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemel ia de coronavirus.
Un día después, varios medios de comunicación publicaron una información falsa que daba a entender que el fiscal que le había investigado y denunciado, Julián Salto, había ofrecido un pacto a González Amador. Otros añadían que la operación había sido paralizada “por órdenes de arriba”. Es decir, que la Fiscalía General había frustrado un acuerdo que habría permitido que el caso fuera cerrado mucho más rápido, con mucho menos ruido y sin que la pareja de Díaz Ayuso se arriesgara a entrar en la cárcel.
La información sobre la oferta de pacto fue publicada por medios como El Mundo, Libertad Digital, El Debate o Vozpópuli, que citaban fuentes “del entorno” de Díaz Ayuso. Tal y como explicó este periódico, horas antes había sido Miguel Ángel Rodríguez quien había remitido a varios periodistas un correo electrónico amputado para hacer ver que el fiscal que investigó a González Amador trató de llegar a un acuerdo con él para evitar el juicio pero que fueron “órdenes de arriba” las que frenaron esa conformidad. Casi en paralelo, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña inició una ofensiva contra los medios que informaban del caso: amenazó con cerrar elDiario.es y se inventó que unos periodistas de este medio habían acudido encapuchados al domicilio de la presidenta y señaló también a dos reporteros de El País.
Las conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal eran reales pero todo había sucedido al revés. Había sido el empresario el que se había dirigido por correo al Ministerio Público para ofrecer un pacto mucho antes del momento habitual para hacerlo. Y el fiscal del caso, Julián Salto, le había explicado que eso era factible incluso si el resto de denunciados no quería pactar. Pero ni el ofrecimiento había surgido de la Fiscalía ni ese posible acuerdo de conciliación había sido abortado desde las altas instancias para buscar un proceso largo y tortuoso para González Amador.
Diversos medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, publicaron cómo habían ocurrido los hechos y también parte del contenido de los correos que habían cruzado. Fue horas después, a las 10:22 de la mañana del 14 de marzo, cuando la Fiscalía de Madrid remitió un comunicado detallando cómo habían sido estas conversaciones. Desde entonces, el Ministerio Público siempre ha defendido que su objetivo no era revelar datos confidenciales del caso sino desmentir informaciones falsas que arrojaban sospechas sobre su actuación. Todo terminó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando la defensa de González Amador presentó una querella contra la Fiscalía por el comunicado.
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se unió a una ofensiva penal contra el Ministerio Público, que en ningún momento abordó la posibilidad de que una primera filtración parcial de ese correo procediera precisamente del entorno de Isabel Díaz Ayuso y en concreto de su jefe de gabinete. El Tribunal Superior de Justicia abrió unas diligencias a lo largo de las cuales el juez Francisco José Goyena rechazó la posibilidad de investigar más allá del comunicado.
En el marco de esas pesquisas acudieron a declarar como testigos varios fiscales. Entre ellos, el fiscal Salto, que declaró que en la noche del 13 de marzo recibió dos llamadas de la fiscal jefa provincial, que le comunicó que el fiscal general había llamado preocupado por una noticia de prensa sobre un acuerdo de conformidad. Y que ésta le pidió todos los correos intercambiados con la defensa de González Amador, que él le facilitó. Esta fiscal ratificó esos hechos y aseguró que a ella le habían reclamado los correos desde la Fiscalía General del Estado y que se encargó de remitirlos.
Por su parte, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada desde hace meses a García Ortiz, entregó mensajes de WhatsApp que éste le envió el 13 de marzo y en los que le ordenaba sacar un desmentido ante los bulos publicados en varios medios de comunicación. Además, en su declaración como testigo, afirmó que ella se había negado a asumir la nota al incluir los datos de las comunicaciones internas entre el fiscal Salto y la defensa de González Amador, pero que entendió que el fiscal general le dio una orden, de carácter imperativo “hay que sacarla ya”.
Es por eso que el Fiscal General no debería dimitir de su cargo de una acusación falsa que no llegará a ninguna parte, como la denuncia del PP en el PSOE que ya ha sido desestimada. Lo que no me ha gustado del caso, aunque puedo entenderlo, es la velada amenaza del Fiscal General, diciendo que él tiene mucha información de mucha gente, aunque no la piensa utilizar......, sin embargo.
