En estos días, en un vídeo en el que anuncia la eliminación del fact-checking y de la moderación de los comentarios en sus plataformas Facebook e Instagram, adoptando el modelo de X/Twitter de Musk, Mark Zuckerberg, CEO de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger Live y Threads), dijo algo como esto: “Trabajaremos con el presidente Trump para defender a las empresas estadounidenses de los ataques de los gobiernos en el mundo, que quieren obligarlas a censurar más. Europa aumenta sus leyes que buscan institucionalizar la censura y que frenan la innovación. (...). Solo con el apoyo del gobierno estadounidense podemos detener esto. El gobierno anterior lo hizo todo más difícil y fomentó también la censura. Sus acciones han perjudicado a las empresas estadounidenses y envalentonado a otros gobiernos a ir incluso más lejos. Pero ahora podemos reinstaurar la libertad de expresión, y estoy emocionado por esta oportunidad”. Estas palabras no son solo una genuflexión de Zuckerberg ante el nuevo presidente Trump, una especie de reverencia para ganar los favores que Elon Musk está acaparando. Son más relevantes de lo que pueden parecer, aunque, seguramente, a Zuckerberg no le habrá costado un gran esfuerzo. 

Estas declaraciones deben enmarcarse en una ofensiva mayor que incluye el apoyo público y económico de Musk a partidos neonazis europeos, como ocurrió en Alemania, o a sus ataques al gobierno del Reino Unido, con una táctica similar a la que QAnon usó en la campaña contra Hillary Clinton, cuando algunas cuentas comenzaron a alertar en Twitter de que miembros del Partido Demócrata practicaban la pedofilia. Se trata de una ofensiva ideológica que utiliza como bandera una libertad de expresión que no es tal. 

Antes de continuar, quiero dejar claro, como defiendo en mi libro #FakeYou, fake news y desinformación, que esta campaña se basa en algo cierto: que la moderación propugnada por los gobiernos europeos es errónea y rápidamente cooptada como un instrumento partidista en manos de nuestros poderosos, con igual afán de control que los del otro lado del Atlántico. No vengo a defender a los gobiernos de Europa. 

Pero llegados a este punto, es necesario recordar qué es la libertad de expresión. Los derechos –todos los derechos– nacen como privilegios –es decir, algo que solo podían disfrutar los poderosos– que se transforman, gracias a la lucha, en algo accesible para todo el mundo. Por ejemplo, la libertad de expresión siempre fue patrimonio de los poderosos, nadie se la otorgó. El derecho a la libertad de expresión significa –o debería significar– que ahora esos poderosos no pueden eliminar la posibilidad de que otros expresen su opinión. Lo que está haciendo la propaganda trumpista, y el cuñadismo ultraconservador en general, es afirmar que limitar su prepotencia recorta sus derechos. Lo cual, según cómo se mire, es cierto. Esa es precisamente la función de los derechos conquistados: establecer reglas para que tu libertad no elimine la libertad de los demás. Es decir, que quienes tienen el poder de expresarse con todos los medios a su disposición –ya sea un presidente, un multimillonario o el hombre más rico del mundo– no puedan silenciar otras opiniones con menos altavoces.  Por eso, no nos confundamos: ellos están defendiendo únicamente su libertad de expresión, la del más fuerte. 


Eliminar la verificación diciendo que se defiende la libertad de expresión es, en realidad, una falacia. 


En su discurso, Zuckerberg no menciona eliminar los algoritmos que priorizan contenidos, de hecho los reafirma en un momento del vídeo. Dice que la gente “ahora quiere ver más política” y él se la dará. 

Seguirá estando prohibido mostrar los pezones de las mujeres, y solo los de las mujeres, en Instagram, porque quien decide lo que es “normalidad” es el propietario de este ágora digital. De ahí la defensa de las empresas tecnológicas estadounidenses que, en realidad, en este caso es también la defensa de la supremacía de las opiniones políticas de sus propietarios. 

Como decía, esta defensa de la libertad de expresión entendida como “todo vale”, tan propia de las formas ultra agresivas del fanatismo desregulador que está ganando frente a la mojigatería moralista, igualmente nefasta, encuentra terreno abonado en Europa porque la política contra la desinformación de la UE es también antidemocrática. Por dos razones principales: 


1 - Los gobiernos europeos han permitido que grandes empresas (como Twitter y Facebook) formen parte de consejos asesores y diseñen las políticas europeas. Nunca se ha querido, en términos generales, generar una alternativa europea en la que los derechos de todos, y no solo la libertad de unos pocos, sean incluso un modelo económico de digitalización.   

2 - La lucha contra la desinformación que se está llevando a cabo en Europa se centra en los contenidos, moralizando la libertad de expresión, cuando debería enfocarse en la verificación y en la financiación de la información. Sin embargo, hay una tercera vía: la defensa de una obligación de verificación a priori –no a posteriori–, según los parámetros del periodismo; con un etiquetado neutral y desintermediado como requisito inalienable de lo que llamamos información, y que esta obligación debe aplicarse no a las personas sino a las instituciones y a los negocios, las inversiones en viralización (medios, plataformas, partidos políticos y cualquiera que se gane la vida con ello).  


Si Europa no corrige su rumbo rápidamente, la ofensiva que llega con mucha fuerza, tendrá éxito. Vamos tarde, pero aún es posible crear una alternativa. La pregunta es si tenemos políticos capaces de hacerlo. Por eso, como sociedad civil, debemos organizarnos y no caer en los cantos de sirena de la propaganda de un bando u otro. Simona Levi, en ctxt.es