“El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
”1.º La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.
”2.º Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.
”3.º Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”
Ésa fue la pregunta que tuvieron que responder los españoles que quisieron participar en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN que convocó el Gobierno de Felipe González en enero de 1986 y que se celebró el 12 de marzo de ese año, tras haberse comprometido a ello en la campaña electoral de las elecciones legislativas de 1982.
En aquel momento, el Gobierno de la UCD acababa de certificar el ingreso del país en la Alianza Atlántica ahondando en la colaboración militar que España mantenía con Estados unidos y sus aliados occidentales desde el franquismo, y que habían valido a la dictadura su integración en los organismos internacionales rompiendo su aislamiento. Era la forma, tanto para el Gobierno centrista de Adolfo Suárez como para el de Leopoldo Calvo-Sotelo, de normalizar el papel internacional de España tras la Transición.
Sin embargo, la percepción de la sociedad española y el posicionamiento de sus fuerzas políticas era muy distintos, empezando por el propio PSOE, opuesto al ingreso de España en la alianza militar, aunque con un lema que dejaba la puerta entreabierta: “OTAN, de entrada no”. De ahí que uno de los compromisos de campaña fuese la celebración del referéndum. Tras barrer en las urnas en octubre de 1982, González pospuso esa promesa hasta casi agotar la legislatura y tras conseguir lo que bien puede considerarse el gran hito internacional de su Ejecutivo: el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea en el arranque de 1986 tras la firma de adhesión en junio de 1985. Fue justo entonces cuando el Gobierno convocó la consulta.
Aunque la postura del presidente era ya entonces muy distinta. Y pese a las discrepancias que generó en el propio seno del PSOE, Felipe González defendió el sí a la permanencia sin matices. Eso sí, sin la integración de las Fuerzas Armadas a la estructura militar de la Alianza, sin la instalación o almacenamiento de armamento nuclear en España y con un compromiso de reducción de la presencia militar estadounidense en el país, como la pregunta del referéndum explicitaba en un enunciado muy criticado por los partidos y colectivos contrarios a la permanencia.
El PSOE se había opuesto al ingreso de España en la alianza militar, aunque dejando la puerta entreabierta: “OTAN, de entrada no”
Pero eso no parecía alcanzar para convencer a una sociedad reacia tanto a la integración como a la permanencia en la OTAN. En 1981, antes del ingreso, apenas un 18% de los encuestados por el CIS mostraban su apoyo a la decisión del Gobierno de UCD y un 52% la rechazaba. Y, en ese momento, tanto figuras destacadas del PSOE y del Gobierno como Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, como las Juventudes Socialistas o la UGT se posicionaron en contra de la permanencia, apoyando de forma implícita a la Plataforma Cívica por la Salida de España de la OTAN, aunque sin integrarse a ella.
Tomando el relevo de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas y al calor del creciente movimiento por la insumisión al servicio militar que cristalizó en el colectivo Mili KK, diferentes colectivos sociales y formaciones políticas del espectro de la izquierda constituyeron el principal bloque de oposición a una campaña gubernamental que no apoyaron ni quienes aparentemente estaban llamados a ser atlantistas naturales, ya que la Alianza Popular de Manuel Fraga se posicionó por la abstención.
Presidida por una figura popular de gran peso intelectual como Antonio Gala, la Plataforma lideró una amplia movilización social bajo el lema “OTAN no, bases fuera”, poniendo en riesgo la victoria del sí gubernamental y convirtiéndose en el germen de una nueva coalición que trató de alzarse en alternativa plural al PSOE en las elecciones que se celebraron ese mismo 1986: Izquierda Unida.
De la misma forma que el popular grupo El Último de la Fila había puesto la banda sonora al antimilitarismo con su Querida Milagros, el autor de El manuscrito carmesí se había convertido en un icono del movimiento por su artículo “Soldadito español”, publicado originalmente en El País, en su Cuaderno de la Dama de Otoño, el 19 de mayo de 1985, pero difundido profusamente hasta convertirse en todo un manifiesto tras ser denunciado por injurias y ofensas al Ejército. Es el texto que reproducimos íntegro.
Y ahí vino el último órdago de Felipe González, quien jugó su última carta, que acabó siendo un triunfo, al asegurar que renunciaría al cargo –y presumiblemente a su candidatura para la reelección ese mismo año– si se imponía el no, por más que legalmente el referéndum no era vinculante. Sin embargo, la división en la izquierda sobre esta materia estaba servida.
Ganó el sí, por un 56,85% frente a un 43,15% en un referéndum en el que participó un 59,42% del electorado. Aunque no en todas las comunidades, ya que en el País Vasco se impuso el no por un rotundo 67,55%, en Navarra lo hizo por un 56,72%, en Catalunya por un 53,72% y en las Islas Canarias por un 53,69%. Las más atlantistas fueron Castilla-La Mancha (68,42% a favor) y Andalucía (67,38%). - Ramón Álvarez en la vanguardia.
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