La decisión de Álvaro García Ortiz de no presentar su dimisión, tras ser imputado por revelación de secretos, no es un gesto menor, es un desafío a la lógica del desgaste que impregna nuestra vida pública. En un país donde la imputación se ha instrumentado tantas veces como arma arrojadiza, renunciar antes de conocer la verdad equivale a admitir que la presunción de inocencia es un lujo, no un derecho.

La política española lleva años desdibujando la frontera entre la sospecha y la culpabilidad. Recordemos el eco de aquel proceso contra Emilio Pérez Touriño hace tres décadas: imputado, desangrado mediáticamente y finalmente exonerado, sin que mediara disculpa ni reparación. Ese episodio dejó una cicatriz profunda en el imaginario colectivo: la sospecha, una vez lanzada, rara vez se reabsorbe sin dejar huella. Exigir dimisiones automáticas configura un precedente peligroso. ¿Qué impide a futuros adversarios políticos usar cualquier indicio para derribar a un rival? ¿Qué profesionales se atreverán a ocupar altos cargos si saben que la simple apertura de diligencias basta para arruinar su reputación? Defender el derecho a permanecer en el puesto mientras se demuestra la inocencia no es un exceso de ambición: es un escudo contra la arbitrariedad.

Por supuesto, la retórica de la “dignidad institucional” choca con el clamor por la rendición de cuentas inmediatas. ¿Cómo conciliar el respeto al proceso judicial con la necesidad de transparencia que exigen los ciudadanos? Esa tensión es el corazón del debate: no cabe disociar la responsabilidad política de la presunción de inocencia, ni convertir la justicia en un ring de combate electoral.

García Ortiz sostiene que su continuidad ampara la seriedad del Ministerio Público. Quizás quiera recordarnos que la solidez de las instituciones no se mide por la facilidad con que expulsan a sus miembros, sino por la firmeza con que mantienen los principios que las sustentan. Ojalá su caso nos obligue a repensar cuánto valoramos el derecho a defenderse antes de ser declarado culpable.

Si el resultado del juicio blinda su honor, la victoria no será únicamente suya: será de todos aquellos que creen que una acusación no debe ser sentencia adelantada. Y si, por el contrario, se demuestra algún exceso, podremos exigir su relevo con el rigor que merece. Pero mientras no ocurra, sostener su puesto no es una obstinación individual, sino un acto de fe en el equilibrio entre poder y justicia.

¿Estamos dispuestos a preservar ese equilibrio o preferimos las prisas de la condena mediática?