Los más de tres millones de autónomos españoles han conocido esta semana el importe de las cotizaciones que el Gobierno propone para el trienio 2026-2029. La indignación ha prendido con tal intensidad entre este colectivo que muchos de los partidos que apoyaron al Ejecutivo en el 2023 –suponemos que se habían leído el texto– se visten ahora de plañideras para simular apoyo a quien hace nada apuñalaron. ¿Quién dice que no puede estarse en misa y repicando?

Las subidas que se plantean en tres ejercicios son algo parecido a un espolio. Para no cansar con las tablas, basta con tres ejemplos. Alguien que consiga llevar a casa 700 euros deberá abonar 265 en cotizaciones. Si son 1.300 euros, la factura es de 348 euros, con lo que no alcanzará siquiera la categoría de mileurista. Para el que se embolse 2.000 euros, la mordida es del 25%, 500 euros. Ya se ve que en la parte baja de los ingresos, la escabechina será fenomenal.

La reforma de José Luis Escrivá, ministro entonces y gobernador del Banco de España ahora, no era más que lo que parecía cuando se aprobó: un colocar las posaderas de un sistema de pensiones insostenible encima de la cabeza de una clase trabajadora –eso son la mayoría de los autónomos– cada vez más esquilmada. El incentivo para trabajar, en la base de la pirámide de ingresos, desaparece. Es mejor bucear entre la administración para hacerse con un subsidio. El Gobierno viene desincentivando el trabajo desde hace tiempo de tres formas distintas: caricaturizando al empresariado, presentando las obligaciones laborales como una condena de la que hay que escaparse y, por último, creando una realidad en la que empieza a salir más a cuenta dar de comer a las palomas que acudir a un centro de trabajo.

Escrivá pasó en poco tiempo del despacho de ministro de Seguridad Social al de gobernador del Banco de España gracias al colonialismo institucional partidista que se practica con absoluta normalidad en este país. Desde su ocupación actual tutela los informes de sostenibilidad de las pensiones que él mismo reformó. ¿Qué va a decirnos, pues? ¿Va a enmendarse la plana él mismo? O avala estudios como el que asegura que España necesita 25 millones de nuevos inmigrantes hasta el 2050 (¡la mitad de la población actual!) para garantizar que los jubilados puedan seguir cobrando su paga. ¿Qué reforma es aquella que obliga a importar el 50% de la población para mantenerse en pie?

Digámonos la verdad: la reforma seria de las pensiones es en realidad un imposible. La evolución demográfica dará todavía más protagonismo electoral en el futuro inmediato a los jubilados. Así que para los partidos políticos no hay incentivo alguno en acometerla. A lo máximo apaños y tiritas hasta el derrumbe del sistema. Prepárense los más jóvenes y precarizados.

Cómprense fajas para soportar el peso de­ todos los que ya vemos en la línea del horizonte una pensión futura. No es país para jóvenes. Y menos para emprendedores. El mejor consejo que pueden escuchar las nuevas generaciones es este: o­positen. Josep Martí Blanch.