La incompatibilidad entre los socios de investidura de Pedro Sánchez no solo se manifiesta en las votaciones del Congreso. La batalla ideológica se libra en las redes sociales. En las filas socialistas incomodan los insultos cruzados entre Podemos y Junts a cuenta de la negativa morada a la transferencia de competencias en inmigración a Catalunya, porque una cosa es perder votaciones por diferencias políticas entre socios y otra que se escupan tuits a la cara y las hordas digitales de la ultraderecha hurguen en la herida. La mayoría parlamentaria está mermada, aunque no tenga alternativa viable que conduzca a otro gobierno, y el PSOE ya no puede garantizar la viabilidad de los pactos que alcanza si estos dependen de votaciones en el Congreso.

La fragilidad parlamentaria del Gobierno va acompañada de la vigilancia a la que someten sus actividades los socios y, sin embargo, adversarios. El objetivo no es otro que sacar provecho de cada gesto. Si Junts es “racista”, “racista” y “racista” a ojos de Podemos, la reunión de Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra con representantes del Partido Comunista Chino facilitó el recadito de vuelta desde la cuenta de Carles Puigdemont en X.

Belarra sonreía en la foto y en el texto: “Un fructífero e interesante encuentro con los representantes del Partido Comunista Chino para compartir impresiones sobre los cambios en la política internacional y el panorama mediático”. La satisfacción debía de ir por dentro porque las réplicas al mensaje eran mayoritariamente críticas: “¿Habéis hablado del cambio climático y el papel de China como país con más emisiones de CO₂ en el mundo? ¿El genocidio contra la etnia musulmana uigur? ¿Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos? ¿O solo de la financiación de vuestro partido?”, preguntaba @FOLGORESI. “¿Te pasas el día gritando GENOCIDIO por la guerra de Gaza y ahora tienes un “fructífero e interesante encuentro” con unos que están cometiendo un auténtico genocidio planificado?””, insistía @ElRepliKant.

La otra pregunta es en calidad de qué asiste Pablo Iglesias a esa reunión, pero la réplica visual llegaba de la mano de Puigdemont. El expresident recibió la semana pasada en Waterloo al nuevo presidente del Congreso Mundial Uigur, acompañado de miembros de la dirección y una maestra víctima de los campos de internamiento que el régimen chino utiliza para “intimidar y reprimir toda disidencia sobre el pueblo uigur. Seguro que los de Podemos lo debían de comentar en su reunión tan fructífera e interesante con el Partido Comunista Chino”.

La preocupación por la inmigración aumenta porque es ahí donde la ultraderecha ha puesto el foco removiendo la insatisfacción ciudadana con la política. Señalar al enemigo exterior y responsabilizar a los partidos que gobiernan o aspiran a gobernar es la solución fácil que proponen Vox y Aliança Catalana y que alimentan en las redes. Al otro lado, Podemos se ha erigido en dique electoral de contención “racista” y pide la regularización del medio millón de simpapeles que actualmente hay en España.

La iniciativa legislativa popular para esa regularización extraordinaria, que llegó al Congreso con más de 800.000 firmas hace dos años, está estancada en el trámite parlamentario. El choque entre Podemos y Junts condena esa iniciativa. Mientras estuvo viva la negociación, no se oyeron los gritos que se intercambian hoy en vivo y en las redes.

No hay solución fácil para la integración de la inmigración, las recetas de un país no son necesariamente válidas para el de al lado y las propuestas de hoy se parecen mucho a las de ayer, cuando el volumen de inmigrantes y la dependencia de las clases medias y bajas en el país de destino tenían otros condicionantes. Alberto Núñez Feijóo propone un “visado por puntos” para controlar la inmigración. Los aspirantes serían calificados en función del sector laboral y su capacidad de integración, incluido el conocimiento de la lengua. 

En España hay 920.693 inmigrantes de origen marroquí, el 26% de los cuales viven en Catalunya. En la campaña del 2006, el candidato de CiU, Artur Mas, propuso premiar con puntos a los inmigrantes que mejor se integraran. El “carnet”, sostenía, facilitaría los permisos de residencia y los servicios a extranjeros. Hasta prometió una conselleria específica para la inmigración. No se explicitaron ni cómo lograr los puntos ni los estímulos. La polémica que despertó ese contrato por puntos persiguió a Mas toda la campaña. Ganó las elecciones, pero no gobernó y la idea cayó en el olvido.

La Comunidad de Madrid no ha reclamado la gestión de competencias en inmigración, pero Isabel Díaz Ayuso ha proclamado su hecho diferencial: “Un argentino o un venezolano en Madrid no es un inmigrante. Será por una cuestión legal de papeles, pero no lo es, a ningún efecto”. La legitimidad migratoria madrileña depende del origen del inmigrante. Si eres latinoamericano eres bienvenido, ¿y si eres magrebí? “Si gobernamos, los inmigrantes tendrán que llevar encima un carnet que acredite que son buenos”, es el comentario sarcástico de la cuenta de la presidenta “cuqui”, ¿fake? - Isabel Garcia Pagan.