Le decía ayer en la mañana Jordi Tardá a Farreras que a raíz del incidente de la Flotilla se había acordado del pueblo saharaui, porque el pueblo Palestino había conseguido visibilizar su tragedia, aunque con un costo de más de 60 mil víctimas. Pero el pueblo saharaui permanecía en el limbo de los conflictos olvidados. No és el único: Según estimaciones documentadas por organismos internacionales y reportes periodísticos, aproximadamente 25.000 rohinyás han muerto como resultado directo del conflicto en Myanmar, especialmente durante la campaña militar de limpieza étnica iniciada en agosto de 2017, y sigue este pueblo dejado de la mano de Alá y de los hombres sin conseguir que se visibilice y solucione su tragedia. Por cierto: ahora que hablan de dar el premio Nobel de la Paz a Donald Trump, sería bueno recordar que la figura más señalada internacionalmente en relación con el éxodo y la persecución de los rohinyás es Aung San Suu Kyi, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su lucha no violenta por la democracia en Myanmar. Durante la crisis del 2017, cuando el ejército de Myanmar lanzó una brutal campaña contra los rohinyás, Suu Kyi era la líder de facto del gobierno civil. Aunque no controlaba directamente al ejército (que opera con autonomía constitucional), fue duramente criticada por no condenar los abusos, negar que se tratara de limpieza étnica, y por defender al país ante la Corte Internacional de Justicia.

Los rohinyá, minoría musulmana perseguida en Myanmar, sufren desplazamiento, violencia y falta de derechos. Más de un millón vive en condiciones precarias en campos de refugiados, la mayoría en Bangladés. Una reunión en Nueva York representa una oportunidad para avanzar hacia soluciones políticas, humanitarias y duraderas.

Hace ocho años ya,  que más de 750.000 musulmanes rohinyá huyeron de Myanmar y se instalaron en campamentos precarios y “provisionales” en Bangladés; la crisis, no solo sigue sin resolverse, si no que el flujo de personas que huyen no ha disminuido. Los rohinyá, una minoría musulmana que durante mucho tiempo ha sido privada de la ciudadanía y de derechos básicos en Myanmar, huyeron de varias oleadas de violencia que culminaron en 2017 con lo que Zeid Ra’ad al-Hussein, entonces Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, describió como un “ejemplo de manual de limpieza étnica”.

Al cruzar hacia Bangladés, encontraron refugio de emergencia en lo que hoy es, posiblemente, el asentamiento de refugiados más grande del mundo: Cox’s Bazar. Pero lo que comenzó como una respuesta temporal se ha convertido en una crisis prolongada. Pocos rohinyás ven un camino seguro para regresar a Myanmar, donde la junta militar que gobierna continúa persiguiendo a las minorías y enfrenta su propia rebelión armada. En Bangladés, las oportunidades de educación y empleo siguen siendo limitadas, mientras los incidentes de seguridad, la trata de personas y las tensiones con las comunidades locales agravan la situación.

Líderes mundiales, funcionarios de la ONU y grupos de la sociedad civil se reunieron en Nueva York para abordar no solo la emergencia humanitaria, sino también el estancamiento geopolítico que la perpetúa. La primera en intervenir fue la presidenta de la Asamblea General, quien destacó la grave situación de los más de cinco millones de rohinyás desplazados. Se refirió al sufrimiento de hombres, mujeres y niños que viven en campamentos donde la falta de alimentos, agua, salud y educación es crítica.

Annalena Baerbock alertó sobre el impacto devastador de los recortes presupuestarios, que han dejado a más de 800.000 niños sin escuela y han incrementado los riesgos de explotación, matrimonios infantiles y violencia basada en género. Subrayó que esta desesperación es prevenible y pidió a los Estados miembros actuar con urgencia. Propuso cuatro prioridades:

  • acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria
  • apoyo internacional sostenido
  • financiamiento adecuado
  • creación de condiciones para el retorno seguro y digno de los rohinyás.

Concluyó instando a pasar de las palabras a la acción para igualar la resiliencia del pueblo rohinyá.

En un mensaje leído por el jefe de Gabinete Courtney Rattray, el Secretario General de la ONU denunció décadas de exclusión, violencia y despojo de derechos que han dejado a más de un millón de rohinyás desplazados, muchos en Bangladés, donde visitó recientemente el campamento de Cox’s Bazar.

António Guterres hizo un llamado a la acción inmediata en tres áreas:

  • respeto al derecho internacional
  • acceso humanitario sin restricciones dentro de Myanmar
  • mayor inversión para cubrir necesidades básicas y fomentar la autosuficiencia

Insistió en que la solución definitiva debe incluir justicia, ciudadanía plena para los rohingyas y una transición democrática en Myanmar. Recalcó que, sin inclusión y paz real, no puede haber solución duradera.

Wai Wai Nu, fundadora de Women's Peace Network, denunció la impunidad que ha permitido décadas de atrocidades contra los rohinyás y otras minorías en Myanmar. Afirmó que “el genocidio no terminó en 2017, sino que se ha intensificado”, con crímenes de guerra por parte del Ejército y del Ejército Arakan. Exigió el fin de la violencia, justicia efectiva y el regreso seguro de los rohinyás con plenos derechos. Urgió a establecer un corredor humanitario, imponer sanciones a los perpetradores y rechazar las elecciones falsas del régimen militar. Concluyó que la paz duradera solo es posible con justicia, inclusión, y una democracia federal que garantice igualdad para todos.

Refugiados rohingya se reúnen en un campo abierto en el campamento de refugiados de Kutupalong en Ukhia, Cox's Bazar, Bangladesh, para conmemorar el segundo aniversario de la campaña de limpieza étnica del ejército de Myanmar en el estado de Rakhine el 25 de agosto de 2019. © 2019 KM Asad/LightRocket vía Getty Images

En Myanmar, la población está sumida en la violencia y la inestabilidad tras un golpe militar el 1 de febrero de 2021. Miles de civiles han sido asesinados, millones desplazados y más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria. Los desastres naturales, como inundaciones y terremotos, han agravado aún más la presión sobre una infraestructura ya frágil.

Las minorías étnicas, incluidos los rohingya, kachin, shan y chin, han sido desproporcionadamente afectadas. Se acusa al Ejército de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, muchas de las cuales probablemente constituyan crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Escuelas, hospitales y lugares de culto también han sido blanco de ataques indiscriminados. ONU