ODIAR NO ES DELITO, SALVO EN ESPAÑA

 Odiar no es delito. No es ni siquiera un acto ilícito. Puede ser desagradable, nocivo para el estómago y tóxico, pero no es un crimen. Tampoco lo es expresarlo. Aunque nos afecta, lo decía Fuster.: Me odian, y eso no tiene importancia, pero me obligan a odiarlos, y eso sí que los tiene.

El delito de odio quedó incorporado al Código Penal en 1995 después de una lucha de varios colectivos con la intención de proteger a varias minorías de ataques por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religiosos, de orientación o identidad sexual, por razón de género o discapacidad.  Si alguien siente antipatía y aversión hacia alguien y le desea el mal, es decir, si siente odio, tal y como lo define la RAE, no está cometiendo ningún delito. Odiar no es delito. Es más, todos tenemos incluso el derecho a odiar, como el derecho a amar. Tenemos derecho a sentir "antipatía y aversión" hacia nuestra cabeza, hacia los homófobos, hacia el colectivo LGTB, hacia los machistas y las feministas. El odio es libre y, sobre todo, es humano, depende pues, de cómo se manifieste y aún así estamos en nuestro derecho, o deberíamos tenerlo. Pero, una vez más, desde el Partido Popular y la judicatura se lleva más allá de los límites la interpretación de la ley, si esto les sirve para sus propósitos oscuros, aunque suponga vulnerar un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión y se usa y abusa impunemente del "delito de odio". 

El concepto del discurso del odio es un caballo de Troya contra la libertad. En Libertad de expresión (Ladera Norte), Jacob Mchangama señala una curiosa rima de la historia. Cuando los abolicionistas criticaban la esclavitud, uno de los argumentos para justificar la censura de su discurso “incendiario” era la difamación contra un grupo o asociación. El jaleo prefiguraba la idea del discurso del odio: un senador se quejaba de que los textos abolicionistas “contienen reflexiones que hieren los sentimientos” de los del sur; estaban siendo "profunda, vil y maliciosamente calumniados". Es más relevante la advertencia de Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Defendía que sólo se proscribieran las apologías del odio nacional o religioso que incitaran a la violencia, y criticaba la propuesta soviética de prohibir el discurso del odio: “Cualquier crítica a las autoridades públicas y religiosas podría ser considerada con demasiada facilidad incitación al odio y, en consecuencia, prohibida”. Acertó: el discurso del odio es una categoría confusa que sirve para casi cualquier opinión que no nos guste.

La denuncia del discurso del odio sirve para estigmatizar y para que el poder fiscalice a los ciudadanos: es lo que proponen plataformas como Hodio. Josu de Miguel se preguntaba si el Gobierno tratará los datos sin nuestro consentimiento y si ya no está vigente en España la prohibición de tratar datos que puedan revelar opiniones políticas. Germán Teruel alerta del “potencial liberticida” de la combinación de Hodio y la ley europea de servicios digitales: por un lado, el incentivo de las plataformas es actuar “con el mayor celo censor para evitar problemas”; por otro, las herramientas están en manos de "órganos políticamente influenciables". ¿Quién defenderá el odio, que Spinoza definía como una tristeza acompañada por una causa externa? Quizás el propio filósofo neerlandés, que escribió que “en un Estado libre está permitido que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa”.

Todo esto que he escrito es referente a los países democráticos, por lo tanto, no tiene nada que ver con España, donde por cualquier memez o  necedad puedes ser acusado (y condenado) por delito de odio. Que se lo pregunten a Pablo Hasél, Jair Domínguez y otros artistas o periodistas enjuiciados o condenados por causas a menudo iniciadas por Manos Limpias o Abogados (presuntamente) cristianos. Eso sí, este hecho es transversal, afecta solo a los miembros de izquierda o extrema izquierda, derecha y extrema derecha están exentos de condena por delito de odio. País.