La bola de la deuda pública comienza a tomar dimensiones desproporcionadas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte estos días durante su reunión de otoño sobre el tamaño poco manejable que está alcanzado el endeudamiento y el déficit de los países más desarrollados, con agujeros en las cuentas públicas en algunos casos nunca vistos. Pero en este tsunami destaca el comportamiento a la baja en España. Si para 2026 el FMI espera que la deuda acabe suponiendo algo más del 97% del tamaño de la economía española, para 2031 se habrá reducido hasta el 89%, en un contexto en el que el resto de vecinos siguen ensanchando su pasivo. Esa mejoría enlaza con el buen pronóstico que hace el Fondo del crecimiento español, que ha revisado al alza, hasta el 2,5% este año, lo que supone situar a España como la economía desarrollada que más crece en 2026.

La tendencia es aún más llamativa al tener en cuenta que España partía de una deuda mucho más elevada que los países de su entorno. En 2017, cuando el país ya estaba creciendo tras dejar atrás la crisis financiera, la deuda estaba por encima del 101% de la economía española, mientras que en países como Francia estaba en un 98%. El pico de la deuda pública se alcanzó en España en 2020, fruto del golpe económico que causó la pandemia y que obligó al Tesoro a buscar financiación masiva en los mercados. La ratio escaló hasta el 119%. Desde ese momento, España empezó a apretarse el cinturón mientras que el resto iba aflojando los ojales. Aunque el ritmo es mucho más lento de lo que los economistas, y Bruselas, quisieran, en una década Madrid habría reducido en treinta puntos el tamaño de su deuda. En el mismo periodo de tiempo, Francia habrá aumentado en casi diez puntos su endeudamiento.

Este no es el problema más serio que tiene el país vecino. Francia ha vivido este martes, en un ambiente de alta tensión en la calle, una nueva jornada de manifestaciones y bloqueos de institutos de enseñanza, el llamado “Acto V” de la protesta estudiantil que comenzó hace varias semanas. La presencia en las movilizaciones de sindicatos, partidos de izquierda y colectivos como los empleados de la sanidad apunta a una “convergencia de luchas” -el concepto que se usa en Francia en estas situaciones-, que puede visualizarse  en la nueva protesta nacional del sábado y poner en apuros al Gobierno de Sébastien Lecornu ante el debate de los presupuestos y a seis meses de las elecciones presidenciales. 

Y a todo ello hay que añadir la noticia que se destapó anteayer, que no por conocida no era admitida por el gobierno francés: Casi un tercio del presupuesto de algunos ministerios franceses se destina a pagar las pensiones de los funcionarios jubilados, lo que desplaza el gasto en otras prioridades como la educación, según revela un informe del Gobierno en un contexto de protestas por la falta de recursos en las escuelas.El documento, un anexo de 250 páginas al proyecto de ley de presupuestos, desglosa por primera vez los costes de jubilación de cada ministerio y ve la luz en un momento de creciente atención política hacia la abultada factura de las pensiones en Francia.El informe detalla que el 32% del presupuesto del Ministerio de Educación, equivalente a 28.500 millones EUR (32.000 millones USD), va a parar a la cuenta especial que financia las pensiones de los funcionarios del Estado.

'El Ministerio de Hacienda acaba de soltar una auténtica bomba', afirmó en la red social X el economista Maxime Sbaihi, del centro de estudios Institut Montaigne. 'En plena jornada de protestas, Francia se ha enterado de que un tercio del presupuesto asignado a la educación nacional no se destina en realidad a la enseñanza', añadió.

A todo ello hay que añadir que si bien es cierto que hace cinco años, los costes de endeudamiento eran tan bajos que la deuda pública parecía casi gratuita. Hoy, con los inversores deshaciéndose de sus bonos, muchos grandes gobiernos de países ricos pagan más por endeudarse que en cualquier momento desde los años noventa o los años 2000. Como la deuda pública de las grandes economías avanzadas es aproximadamente el doble, en proporción al PIB, de lo que era a principios de siglo, el resultado es una enorme presión sobre los presupuestos. Incluso antes de la última oleada de ventas de bonos, se preveía que sus gobiernos gastarían este año un 8% de los ingresos fiscales en el pago de intereses netos de la deuda, ya que el envejecimiento de la población y la amenaza de guerra están presionando para aumentar el gasto. Ahora tienen que pagar aún más para refinanciar sus deudas pasadas, mientras muchos siguen endeudándose sin apenas restricciones. En algún momento, los inversores se rebelarán.

Irónicamente, parte de las caídas en el mercado de bonos de este año son, en realidad, una buena noticia. La economía estadounidense está en auge. Las solicitudes de subsidio por desempleo son bajas; el crecimiento económico podría estar superando el 3% anual; y el aumento de la productividad parece sólido. Todo esto está impulsando la inversión. Mientras las empresas de inteligencia artificial se apresuran a construir centros de datos, compiten con los gobiernos por atraer capital en los mercados globales. El resultado son unos tipos de interés más altos.

Francia está sometida a la mayor presión. Se prevé que su déficit presupuestario alcance el 5,4% del PIB este año. Según los cálculos de The Economist, con el crecimiento económico actual, si Francia tuviera que refinanciar toda su deuda al rendimiento vigente de los bonos a cinco años, para estabilizar su endeudamiento sería necesario un ajuste fiscal de más del 4% del PIB. Sin embargo, el país está inmerso en protestas estudiantiles y su parlamento tiene dificultades para aprobar un presupuesto con recortes que apenas suponen una décima parte de esa cifra.

Aunque toda esta información negativa afecta al país vecino, habría que irse preparando porque más tarde que temprano nos acabará afectando a los pensionistas, sobre todo si el color del Nuevo Gobierno que saldrá del 29N no es el deseado.

Con información de The Economist y la Vanguardia.