Antes que nada, dejar claro que los ciudadanos pagaremos en los próximos 30 años 2.400 millones de euros por la indemnización por parte del Gobierno de la suspensión del Proyecto Castor a Don Florentimo Pérez, y gracias al exministro Sebastián del Gobierno de ZP.
El almacen de gas Castor, construido frente a las costas castellonenses no reabrirá. Esa es la noticia que comunicó el ministro de Turismo, Energía ya Agenda Digital, Álvaro Nadal siguiendo los principios defendidos por el informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachussets.
El almacen de gas Castor, construido frente a las costas castellonenses no reabrirá. Esa es la noticia que comunicó el ministro de Turismo, Energía ya Agenda Digital, Álvaro Nadal siguiendo los principios defendidos por el informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachussets.
Un detallado análisis que ha tardado 18 meses en ser finalizado, con un conste de 600.000 euros y que trató de encontrar explicación a la serie de temblores y seísmos que ocurrieron en la zona y que provocaron su cierre en el año 2013. Un estudio inùtil, invitando a un café a un abuelo de Castellón este se lo habría confirmado, y se habrian ahorrado los 600 mil euros.
Ahora el estudio relaciona la inyección de gas con el comienzo de los temblores. Eso sí, también esculpa de responsabilidad a la constructora (Escal UGS controlada en un 66,7% por ACS) y a la administración pública, ya que descarta que se pudiera saber con certeza con anterioridad lo que iba a generar esa inyección, según los estándares actuales de la industria.
Tras conocerse los detalles del informe el Gobierno ha decidido paralizar cualquiera proyecto de reapertura y de desmantelamiento. De momento, continuará este silo en periodo de hibernación. Situación en la que se encuentra desde ese 2013.
Ahí es donde empiezan las mentiras, puesto que tanto el Gobierno como Escal UGS, estaban avisados, sabian que se podían suceder los terremotos, por eso no instalaron los sensores sísmicos, a fin de poder alegar ignorància, así como desestimar las recomendaciones de técnicos que avisaban de la posibilidad de los terremotos, estamos ante un caso flagrante de prevaricación medio ambiental.
La historia del proyecto Castor comenzó a finales de los años 90, cuando ESCAL UGS, participada en un 66,6% de ACS (sin experiencia en infraestructuras gasistas) convenció al Gobierno de la utilidad de este proyecto para que, de cara a convertir -se en país de tránsito del gas hacia el centro y norte de Europa, resultaba más barato apostar por Castor que instalar tanques de gas en las regasificadoras existentes. Para iniciar la construcción del proyecto, se pidió un primer préstamo a un consorcio de 19 bancos, a pagar durante 7 años.
En julio de 2013 se refinanció esta deuda con una emisión de Project Bonds por valor de 1.434 millones de euros, esta vez a amortizar en 21,5 años. 300 millones eran adquiridos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que también aportaba una línea de liquidez de 200 millones (proveniente de fondos de los contribuyentes europeos), listo para utilizarse si algo fallaba. En esta segunda fase, se divide la deuda generada por la inversión del proyecto en un tramo de deuda subordinada y otro de deuda senior. El BEI compra la deuda subordinada (menos seguro, al no tener prioridad en el cobro), y así, atrae a inversores como las compañías de seguros y los fondos de pensiones a comprar la deuda senior (más seguro).
Tras la emisión de estos bonos, ese mismo verano se produjeron los terremotos en la zona. Este año, con la aprobación del RDL, se (re) refinancia la deuda, haciendo que esta vez se pague a 30 años por parte de la ciudadanía. Durante estas tres décadas, sin embargo, no se mantendrán intactos, sino que los intereses lo harán crecer. La compensación que recibirá ESCAL UGS de 1.350 millones de euros es una cifra que puede confundir. Con el interés del 4,2% que va asociado a esa cantidad (se acumulan las cantidades a devolver más los intereses correspondientes año tras año durante los 30 años) se convierte el importe a pagar por la ciudadanía en cerca de 4.700 millones de euros. Sin olvidar los 100 millones de euros anuales que cuesta el mantenimiento de las instalaciones, y otros gastos de operación y administración (aunque no cuantificables) y que también correrán a cargo de la ciudadanía. Esta tercera fase nos muestra como la deuda beneficiará a los sectores gasista y financiero que toman parte en la operación financiera. Una operación que ahogará la población consumidora de gas, que será quien finalmente pagará una deuda engrasado a través de sus facturas.
¿Por qué tanta prisa?
A finales de junio de 2014, cuando ESCAL UGS anunció su renuncia a la concesión de Castor, ésta fue asumida por Enagas, sin saber qué decisión tomaría el gobierno español respecto a la viabilidad del proyecto. El Gobierno argumentaba que estaba pendiente de recibir los informes de los expertos de la Universidad de Stanford y el MIT (Massachusetts Institute of Technology) sobre la posible relación entre la inyección de gas y los seísmos, aunque esta ya quedó constatada en los informes elaborados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Del mismo modo, estaba pendiente el informe final de la Fiscalía de Castellón sobre si hubo delito a raíz de la crisis sísmica en la zona de la plataforma Castor. La investigación concluyó el pasado día 4 de octubre, pero una junta de fiscales debe decidir sobre el caso y sobre si presentar querella o no.
El pago a los bonistas por parte de ESCAL UGS estaba asegurado en la medida en que el Estado aprobara una compensación (la que figura ahora en el RDL citado). Por ello, la renuncia generaba prisa para tomar una decisión antes del 30 de noviembre, fecha límite para la puesta en marcha de las instalaciones según el prospecto que en su día se entregó a los bonistas. Una negativa por parte del Estado a aceptar la renuncia, una decisión más tardía que esperara a los estudios o los procesos judiciales en marcha, o la exigencia del desmantelamiento de las instalaciones, hubieran expuesto a ACS, ya que se habrían tenido que devolver los bonos en su totalidad. En definitiva, en la medida en que el Estado español redujera (o si una sentencia judicial anulara) la compensación a ESCAL UGS, más expuesto se vería ACS ante el pago de los bonos, y menos expuesta a la ciudadanía a "contribuir" al pago de una deuda que no es suyo.
Con la medida actual, los escenarios posibles sobre los que se ha especulado en los últimos meses (asumir la deuda desde los Presupuestos Generales, nacionalizar las instalaciones, negociar una quita de la deuda, o iniciar el proceso para anul·lar- definitivamente, según la posibilidad que dejaba abierta el Tribunal Supremo), se acabó eligiendo la peor opción para la ciudadanía: la que socializa la totalidad de esta deuda privada, que abre la puerta a que este siga creciendo ya seguir utilizando las instalaciones en un futuro.
Incertidumbres y desafíos de futuro
Enagas ha entrado en esta operación a coste 0, aunque el acuerdo inicial con el promotor era comprarle la mitad de las acciones una vez la planta estuviera operativa. Con esta operación, en cambio, sus balances no sufren: Enagas tiene una deuda con los bancos en su "deber" equiparable a los derechos de cobro de Castor que aparecen en su "haber". Todos los costes en los que Enagás incurra relacionados con Castor, los pagaremos los consumidores (además de los costes de mantenimiento, costes de operatividad, administración ...) a través de los peajes y cánones del sistema gasista. La dificultad en determinar cuáles son estos costes, que se ha visibilizado en el sector eléctrico, hace pensar más en las posibilidades de lucro de la operación, que no que Enagas esté haciendo un favor al Estado encargándose de velar por las instalaciones durante este tiempo.
Mientras tanto, una previsible subida de la factura del gas podría tener fuertes consecuencias. Hay grandes consumidores de gas como las centrales de ciclo combinado y las grandes industrias (17% de las ventas de gas natural son el sector de las centrales de generación eléctrica), lo que podría generar incrementos en el precio de la electricidad y por tanto también una repercusión en los importes de las facturas eléctricas. Del mismo modo, el precio final de otros bienes y servicios relacionados con el consumo de gas también se podría encarir.sta compensación.
Desde diferentes ámbitos se están llevando a cabo acciones para detener el pago de esta deuda. La indemnización que contemplaba la concesión del proyecto y su blindaje a través de un real decreto que tiene forma de ley, provoca que la impugnación sólo se pueda salir adelante ante el Tribunal Constitucional y por parte de actores concretos: el mismo Presidente del gobierno español, la Defensora del Pueblo española, las comunidades autónomas por motivos de violación de competencias, o una difícil comunión entre 50 diputados o senadores. Se trata de un procedimiento farragoso, que tirarse adelante implicaría años. Se pueden impugnar también las leyes de acompañamiento que se desprenderán, pero en todo caso, mientras tanto, las operaciones financieras que pueden especular con la deuda que estaremos pagando, ya estarán en marcha.
Ciudadanía expuesta a los riesgos
Por todo ello, se necesitan sobre todo reacciones en el ámbito ciudadano. Casos como los del Proyecto Castor visibilizan como la ciudadanía está expuesta a asumir todos los riesgos, ya sean estos económicos, ambientales o sociales: el cuestionamiento de la "necesidad" de estas infraestructuras en un momento en que la demanda de gas se desploma, las irregularidades en las concesiones administrativas y las cláusulas abusivas también son una constante, la total ausencia del principio de precaución, así como la connivencia de los poderes financiero y político.
Hay que comprender las lógicas detrás estos entramados, compartir la información y la indignación, y evitar nuevas estafas vestidas de proyectos estratégicos y "necesarios". Hay que evitar la socialización de esta deuda y exigir responsabilidades a sus promotores, pero también a las instituciones que han estado implicadas y han jugado un papel clave en el caso. Hoy sabemos que ha habido instituciones que en diferentes momentos han dado la espalda a informes o perspectivas ambientales, económico-financieras y sociales desfavorables al proyecto. Pero no estamos ante una deuda privada socializado por culpa de una mala gestión. Estamos ante una deuda privada socializado gracias a unas estructuras financieras y políticas hechas a medida, que la mala gestión ha llevado a la palestra de los mass media, y que continúan intactas. Otras estafas han pasado sin pena ni gloria, pero quizás esta (o el cúmulo con las que ya pasaron a mejor vida), hacen activar las voces y acciones de una ciudadanía que ni se puede permitir, ni quiere pagar (ni debe) esta deuda.
fuentes; público.es
iceautogestion.org/
La historia del proyecto Castor comenzó a finales de los años 90, cuando ESCAL UGS, participada en un 66,6% de ACS (sin experiencia en infraestructuras gasistas) convenció al Gobierno de la utilidad de este proyecto para que, de cara a convertir -se en país de tránsito del gas hacia el centro y norte de Europa, resultaba más barato apostar por Castor que instalar tanques de gas en las regasificadoras existentes. Para iniciar la construcción del proyecto, se pidió un primer préstamo a un consorcio de 19 bancos, a pagar durante 7 años.
En julio de 2013 se refinanció esta deuda con una emisión de Project Bonds por valor de 1.434 millones de euros, esta vez a amortizar en 21,5 años. 300 millones eran adquiridos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que también aportaba una línea de liquidez de 200 millones (proveniente de fondos de los contribuyentes europeos), listo para utilizarse si algo fallaba. En esta segunda fase, se divide la deuda generada por la inversión del proyecto en un tramo de deuda subordinada y otro de deuda senior. El BEI compra la deuda subordinada (menos seguro, al no tener prioridad en el cobro), y así, atrae a inversores como las compañías de seguros y los fondos de pensiones a comprar la deuda senior (más seguro).
Tras la emisión de estos bonos, ese mismo verano se produjeron los terremotos en la zona. Este año, con la aprobación del RDL, se (re) refinancia la deuda, haciendo que esta vez se pague a 30 años por parte de la ciudadanía. Durante estas tres décadas, sin embargo, no se mantendrán intactos, sino que los intereses lo harán crecer. La compensación que recibirá ESCAL UGS de 1.350 millones de euros es una cifra que puede confundir. Con el interés del 4,2% que va asociado a esa cantidad (se acumulan las cantidades a devolver más los intereses correspondientes año tras año durante los 30 años) se convierte el importe a pagar por la ciudadanía en cerca de 4.700 millones de euros. Sin olvidar los 100 millones de euros anuales que cuesta el mantenimiento de las instalaciones, y otros gastos de operación y administración (aunque no cuantificables) y que también correrán a cargo de la ciudadanía. Esta tercera fase nos muestra como la deuda beneficiará a los sectores gasista y financiero que toman parte en la operación financiera. Una operación que ahogará la población consumidora de gas, que será quien finalmente pagará una deuda engrasado a través de sus facturas.
¿Por qué tanta prisa?
A finales de junio de 2014, cuando ESCAL UGS anunció su renuncia a la concesión de Castor, ésta fue asumida por Enagas, sin saber qué decisión tomaría el gobierno español respecto a la viabilidad del proyecto. El Gobierno argumentaba que estaba pendiente de recibir los informes de los expertos de la Universidad de Stanford y el MIT (Massachusetts Institute of Technology) sobre la posible relación entre la inyección de gas y los seísmos, aunque esta ya quedó constatada en los informes elaborados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Del mismo modo, estaba pendiente el informe final de la Fiscalía de Castellón sobre si hubo delito a raíz de la crisis sísmica en la zona de la plataforma Castor. La investigación concluyó el pasado día 4 de octubre, pero una junta de fiscales debe decidir sobre el caso y sobre si presentar querella o no.
El pago a los bonistas por parte de ESCAL UGS estaba asegurado en la medida en que el Estado aprobara una compensación (la que figura ahora en el RDL citado). Por ello, la renuncia generaba prisa para tomar una decisión antes del 30 de noviembre, fecha límite para la puesta en marcha de las instalaciones según el prospecto que en su día se entregó a los bonistas. Una negativa por parte del Estado a aceptar la renuncia, una decisión más tardía que esperara a los estudios o los procesos judiciales en marcha, o la exigencia del desmantelamiento de las instalaciones, hubieran expuesto a ACS, ya que se habrían tenido que devolver los bonos en su totalidad. En definitiva, en la medida en que el Estado español redujera (o si una sentencia judicial anulara) la compensación a ESCAL UGS, más expuesto se vería ACS ante el pago de los bonos, y menos expuesta a la ciudadanía a "contribuir" al pago de una deuda que no es suyo.
Con la medida actual, los escenarios posibles sobre los que se ha especulado en los últimos meses (asumir la deuda desde los Presupuestos Generales, nacionalizar las instalaciones, negociar una quita de la deuda, o iniciar el proceso para anul·lar- definitivamente, según la posibilidad que dejaba abierta el Tribunal Supremo), se acabó eligiendo la peor opción para la ciudadanía: la que socializa la totalidad de esta deuda privada, que abre la puerta a que este siga creciendo ya seguir utilizando las instalaciones en un futuro.
Incertidumbres y desafíos de futuro
Enagas ha entrado en esta operación a coste 0, aunque el acuerdo inicial con el promotor era comprarle la mitad de las acciones una vez la planta estuviera operativa. Con esta operación, en cambio, sus balances no sufren: Enagas tiene una deuda con los bancos en su "deber" equiparable a los derechos de cobro de Castor que aparecen en su "haber". Todos los costes en los que Enagás incurra relacionados con Castor, los pagaremos los consumidores (además de los costes de mantenimiento, costes de operatividad, administración ...) a través de los peajes y cánones del sistema gasista. La dificultad en determinar cuáles son estos costes, que se ha visibilizado en el sector eléctrico, hace pensar más en las posibilidades de lucro de la operación, que no que Enagas esté haciendo un favor al Estado encargándose de velar por las instalaciones durante este tiempo.
Mientras tanto, una previsible subida de la factura del gas podría tener fuertes consecuencias. Hay grandes consumidores de gas como las centrales de ciclo combinado y las grandes industrias (17% de las ventas de gas natural son el sector de las centrales de generación eléctrica), lo que podría generar incrementos en el precio de la electricidad y por tanto también una repercusión en los importes de las facturas eléctricas. Del mismo modo, el precio final de otros bienes y servicios relacionados con el consumo de gas también se podría encarir.sta compensación.
Desde diferentes ámbitos se están llevando a cabo acciones para detener el pago de esta deuda. La indemnización que contemplaba la concesión del proyecto y su blindaje a través de un real decreto que tiene forma de ley, provoca que la impugnación sólo se pueda salir adelante ante el Tribunal Constitucional y por parte de actores concretos: el mismo Presidente del gobierno español, la Defensora del Pueblo española, las comunidades autónomas por motivos de violación de competencias, o una difícil comunión entre 50 diputados o senadores. Se trata de un procedimiento farragoso, que tirarse adelante implicaría años. Se pueden impugnar también las leyes de acompañamiento que se desprenderán, pero en todo caso, mientras tanto, las operaciones financieras que pueden especular con la deuda que estaremos pagando, ya estarán en marcha.
Ciudadanía expuesta a los riesgos
Por todo ello, se necesitan sobre todo reacciones en el ámbito ciudadano. Casos como los del Proyecto Castor visibilizan como la ciudadanía está expuesta a asumir todos los riesgos, ya sean estos económicos, ambientales o sociales: el cuestionamiento de la "necesidad" de estas infraestructuras en un momento en que la demanda de gas se desploma, las irregularidades en las concesiones administrativas y las cláusulas abusivas también son una constante, la total ausencia del principio de precaución, así como la connivencia de los poderes financiero y político.
Hay que comprender las lógicas detrás estos entramados, compartir la información y la indignación, y evitar nuevas estafas vestidas de proyectos estratégicos y "necesarios". Hay que evitar la socialización de esta deuda y exigir responsabilidades a sus promotores, pero también a las instituciones que han estado implicadas y han jugado un papel clave en el caso. Hoy sabemos que ha habido instituciones que en diferentes momentos han dado la espalda a informes o perspectivas ambientales, económico-financieras y sociales desfavorables al proyecto. Pero no estamos ante una deuda privada socializado por culpa de una mala gestión. Estamos ante una deuda privada socializado gracias a unas estructuras financieras y políticas hechas a medida, que la mala gestión ha llevado a la palestra de los mass media, y que continúan intactas. Otras estafas han pasado sin pena ni gloria, pero quizás esta (o el cúmulo con las que ya pasaron a mejor vida), hacen activar las voces y acciones de una ciudadanía que ni se puede permitir, ni quiere pagar (ni debe) esta deuda.
fuentes; público.es
iceautogestion.org/
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