La situación es kafkiana, Tamara Carrasco la del silbato amarillo y careta de Jordi Cuixart, a pesar de haber dejado de ser investigada por la Audiencia Nacional, continúa confinada en Viladecans, porque no hay ningún juzgado catalán que decida asumir su causa. Para decirlo finamente: pa mear y no echar gota. Kafka disfrutaria con este vernissage de chorizo, tocino y 'botijo' de la justicia española de España, y olé.
"La Audiencia Nacional ha decidido no levantar las medidas cautelares a Tamara Carrasco, la activista del CDR de Viladecans que desde hace ocho meses no puede salir de su municipio, con las únicas excepciones de si es para ir a trabajar -actualmente está de baja- o para ir al médico. a principios de noviembre, la Audiencia Nacional confirmó que dejaba de investigarla, junto con el activista del CDR de Esplugues del Llobregat y exiliado en Bruselas Adrià Carrasco, por los delitos de terrorismo, rebelión y sedición, quizás porque no habian cometido ninguno de los tres delitos.
Tamara Carrasco había pedido ampliar su radio de movilidad en toda Catalunya -por ejemplo, su madre vive en San Vicents dels Horts, pero el auto del tribunal se lo ha negado con el argumento de que aún está investigada por hechos "graves" , como desórdenes públicos. En noviembre, la Audiencia envió la causa contra los dos activistas de los CDR a los juzgados catalanes por un hipotético delito de desórdenes públicos (que tampoco existen), pero la realidad es que la documentación de los procesos no salió de Madrid hasta hace apenas una semana y, de momento, todavía se está pendiente de la respuesta de los juzgados catalanes, que deben decidir si aceptan asumir la causa total o sólo por los hechos que habrían ocurrido en cada partido judicial.
El 10 de abril, una decena de agentes de la Guardia Civil irrumpieron en casa de Tamara Carrasco, que fue detenida y trasladada a la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. Inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia le acusaba de los delitos de sedición, rebelión y pertenencia a organización terrorista y tenerla 48 horas cerrada e incomunicada. Posteriormente, Carrasco salió en libertad pero con una medida cautelar inédita: durante todo estos meses sólo salía de su ciudad para comparecer semanalmente en el juzgado de Gavà. Por todo ello, en una entrevista reciente a Público se definía como una presa política, porque al fin y al cabo su libertad de movimientos estaba muy limitada.
En octubre, Salellas y Carrasco denunciaron en una rueda de prensa que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se había negado a levantar las medidas cautelares que pesaban sobre la activista. El argumento era que los Comités de Defensa de la República (CDR) seguían activos. Para Salellas el criterio no tenía "ninguna base jurídica".
"En derecho penal lo más lógico primero es determinar los hechos, luego decidir si hay pruebas sobre los hechos, posteriormente dictaminar si son delictivos y, finalmente, detener la persona. Aquí se ha hecho al revés, primero se detiene a una persona y luego se empieza a investigar y posteriormente ya se establecerán los delitos", explicó el abogado. Para él, vincular la situación de Carrasco a las actuaciones de los CDR era una "perversión jurídica", porque el "derecho penal siempre se base en hechos pasados, no sobre hechos futuros". Carrasco, por su parte, está convencida de que su detención respondía a una estrategia "política" para reprimir a los CDR. " - Publico.es
"La Audiencia Nacional ha decidido no levantar las medidas cautelares a Tamara Carrasco, la activista del CDR de Viladecans que desde hace ocho meses no puede salir de su municipio, con las únicas excepciones de si es para ir a trabajar -actualmente está de baja- o para ir al médico. a principios de noviembre, la Audiencia Nacional confirmó que dejaba de investigarla, junto con el activista del CDR de Esplugues del Llobregat y exiliado en Bruselas Adrià Carrasco, por los delitos de terrorismo, rebelión y sedición, quizás porque no habian cometido ninguno de los tres delitos.
Tamara Carrasco había pedido ampliar su radio de movilidad en toda Catalunya -por ejemplo, su madre vive en San Vicents dels Horts, pero el auto del tribunal se lo ha negado con el argumento de que aún está investigada por hechos "graves" , como desórdenes públicos. En noviembre, la Audiencia envió la causa contra los dos activistas de los CDR a los juzgados catalanes por un hipotético delito de desórdenes públicos (que tampoco existen), pero la realidad es que la documentación de los procesos no salió de Madrid hasta hace apenas una semana y, de momento, todavía se está pendiente de la respuesta de los juzgados catalanes, que deben decidir si aceptan asumir la causa total o sólo por los hechos que habrían ocurrido en cada partido judicial.
El 10 de abril, una decena de agentes de la Guardia Civil irrumpieron en casa de Tamara Carrasco, que fue detenida y trasladada a la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. Inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia le acusaba de los delitos de sedición, rebelión y pertenencia a organización terrorista y tenerla 48 horas cerrada e incomunicada. Posteriormente, Carrasco salió en libertad pero con una medida cautelar inédita: durante todo estos meses sólo salía de su ciudad para comparecer semanalmente en el juzgado de Gavà. Por todo ello, en una entrevista reciente a Público se definía como una presa política, porque al fin y al cabo su libertad de movimientos estaba muy limitada.
En octubre, Salellas y Carrasco denunciaron en una rueda de prensa que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se había negado a levantar las medidas cautelares que pesaban sobre la activista. El argumento era que los Comités de Defensa de la República (CDR) seguían activos. Para Salellas el criterio no tenía "ninguna base jurídica".
"En derecho penal lo más lógico primero es determinar los hechos, luego decidir si hay pruebas sobre los hechos, posteriormente dictaminar si son delictivos y, finalmente, detener la persona. Aquí se ha hecho al revés, primero se detiene a una persona y luego se empieza a investigar y posteriormente ya se establecerán los delitos", explicó el abogado. Para él, vincular la situación de Carrasco a las actuaciones de los CDR era una "perversión jurídica", porque el "derecho penal siempre se base en hechos pasados, no sobre hechos futuros". Carrasco, por su parte, está convencida de que su detención respondía a una estrategia "política" para reprimir a los CDR. " - Publico.es
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