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Víctimas de Las Ramblas: "El Estado ha sido responsable 'in vigilando' al imán de Ripoll". Tras las nuevas revelaciones de cómo la Policía Nacional controlaba al cerebro de los atentados del 17-A hasta poco antes de la masacre yihadista de 2017, la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo, personada como acusación popular en la causa, considera que "se están confirmando las sospechas de que se cometió algún tipo de error estratégico en la vigilancia de Abdelbaki Es Satty", pero el Gobierno lo oculta declarándolo "materia reservada".
A medida que se conocen nuevos hechos sobre la vigilancia policial a la que fue sometido el imán de Ripoll hasta muy poco antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, más claro queda que las fuerzas de seguridad del Estado tenían controlado hasta el último momento al cerebro de la matanza, en la que perecieron 17 personas –incluidos dos niños pequeños– y un centenar sufrieron graves heridas. Así que muchas de esas víctimas, como el padre de Xavi –asesinado con sólo 3 años mientras paseaba por Las Ramblas–, se han indignado al descubrir ahora algo que se mantenía oculto en el secreto del sumario: la Policía Nacional acudió en tres ocasiones a la Comunidad Islámica Annour de Ripoll para interesarse por Abdelbaki Es Satty, el imán que estaba en esos momentos organizando el grupo de terroristas y fabricando el arsenal de explosivos que acabó estallando en Alcanar, falleciendo él mismo en la deflagración.
Y la indignación se ha extendido en numerosos ámbitos catalanes porque esa revelación se produce menos de una semana después de que la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, evitase responder a las preguntas del senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries sobre las relaciones entre el imán de Ripoll y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alegando que eso está clasificado como "materia reservada".
Botella alegó que el director de los servicios secretos, general Félix Sanz Roldán, ya había dado explicaciones –a puerta cerrada– en marzo ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, donde admitió que el CNI mantuvo contactos con el imán cuando estaba terminando de cumplir condena en la prisión de Castellón, en 2014. Según esa versión, el CNI se limitó a cumplir "los protocolos antiterroristas" de interrogar a todo el que admite haber mantenido contactos con yihadistas, como alegó Es Satty en su defensa –adujo que le forzaron a llevar un alijo de droga– tras ser detenido en 2010 por tráfico de hachís.
"Esto de que es materia reservada nos retrotrae a hace 30 años, tras el atentado de Hipercor, cuando se constataban graves errores de los cuerpos de seguridad pero el Gobierno se negó a admitirlo durante los casi ocho años que tardamos en conseguir que la Justicia condenase al Estado como responsable civil subsidiario de la matanza terrorista", subraya Robert Manrique Ripoll, asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo, que se ha personado como acusación popular en la causa de los atentados de Las Ramblas y Cambrils.
Manrique, él mismo víctima en Hipercor, recuerda: "Tuvimos que ser 13 víctimas, que ni siquiera nos conocíamos antes, los que nos organizásemos para emprender acciones judiciales y el Estado no colaboraba, igual que no lo hace ahora, ni siquiera a la hora de facilitarte los datos de los afectados".
Porque "lo de que es materia reservada es volver a las andadas en España. Tanto en Francia, como en Alemania o Inglaterra, países que han padecido atentados yihadistas, se han emprendido de inmediato comisiones de investigaón parlamentarias para averiguar los fallos de seguridad e inteligencia que llevaron a las matanzas, y todos han colaborado", explica Manrique.
"Aquí, en cambio, se prohíben investigaciones, se ocultan datos, se impide la formación de una comisión de investigación en el Congreso. Es muy duro para nosotros asumir ese comportamiento del Estado, cuando aquí en Catalunya el Parlament ha puesto en marcha una comisión de investigación. ¿Tan difícil es que el Estado español intente averiguar si se ha hecho algo mal?"
El testimonio del secretario de la Comunidad Annour - Ha sido, precisamente, en el marco de los trabajos de esa comisión de investigación del Parlament donde Hamid Barbach, secretario de la Comunidad Islámica Annour de Ripoll, reveló a preguntas de los diputados: "Recuerdo que dos veces, poco antes de los atentados, nos visitaron dos policías [en el centro islámico]. Preguntan por Abdelbaki es Satty, si está aquí, cómo está la cosa, cómo estamos"…
Los parlamentarios que se desplazaron hasta Ripoll para interrogar a Barbach descubrieron así que la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía de Girona estaba vigilando el comportamiento del imán yihadista y verificando si tenía los papeles en regla. La primera visita de los policías al centro islámico fue sin avisar; la segunda mediante cita previamente concertada.
En una tercera ocasión, la Policía Nacional llamó a través de “un número de teléfono oculto” y avisaron de que querían ver el registro de la entidad. Esa llamada consta en el sumario porque la investigación de los Mossos averiguó que el Cuerpo Nacional de Policía llamó a la Comunidad Annour para pedir los estatutos de la entidad y la documentación de Es Satty. Pero el día que la policía propuso ir a buscar esos papeles los responsables del centro tenían una reunión concertada en la mezquita de Manlleu y se limitaron a dejar la documentación solicitada en el buzón de la entidad para que la recogieran los agentes. PUBLICO.ES
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