MUERTE DE UN PERIÓDICO

El periodista Martxelo Otamendi. 

«Absueltos». Es decir, inocentes. En octubre de 2013, un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Javier Gómez Bermúdez dictaminó que su director, Martxelo Otamendi (Tolosa, 1957), y otros cuatro responsables el diario en euskera Egunkaria nunca formaron parte de ETA. Cuatro meses de pruebas e indagaciones para resolver que ni cooperaron ni financiaron a la banda. «Las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA», concluía la sentencia. Aunque cruda y rotunda, la gran paradoja de este fallo, al menos la que añade un trasfondo dramático al cierre de un periódico en la democracia española –el otro fue Egin–, es que reconoce que las decisiones adoptadas por el juez Juan del Olmo durante los siete años que duró la instrucción, y que terminaron por hundir al diario, ni siquiera estaban justificadas. «El cierre fue una injerencia en la libertad de prensa», dice el veredicto final. Caso cerrado.

Han pasado casi seis años y la vida ya discurre por otro camino. A Egunkaria le sustituyó Berria. El despacho actual de Martxelo Otamendi es muy similar al que tenía antes. Está en un edificio que pasa completamente inadvertido dentro del polígono industrial Martín Ugalde, en Andoain, Gipuzkoa. La redacción ocupa una planta acristalada con vistas a un pinar brumoso bajo la lluvia invernal que en Euskadi cae con estolas de frío.

Es un lugar impregnado de un espíritu periodístico. Tiene una estantería abrumada de libros y un cuadro de la organización estadounidense National Press Club con las portadas sobre el 11 de septiembre de 2001 que publicaron 25 periódicos de todo el mundo. La única seleccionada del Estado español fue la de Egunkaria. Todo un contrapunto a lo que sucedió casi dos años después. «Fui detenido el 20 de febrero de 2003 en mi casa, dentro de un operativo simultáneo en el que participaron 200 guardias civiles para arrestar a 10 personas. Permanecí cinco días incomunicado en comisaría donde me interrogaron y torturaron. Luego me dejaron en libertad con cargos de pertenecer a ETA», recuerda con nitidez. Un operativo que, según rememora, parecía más una operación de guerra.

La espectacular repercusión que tuvo el cierre del diario en Euskadi, un periódico financiado por suscriptores vascoparlantes de todas las ideologías, con publicidad privada y también con subvenciones oficiales por su trabajo en la difusión lingüística, llenó horas en las televisiones de todo el país. «Fue una barbaridad y un atropello contra la única publicación periodística en euskera, pero también un aviso, en unos momentos especialmente duros de la lucha antiterrorista, de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Estado», asegura Otamendi. El miedo se nutre de sospechas que la imaginación convierte en sombras gigantescas. Si además hay flashes en la oscuridad y campañas oficiales que levantan famas turbias, el campo queda abonado para que el dolor no desaparezca. De los 10 detenidos, seis denunciaron torturas. En los años posteriores, el director y dos más padecieron un cáncer. «Inma Gomila, apoderada del periódico, murió en 2011. Yo he tenido suerte pero ha sido un año difícil. Por fortuna estoy bien, los análisis son negativos y he vuelto a trabajar», añade con la mirada puesta en un cielo nublado.   

Después de hablar con pasión de la libertad de expresión, tantas veces golpeada en Euskadi, la clausura de Egunkaria pasa a otro plano y Martxelo Otamendi se sumerge en el uso indiscriminado y fingido de las redes sociales. «Se están escribiendo cosas que no se difundirían en un periódico porque acarrearía responsabilidades penales. Nos estamos moviendo en un margen cada vez más estrecho en el que suele primar la libertad de expresión de una de las partes. Quiero decir con esto que una cosa es considerar una barbaridad impresentable lo que alguien escribe en las redes sobre Carrero o Irene Villa, y otra distinta es que se pida tres años de prisión por esos comentarios dolorosos. Antes, cuando existían dudas, el veredicto siempre caía del lado de la libertad de expresión. Ahora la línea es más fina y, además, es selectiva. Mira la cantidad de agravios que se difunden contra los catalanes y nadie ha sido procesado por ello. O el diferente baremo que se aplica cuando se organiza un homenaje a Franco o a Otegi. Hablan de no equiparar víctimas pero ¿acaso Carrero Blanco tenía más catadura moral que el presidente del consejo de administración de Egunkaria, Joan Mari Torrealdai, que fue detenido y torturado?».

Principios sagrados del periodismo - Otamendi no se arredra ante la quemazón de los cargos que le imputaron ni ante las presiones que recibe una persona con su cargo. Entristecido por el estado en que se encuentra su respetada profesión, presume de «haber publicado y seguir publicando todas las noticias que merecen ser publicadas» y, por supuesto, de haber pertenecido a un diario que sufrió el escrutinio implacable de la Justicia en todos sus textos y editoriales. «Critiqué enérgicamente cuando ETA colocó una bomba en el diario El Correo. Lo mismo hice cuando destrozaron la sede de la televisión vasca. Sin embargo, reconozco que no estuve a la altura de las circunstancias cuando asesinaron a José Luis López de la Calle y a Santiago Oleaga, de El Diario Vasco, al no expresar mi repulsa», apostilla el periodista.

Era una época oscura en una sociedad descompuesta como la vasca, donde a la libertad de expresión le costaba abrir camino ante los peligros inherentes que entonces suponía contar la verdad. A un lado y al otro del gran río. No fueron pocos los que acusaron a Otamendi y al desaparecido Egunkaria de «proetarras» en los momentos álgidos de los años del plomo. Un mantra que, para el señalado, «mereció más de una querella». Él optó por continuar adelante con los principios sagrados de la profesión que ama ante acusaciones que el propio periodista tacha de «ridículas». Su desconcierto y el de buena parte de una conmocionada sociedad era por conocer de dónde venía la segunda tormenta desatada desde la Audiencia Nacional contra la prensa vasca –la primera fue Egin, cinco años antes–, cuando Egunkaria no era culpable de ninguna de las acusaciones que le imputaban. Dos días después del cierre cautelar, miles de personas de todas las tendencias políticas coparon las calles de San Sebastián para exigir la reapertura inmediata del diario y la puesta en libertad de los 10 detenidos. En ese momento, en una comisaría de Madrid, Otamendi estaba siendo torturado a golpes, según relata, para que supuestamente confesara detalles de las tres entrevistas que firmó con miembros de ETA en los años duros del terrorismo. Ante la pregunta de si es legítimo publicar este tipo de informaciones cuando el interlocutor pertenece a una organización que asesina y extorsiona a una parte destacada de la sociedad civil, la respuesta para Otamendi es muy sencilla: «Sí».

El proceso tuvo dos fases. La primera fue contra cinco directivos, entre ellos Martxelo Otamendi, acusados del delito de integración en banda armada y para quienes se pidieron penas de entre 12 y 14 años de cárcel. La segunda parte del juicio era la económica, la que dejó al diario en muerte cerebral, por supuestos delitos de fraude a la hacienda pública e irregularidades en la obtención de subvenciones. La acusación popular pidió entre 13 y 20 años de prisión y 235 millones de euros en multas para ocho miembros del consejo de administración.

El 12 de abril de 2010 se hizo pública la sentencia absolutoria contra los cinco directivos. La resolución de la causa económica, por el contrario, tuvo que esperar cuatro años más hasta morir en los archivos de un juzgado de San Sebastián. Hubo gritos de júbilo al conocer un veredicto que no sirvió para cauterizar el daño causado. El juez Del Olmo, que llevaba diez años tratando de hilar las conexiones entre el diario y ETA, cosechó un inapelable fracaso. Las pruebas presentadas quedaron en agua de borrajas y la Audiencia Nacional consideró que los vasos comunicantes no estaban allí. «Aquel fallo fue el más duro, el más autocrítico, dictado nunca por un magistrado de sala de la Audiencia Nacional contra un juez de instrucción y contra las acusaciones particulares que ejercieron la AVT y Dignidad y Justicia», explica Otamendi. Fue tan severo el correctivo emitido por el juez Gómez Bermúdez que esta vez no hubo espacio para la confusión en torno a lo que es o no es libertad de expresión. Solo el ministro de Interior de entonces, Ángel Acebes, declaró que aquel proceso no había sido un ataque al euskera, como insinúa la sentencia, «sino un acto de defensa del euskera». El abismo entre las ilusiones y la realidad, entre la imagen que a uno le gustaba proyectar y lo que en realidad sucedió.

El cierre de Egunkaria es un caso más de la arbitrariedad de la justicia española en connivencia con el Estado, que se permite actuar impunemente y sin miramientos contra sus enemigos políticos, y me retrotrae a la detención de los presuntos terroristas de los CDR, otro caso de arbitrariedad policial que presuntamente conviene no olvidar.