24 DE ENERO DE 1977

El 24 de enero de 1977 un grupo de asesinos de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas, situado en el número 55 de la calle Atocha, y cosieron a tiros a las nueve personas presentes. La matanza ultra se saldó con la muerte de cuatro abogados y un sindicalista, la hospitalización en estado grave de cuatro abogados y la conmoción de un país que nunca olvidaría el terrorismo de la extrema derecha.

Los terroristas, al parecer, buscaban al dirigente comunista Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, quien había convocado unas huelgas que en buena parte desarticularon a la llamada «mafia franquista del transporte». Al no encontrarlo, había salido un poco antes, decidieron matar a los presentes, concretamente dos jóvenes con armas de fuego. A consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sahuquillo Pérez del Arco ; el estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio; y el administrativo Angel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huertas, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, casada con Sauquillo, embarazada, que perdió al niño que esperaba. Manuela Carmena, cofundadora del buffet y que en un futuro se convertiría en alcaldesa de Madrid, no resultó herida porque estaba en las oficinas que el despacho tenía unas casas más allá.

Pese a que uno de los asesinos, García Julia fue condenado a 193 años de cárcel, con un cumplimiento máximo de 30, sólo pasó una parte de los años, estuvo escapado durante 20 años y cuando le había sido extraditado, sólo pasó unos meses en Soto del Real. Le faltan por cumplir más de diez años de cárcel, pero la Audiencia provincial de Ciudad Real decidió aplicarle beneficios penitenciarios anteriores a su fuga, y le dejó en libertad. Resulta evidente que la decisión de regalarle diez años de libertad al asesino de Atocha es, además de dolorosa para los familiares y amigos de las víctimas, un nuevo escándalo en el reguero de escándalos que ha salpicado a todo este asunto. Y, dado que hay más oscuridad que luz en el proceso que va desde la matanza hasta el día de hoy, vale la pena formular las preguntas que nunca se respondieron.

¿Es cierto que los asesinos no huyeron porque se sentían seguros gracias a su relación con altos dirigentes políticos y policiales? ¿Por qué le dieron un permiso a Fernando Lerdo de Tejada, uno de los tres terroristas, antes de celebrarse el juicio, y gracias al que escapó de España? Militante de Fuerza Nueva, falangista e hijo de un terrateniente, nunca pasó por la justicia.

Por qué el juez, durante el juicio, no permitió seguir la pista de un comandante de la Guardia Civil, inscrito en el Seced (el antiguo CNI), que mantenía vinculaciones directas con neofascistas italianos de la red Gladio, y que presuntamente había reclutado García Juliá? ¿Por qué no se investigó la pista italiana, publicada por el diario Il Messaggero? ¿Por qué se concedió a García Juliá la libertad condicional, que se mantuvo en secreto un año, hasta que Diario 16 publicó la noticia? ¿Por qué no se revocó dicha decisión? ¿Cómo viajó sin problemas a Paraguay, a pesar de ser un terrorista y no tener el permiso? ¿Por qué se le concedió posteriormente el permiso de trabajo en Paraguay? ¿Por qué no se le encontró durante 20 años de escape? Asesino, fugado e incluso narcotraficante en Bolivia, ¿por qué se le han rescindido los diez años de prisión que le faltaban por cumplir?

47 años después, hay todavía muchas preguntas pendientes y pocas respuestas, una vez más constatamos que estamos ante la opacidad cómplice de un Estado que se llama y pretende ser de derecho, y que 47 años más tarde sigue igual. Ni olvido ni perdón.