El gobierno de Mariano Rajoy puso a la cúpula policial del Ministerio del Interior, que controlaba Jorge Fernández Díaz, al servicio de sus maniobras políticas al margen de la ley, principalmente las operaciones especiales contra el independentismo y sus rivales políticos, así como las de encubrimiento y obstrucción de las investigaciones de sus casos de corrupción.

La abundante documentación recopilada en una investigación conjunta de La Vanguardia y ElDiario.es, cuya publicación se inicia hoy, más los testigos de fuentes involucradas en los hechos, señala que a la mesa del ministro llegaron buena parte de los informes que después dieron origen a diversas maniobras para desacreditar o abrir causas judiciales contra personas supuestamente vinculadas al independentismo. Según fuentes involucradas en los hechos, Fernández Díaz remitió buena parte de esos documentos, en sobres cerrados ya través de sus escoltas, al entonces presidente del gobierno español.

Los nuevos datos permiten reconstruir en buena medida el funcionamiento de la operación para afrontar la crisis independentista catalana con procedimientos al margen de la ley y de los protocolos policiales formales: recopilación prospectiva de información sobre independentistas, reales o presuntos, utilizando para ello los medios de los cuerpos policiales; elaboración de dossieres con informaciones mayoritariamente falsas y en algunos casos con datos confidenciales facilitados por el Ministerio de Hacienda, que dirigía Cristóbal Montoro. Sin embargo, aquellos dossieres se convertían en informes que se filtraban en la prensa militante o se introducían en causas judiciales con métodos irregulares, con el fin de estimular el celo de jueces, fiscales y agrupaciones de extrema derecha que presentaban denuncias a los tribunales .

Para aquellos asuntos se acabó ocupando el conjunto de la cúpula policial –además del conocido comisario José Manuel Villarejo, quien practicaba en estos trabajos una triple obediencia: al ministro; a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya sus propios negocios particulares; al responsable operativo del cuerpo, el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, interlocutor directo del ministro; la unidad de asuntos internos; la unidad de delincuencia económica y financiera (UDEF), cuyos informes, borradores o simples rumores jugarían un papel clave; la brigada general de información, especialmente la de Barcelona, y ya al margen del ministerio, la Oficina Antifraude de Catalunya, dirigida por Daniel de Alfonso–, que trabajó en la recopilación de información, sin mandato judicial ni indicio delictivo específico para actuar contra la imagen y seguridad jurídica de las personas e instituciones consideradas objetivos. Según las fuentes antes mencionadas, el ministro tuvo un papel destacado –“a mí me informad el primero”, les decía a los implicados– y estaba al corriente de todos los movimientos.

El ministro recibía en su mesa las notas de Villarejo, informes del director operativo y de asuntos internos. A preguntas de La Vanguardia, Fernández Díaz, asegura que nada tenía que decir sobre “una operación de la que sé lo que se ha publicado y que es un nombre que se ha inventado un personaje muy conocido, al parecer”.

La mesa del responsable de Interior se convirtió desde septiembre del 2012, justo después de la primera Diada masiva en las calles de Barcelona, cuando se decidió poner en marcha la operación, en la pista de aterrizaje de todo tipo de notas informativas y dossieres sobre la cuestión. Desde allí se difundían por distintas vías. Se trataba en la mayoría de los casos de investigaciones prospectivas, esto es, motivadas por el objetivo político predeterminado de descubrir irregularidades, pero sin indicios, algo prohibido en la legislación. En la inmensa mayoría de las ocasiones, aquellas pesquisas no obtuvieron resultados en forma de descubrimiento de ilegalidades –con la gran excepción de las cuentas secretas andorranas de la familia Pujol, mientras que el resto han ido caducando una tras otra– , pero esto no impidió que se hicieran igualmente informes para enviarlos a la prensa afín e intentar influir en algunas causas ya abiertas.

Pero a pesar de la gravedad de los muchos hechos ya conocidos, ni la justicia española ni los principales partidos políticos han considerado necesario investigar lo ocurrido ni depurar los organismos policiales afectados. Se trataba de un grave atentado contra los derechos y libertades de la ciudadanía en una sociedad llamada democrática, utilizando prácticas de impunidad y opacidad.

Los informes llegaban con regularidad, a veces semanal, en otros períodos, quincenal, y "el ministro consideraba el asunto del máximo interés, estaba obsesionado con ello", asevera una persona con conocimiento de los hechos. La que probablemente se podría considerar primera aportación escrita enviada al ministro en el formato de nota informativa del comisario Villarejo –investigado en un sinfín de causas por sus prácticas presuntamente ilegales, pero ninguna relacionada con sus actividades vinculadas con la persecución política– tiene precisamente fecha del 18 de octubre de 2012.

Según las fuentes contactadas para la elaboración de este artículo, las notas informativas fueron idea del entonces número dos del ministerio y hombre de confianza de Fernández Díaz, Francisco Martínez, primero como jefe de su gabinete y desde enero de 2013 como secretario de Estado, para formalizar las aportaciones sobre las pesquisas que hasta entonces el comisario había realizado oralmente. Desde ese momento el policía las entregaba y registraba en la dirección de la Policía, que al mismo tiempo las hacía llegar al responsable ministerial; también remitía copias directamente al ministro a través de Martínez. En realidad, era un resumen de informes anónimos elaborados por agentes de la UDEF después de recibir el encargo de ponerse en marcha y que se hicieron llegar a la prensa en páginas sin cabecera ni firma y en las que se hacía mención a presuntas ilegalidades de dirigentes nacionalistas catalanes o de personas de su entorno.

Entre estos documentos constaba una serie de cinco sobre el caso del Palau de la Música que anticipa el relato concretado en la nota informativa enviada por Villarejo a la dirección de la Policía y al ministro.

Asuntos internos logró que se abriera una causa a Oleguer Pujol que se archivó nueve años después. Aquella nota informativa, que se reproduce acompañando esta información, lleva una clave de referencia utilizada casi siempre por el comisario, “F/V” y constituye un buen ejemplo de cómo funcionaba aquella operación oculta, al margen de la legalidad y esquivando las prácticas policiales ortodoxas cuando se iniciaba una investigación de este tipo.

Marcaría la pauta futura de las acometidas para hacer frente al independentismo, también contra rivales políticos, como en el caso de José Blanco, entonces secretario de organización del PSOE y cuyo nombre salió en unas conversaciones grabadas en el curso de una instrucción judicial instruida en Galicia. Fernández Díaz acabó teniendo en su mesa transcripciones de esas grabaciones recogidas en un sumario judicial.

La mayor parte del documento de Villarejo resume algunas causas judiciales en marcha, pero su objetivo no era repasar la hemeroteca sino darles una nueva vida, más explosiva, y generar ruido público. La descripción de esas instrucciones judiciales incluía la atribución al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, de cuentas en Liechtenstein. El documento finalizaba con un inquietante epígrafe titulado: "Informaciones facilitadas por una fuente fiable", en el que se atribuían a Mas, a la familia del expresident Jordi Pujol y al "núcleo duro de CDC" cuentas en Suiza y Andorra.

La primera causa analizada era la del Palacio de la Música de Barcelona, lo que indica la vinculación de Villarejo con la serie inicial arriba mencionada, en la que se investigaba el saqueo económico de la institución musical a manos de su presidente, Fèlix Millet , y sus colaboradores más directos, así como la participación de la antigua CDC de Pujol y Mas en el cobro de comisiones por medio de aquella institución. Tras la primera entrega del comisario, el director de la Policía intentó influir en el caso Palau. Apenas once días después de ese informe, dos altos cargos policiales, José Luis Olivera, director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y hasta poco antes responsable de la UDEF, y Marcelino Martín Blas, jefe de la unidad de asuntos internos, acudieron a Barcelona a reunirse con el fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, y pedirle que ordenara el cacheo de la sede del partido político, un claro intento de influir en las elecciones que el president Mas había convocado para el 25 de noviembre de 2012.

Lo hacían siguiendo una orden de Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía e interlocutor directo del ministro, según ha declarado alguno de los participantes. La maniobra no tuvo éxito: el fiscal rechazó las presiones y dispuso, además, del apoyo del juez del caso, Josep Maria Pijuan, quien, por cierto, unos meses antes ya había descartado dos informes anteriores de la UDEF, porque los consideraba inverosímiles. Pero no sería el único intento policial de condicionar o dirigir la evolución de la instrucción.

Poco después, el 14 de noviembre, a la vista de que esas gestiones fueron infructuosas, la UDEF envió al juez un oficio en el que se hacía eco de una denuncia anónima –sobre cuya veracidad siempre ha habido dudas–, en la cual insistía en la implicación de Mas en el cobro de comisiones, entre otros temas, en la adjudicación de la empresa de aguas ATLL en Acciona en 2012, concesión que posteriormente sería anulada por los tribunales.

La segunda causa incluida en ese informe de Villarejo se refería a una denuncia presentada en 1994 y que se juzgará el próximo año, es decir, treinta años después. Se trata de una instrucción del juzgado número 5 de Tarragona, centrada en la venta de unos terrenos y la tramitación de las licencias municipales en la empresa Eroski, y en la que también participaba la empresa Tipel, en la que Mas había trabajado cuando fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Los hechos de la denuncia eran posteriores a su paso por la empresa. En cualquier caso, el informe de Villarejo aprovecha para afirmar que cientos de millones de las antiguas pesetas movidos en la compraventa habían acudido a “cuentas en Liechtenstein a nombre de varios dirigentes políticos, entre ellos AM ( Artur Mas) y su padre” .

Fuentes involucradas afirman que el ministro envió a Rajoy muchos documentos que recibía sobre la operación. Esa sugerencia fue suficiente para elaborar un nuevo dossier falso en el que se atribuía a Pujol y Mas cuentas en Suiza y Liechtenstein con cientos de millones de euros, publicado, como acabaría siendo habitual, en El . Este documento acabó bautizado como el “informe borrador” de la UDEF, aunque aquella unidad negó siempre su autoría. El ministro Fernández Díaz aseguró en marzo del 2013, durante una comparecencia en el Congreso, que la investigación encargada había terminado con un informe de asuntos internos, en el que se aseguraba que no se podía saber de dónde había salido o quién lo había hecho. Cuando el diputado de CiU Jordi Jané interpeló al ministro sobre si sabía algo del borrador antes de que fuera público, respondió: “Eso me ofende, me ofende la pregunta. Es como decir que consenti o propicí su publicación y eso es una ofensa. Le ruego que lo retire”. Pese a esas explicaciones a los diputados, el ministro era consciente del embrión de ese informe, la nota informativa de Villarejo.

La última instrucción judicial incluida en esa nota pionera era el caso Campeón, originado en Lugo y que derivaría en la investigación de las concesiones de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y desembocaría, primero, en la imputación de Oriol Pujol, hijo del expresident Pujol y secretario general de CDC, en marzo del 2013, y su condena, en julio del 2018, a dos años y medio de cárcel, por lo que tuvo que ingresar en prisión.

¿Provocó alguna reacción de los responsables de Interior la divulgación del informe borrador con las falsas informaciones sobre las presuntas cuentas falsas de Pujol y Mas? ¿Se paralizó la operación puesta en marcha y el flujo de informes de la misma magnitud en el Ministerio del Interior? ¿Se reanudó o se sancionaron a los responsables? Lo cierto es que pese al fiasco en la mesa del ministro siguieron llegando nuevos documentos con la misma factura que lo mencionado, durante muchos meses y con una cadencia regular, aseguran las citadas fuentes involucradas en los hechos durante ese periodo . Es más, Villarejo recibió felicitaciones, de las que él mismo hacía gala, y apuntó en su agenda, tanto de sus jefes policiales como del jefe de gabinete del ministro, Francisco Martínez, por el impacto electoral negativo que el falso informe tuvo, a su juicio, para los nacionalistas. El ministro siguió actuando en el Congreso como si nada.

Jorge Fernández Díaz advertía a los comisarios implicados: “A mí me tenéis que informar al primero”

Siguiendo la cronología, los días 29 y 30 de octubre de 2012 se entregaron al ministro dos informes, ambos sobre los hijos del expresident Pujol, en este caso Oriol y Josep. El informe sobre el segundo se centraba en el análisis de la trayectoria empresarial del tercer hijo de Pujol. Y aportaba el dato curioso, entonces desconocido para la opinión pública, que Josep Pujol se había acogido a la amnistía fiscal puesta en marcha por el ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro. Los defraudadores tenían precisamente hasta noviembre de ese año para acogerse, algo que efectivamente hizo Josep Pujol. ¿De dónde salió aquella información, de Hacienda o del servicio antiblanqueo?

La obsesión por las cuentas exteriores de los Pujol y su entorno llevó a la confección el 21 de noviembre de 2012 de una nota informativa con el sello de “secreto” en el que se atribuía al hijo mayor del expresidente la titularidad de cuentas opacas en el HSBC y que formaría parte de la denominada lista Falciani, más de 130.000 cuentas bancarias secretas que fueron sustraídas por Hervé Falciani, un empleado de la entidad británica y que llegó a las autoridades fiscales españolas gracias a Francia. La información era falsa.

Quien también se acogió a la amnistía fiscal fue Oleguer Pujol, aunque en este caso el hecho se hizo público en febrero siguiente, también a través de El , al que se lo volvió a contar el ministro Fernández Díaz. Y Oleguer Pujol fue precisamente el protagonista involuntario de una de las más esperpénticas peripecias judiciales, ya que fue acusado de blanqueo de capitales en la operación de compra de la red de oficinas del Banco Santander. En este caso, el impulsor de la investigación fue la unidad de asuntos internos de la Policía, que achacó al hijo del veterano político catalán haber blanqueado 2.000 millones de euros en la compra en el banco de los Botín. En palabras de los policías, se trataba “del mayor caso de blanqueo de la historia de España”.

Ésta era una operación que ya era habitual entonces entre las grandes entidades bancarias: se deshacían de las oficinas, pagando un alquiler al comprador y con pacto de recompra. Una especie de leasing en la que el nuevo propietario apenas ponía dinero, ya que recibía un crédito que facilitaba el propio vendedor y que se pagaba con el alquiler que abonaba este último. Oleguer Pujol era accionista muy minoritario en la transacción, un 6% por el que había pagado 500.000 euros y formaba parte del equipo gestor.

La Fiscalía Anticorrupción, siguiendo los argumentos del informe de asuntos internos, abrió la causa en julio del 2014, poco después de que el expresidente Pujol declarara que su familia, mujer e hijos, era titular desde hacía años de cuentas ocultos en Andorra y, por tanto, no declarados a Hacienda. Nueve años después, el pasado julio, el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones “porque a pesar de las diligencias practicadas, no hay base ni siquiera para apreciar algún indicio de delito, y quienes se suministraron fueron simples sospechas, no aptas para continuar un procedimiento penal”.

Otra de las notas informativas remitidas al ministerio, de julio del 2014, se refiere a las cuentas de los Pujol en Andorra, cuya publicación en El Mundo desató la declaración pública del patriarca familiar. Allí su autor informa a los receptores oficiales que “estas informaciones se obtuvieron de una manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que a la vista del temor de poder perder la licencia para ejercer en España como a banca privada por medio de la marca Banca Madrid, han optado por aceptar ofrecer colaboración con las autoridades judiciales o fiscales españolas”. Y la pregunta que me hago es, si esto no es Lawfare, ¿qué cojones es?